Hoy "continuaremos en Atenas discusiones a nivel técnico sobre la PSI" (las siglas por las que se conoce el plan de la quita), explicó el Ministerio griego de Finanzas en un comunicado.

Por el momento no hay detalles sobre la hora en la que comenzarán las conversaciones entre el Gobierno griego y los representantes del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), que agrupa a los acreedores privados.

El IIF explicó en un comunicado que ha enviado un equipo de expertos a Atenas liderado por su director, Charles Dallara, y el asesor de BNP-Paribas Jean Lemierre.

"El objetivo es llegar a un acuerdo en todos los asuntos legales y técnicos pendientes tan pronto como sea posible", añadió.

Por otro lado, el ministro griego de Finanzas, Evangelos Venizelos, continuará sus reuniones con la troika formada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE), indispensables ya que los supervisores rechazaron a principios de semana la propuesta presentada por la banca.

El interés de los bonos por los que se sustituirán los actuales -un canje que debería suponer al menos 100.000 millones de euros de ahorro para la abultada deuda griega- continúa siendo el eje central de las negociaciones, que se rompieron el pasado 13 de enero y se retomaron la pasada semana, cuando se cerró un principio de acuerdo.

Sin embargo, el lunes, los países de la zona del euro rechazaron la propuesta acordada por el Gobierno griego y el IIF de unos nuevos títulos a 30 años con un interés progresivo a una media del 4,25 % y exigieron que se reduzca al 3,5 %.

Pero los analistas advierten de que, si el interés ofertado es muy bajo, los acreedores se negarán a acogerse voluntariamente a la quita.

Con todo, el primer ministro griego, Lukás Papadimos, se mostró optimista sobre la nueva ronda de negociaciones con el IIF y aseguró que "habrá un resultado positivo al final de la semana".

"Esta será su última visita" (del IIF a Atenas), afirmó.

La quita es una condición imprescindible para que Grecia reciba un nuevo préstamo de la UE y el FMI por valor de 130.000 millones de euros, necesarios para que el país no se declare en bancarrota cuando deba hacer frente a los próximos vencimientos de deuda.