Cuando los principales gremios comenzaban a calzarse los guantes de box para las discusiones paritarias, la presidenta Cristina Fernández reiteró que las negociaciones no tendrán un tope, pero advirtió que el Estado intervendrá para arbitrar las pujas entre empresarios y trabajadores, si se estancan o se desbordan.

El titular de la CGT, Hugo Moyano, salió a criticar el discurso, porque a su juicio se está imponiendo un límite a las negociaciones, lo cual desvirtúa el sentido de las paritarias: “Para eso que fijen un aumento salarial por decreto”, exageró.

Las “fintas” previas a la convocatoria de cualquier paritaria no son nuevas. Desde que fueron repuestas por Néstor Kirchner, las negociaciones colectivas contaron siempre con porcentuales de aumentos salariales de referencia, sugeridos de uno u otro modo por el gobierno, aunque luego esas tasas fueron sistemáticamente superadas en la práctica.

Pero lo que sí es nuevo es el contexto político-gremial, en el cual se desarrollarán este año las paritarias.

En principio, el gobierno ya no tiene como aliado al titular de la CGT, que guiaba y fijaba tasas de referencia a los sindicatos. Por el contrario, Cristina volvió a ponerle límites al dirigente camionero, al sugerir que el gobierno no homologará aumentos excesivos otorgados por empresarios transportistas que reciben subsidios estatales. Dicho de otro modo, la presidenta no está dispuesta a seguir fortaleciendo las bases de su nuevo adversario con dineros fiscales que, además, promueven una desigualdad con trabajadores de sindicatos con menor capacidad de presión.

Tampoco quiere exponer a los empresarios a la presión sindical, en momentos en que les pide por ejemplo que no giren ganancias al exterior para enfrentar los efectos de la crisis internacional, les exige inversiones, les recorta subsidios o los advierte sobre salarios excesivos que cobran algunos ejecutivos.

Como contrapartida, la renovación de autoridades de la CGT empuja a Moyano a obtener incrementos salariales que fortalezcan sus bases de apoyo. Los adversarios internos del camionero aguardan esperanzados que los aumentos que impulse la CGT sean menores que el alza del “Indec del supermercado”, para redoblar las presiones tendientes a desplazarlo. Seguramente a esto se refería Cristina cuando recordó que al asumir en 2007 aseguró que no quería “ni ser garante de la rentabilidad empresaria ni presa de ninguna interna gremial”.

Convencido de que el gobierno viene empujando su relevo desde antes de las elecciones pasadas, Moyano está dispuesto a dar batalla. Su descalificación de la “sintonía fina”, a la que comparó con la “flexibilización laboral” impulsada por Carlos Menem, es uno de los peores agravios para los oídos kirchneristas.

El dirigente camionero comparte objetivamente con estas críticas la posición de los medios de comunicación más adversos al gobierno, que afirman que, en realidad, la sintonía fina no es otra cosa que un ajuste.

Sin embargo, el titular de la CGT intenta ahora abrir un canal de diálogo con la Casa Rosada, tras casi cinco meses sin diálogo con funcionarios de primera línea.

Moyano aguarda una respuesta a una nota formal que envió a la presidencia de la Nación con sus reclamos (paritarias libres, elevación del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, universalización del salario familiar, reparto de ganancias empresarias y pago de las deudas del Estado con las obras sociales). Y simultáneamente, uno de sus hombres, el diputado Héctor Recalde, dialogó días atrás con el presidente del bloque de Diputados del Frente para la Victoria (FPV), Agustín Rossi, para transmitirle el deseo de Moyano de abrir una negociación que permita superar el enfrentamiento con una salida digna.

Recalde es tal vez el moyanista que más siente las presiones del gobierno, ya que por su actividad en el Parlamento, mantiene un constante contacto con los sectores políticos. Aunque es fiel a su referente, siempre intentó abrir un canal de negociación con el gobierno que le permitió derogar normas de la brutal flexibilización laboral a la que aludió Moyano en su chicana.

La reposición de las paritarias y de conquistas obreras barridas por el menemismo fueron precisamente coincidencias que fortalecieron una alianza que ahora se desmorona.

Los portavoces de Moyano sostienen que el distanciamiento obedece a que el gobierno se apresta a realizar un ajuste que perjudicará a los trabajadores. Pero la presidenta Cristina Fernández reiteró en su último discurso su compromiso con los más vulnerables en términos sociales y con la demanda agregada en términos económicos.

Por otra parte, si efectivamente fuera cierto que Cristina Fernández se apresta a un severo ajuste ortodoxo en contra del salario, lo peor que podría hacer en términos políticos es enfrentarse con la CGT.

Carlos Menem pudo devastar las conquistas obreras y desguazar el Estado con la complicidad de la cúpula sindical. Es cierto que Moyano no hizo entonces la vista gorda y por el contrario enfrentó las políticas neoliberales, pero de ningún modo puede compararse la eliminación de subsidios a las tarifas de los servicios públicos con los ajustes de los ’90.

El recorte del 13% dispuesto por el gobierno de Fernando de la Rúa a las jubilaciones y al sueldo de los empleados públicos, poco tiene que ver el incremento del 18% anunciado para la clase pasiva a partir de marzo y con los pedidos de “responsabilidad” para las demandas en las paritarias.

Con el menemismo, los jubilados percibían una mínima equivalente a 150 dólares y hoy en cambio roza las 400 unidades de la moneda estadounidense. Desde 2009 el aumento en las jubilaciones mínimas fue del 144 por ciento.

Los trabajadores que atestan las playas de la Costa Atlántica están gozando con sus familias de los ahorros que juntaron mediante una política que le da centralidad al salario como motor del consumo interno.

Es casi seguro que la economía crecerá algo menos durante el año en curso, según los vaticinios bien y malintencionados. Pero sólo la bronca puede llevar a Moyano a comparar las políticas actuales con las del menemismo.

El titular de la CGT sabe muy bien que en los ’90, la capacidad de presión de los trabajadores era casi nula, ya que las demandas se limitaban a conservar las fuentes de trabajo.

Con un 24% de desempleo, sólo se podía aspirar a preservar el trabajo, aunque para ello hubiera que aceptar incluso rebajas salariales. En cambio, frente a una crisis del capitalismo que azota a los países centrales, la Argentina tiene hoy una desocupación menor al 7 por ciento.

Con ese piso asegurado, algunos gremios vienen superando con éxito en las primeras paritarias la pauta no escrita del 18%: los panaderos lograron un ajuste del 23%, aceiteros del 20 y los textiles del 27 por ciento. En la CGT estiman que el promedio puede acercarse al 25 por ciento. No será para tirar manteca el techo, pero tampoco para declarar la guerra y arrojar por la borda los avances conseguidos.

Pese a los desencuentros, para cualquier sindicalista no existe en la Argentina mejor plataforma política que la que lidera Cristina Fenández. Tampoco hay modelo que objetivamente le cierre mejor a Moyano. En realidad, los chisporroteos parecen tener más que ver con estilos de relación que con contradicciones de fondo.