En beneficio con el balance de las cuentas públicas y para mantener la rigidez de la economía en medio de una crisis que insiste en golpear a las principales potencias mundiales, para Argentina será todo un desafío defender la estabilidad del capital que supo forjar en estos últimos años de gobierno. Por esto el Ejecutivo viene implementando la política de redireccionamiento del 100 por ciento de los subsidios de servicios públicos que son recibidos por un conjunto de actividades empresarias. Con esta medida el Estado pretende ahorrarse 600 millones de pesos anuales.

En rigor, las autoridades crearán una comisión que analizará, del total de subvenciones de servicios a empresas y particulares, cuáles se eliminan, cuáles se modifican y cuáles permanecen.

Según el economista, Eduardo Curia “los subsidios son pagos que realiza el Gobierno a cambio del cual no recibe bienes ni servicios. Es decir, que es una transferencia unilateral que en todos los casos decide el Gobierno y es bueno que se pretenda no seguir repartiendo dinero indiscriminadamente”.

Del mismo modo, Carlos Heller, diputado y economista, opinó que “lo que se esta haciendo no es una quita sino un emprolijamiento de los recursos del Estado. Por eso la ayuda debe ser para los sectores que tienen dificultades para acceder a servicios que son necesarios o un derecho”.

La quita de ayuda ya está siendo estudiada en beneficiarios de luz, gas, agua y ahora se agrega el transporte público, que invita a tramitar la tarjeta electrónica para poder mantener el costo y de paso educar a sus usuarios. En el caso de los servicios del hogar, la inhibición será aplicada sólo a los sectores de mayores recursos.

Desestatización y subsidios
Los subsidios en relación con el ejercicio del poder político empezaron a tener indispensable presencia desde la devaluación y derogación de la convertibilidad en enero de 2002.

Las empresas proveedoras de servicios públicos, como transporte ferroviario y automotor, provisión de energía eléctrica, gas, agua potable fueron beneficiadas con el objetivo de definir un valor económico que interese a la sociedad y que no esté estrictamente asegurado por las condiciones básicas del mercado.

La situación de los servicios públicos fue motivada por la destrucción de los contratos vigentes desde las privatizaciones que, a razón de la existencia de la convertibilidad, precios y tarifas estaban establecidos completamente en dólares.

De ésta manera, la devaluación superó el 200% lo que hizo imposible trasladar los precios de los servicios sin provocar un caos social. Esto generó que el Gobierno opte por congelar precios y tarifas y, con el tiempo, comenzó a compensar a las empresas por las pérdidas ocasionadas, también con ayuda económica.

Heller asegura que el subsidio como cualquier variante económica tiene que estar sometido a criterios de razonabilidad social, que fue lo que se hizo después de las crisis de 2001, “pero ahora ya con la estabilidad económica no tiene razón de ser. Hoy, se debe realizar un análisis costo beneficio de carácter social más que privatista”, resalta.

Según éste análisis, el objetivo es evitar que los consumidores paguen los verdaderos costos de los bienes servicios, los usuarios pagan menos y la diferencia la aporta el fisco con los impuestos que recauda. Estos subsidios son visibles, porque figuran en el presupuesto.

Curia analiza diversas vertientes del problema y lanza: “Hay aspectos que son ineludibles recordar y dejar en claro y uno de ellos es que siempre se trata de elementos transitorios, para casos especiales de desequilibrios económicos. No puede haber un subsidio permanente. El subsidio distorsiona la asignación de los recursos económicos”, afirma.

Asimismo, Heller apela al sentido común de las personas y dice que “la sociedad debe comprender que no va a ser aplicado a la totalidad de los usuarios, sino a aquellos que viven en zonas residenciales que claramente se comprende que no necesitan ayuda para pagar sus facturas”.

Encaminando recursos
En relación a la política de redirigir las subvenciones, lo que significaría el incremento de tarifas para sectores con mayores recursos, Curia reflexionó: “Si familias o empresas pagan por los bienes mucho menos que su costo real, que es lo que viene sucediendo con la luz, el gas, el agua y los transportes públicos, consumen más de lo que deberían”.

En rigor, el costo de los servicios va a aumentar en todos los casos en los que se eliminen o reduzcan los subsidios, pero dependerá de las firmas que trasladen estos incrementos en sus costos al precio final o no. Heller estimó que el impacto en los costos de las compañías que ahora no tendrán subsidios "debería ser insignificante en una gran mayoría de los casos y por tanto no incidir sobre los precios finales.".

El grupo de trabajo para la revisión de los subsidios encabezada por el subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo, y por su par de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta confeccionan los informes que servirán de base para la revisión o adecuación del régimen de subsidios a empresas y particulares. Después, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) auditará cada uno de las notas realizados por esta comisión para ver si eliminan los subsidios, los reducen o los mantienen en forma plena.

El anuncio del Gobierno para encaminar las subvenciones a las empresas es un primer paso para intentar acomodar las cuentas fiscales. Se ahorrará 600 millones de pesos y los subsidios se reducirán en 0,83%. El Estado pasara a destinar 71.925 millones de pesos (4,1% del PBI) en concepto de subsidios durante, mientras que el año pasado giró 48.032 millones (3,3% del PBI) y en 2005, 3.478 millones (0,7%). Durante el año pasado, los subsidios al sector energético y al transporte fueron los que más crecieron. En los seis primeros meses de 2011 el sector energético recibió alrededor de 19 mil millones de pesos, mientras que para transporte la suma alcanzó los 9.500 millones.

“Esta decisión, resume la política que se aplicó en los últimos ocho años: ayudar a los que realmente lo necesitan. Es el caso del nuevo destino de los subsidios como lo es la Asignación Universal por hijo. La presidenta lo llamó, sintonía fina”, defendió Heller.