por Martin Piqué

La ministra de Seguridad, Nilda Garré, aclaró ayer que la Casa Rosada “será inflexible” si se llegara a confirmar que el software de la Gendarmería conocido como Proyecto X está siendo utilizado para realizar espionaje ilegal sobre dirigentes sociales, políticos y sindicales. “No admitimos espionaje. Y si llegara a haber, seremos inflexibles. Pero tampoco tomamos decisiones sin reflexión”, subrayó Garré a través de su cuenta de Twitter. La ministra también informó que ya ordenó realizar una auditoría informática sobre el programa de computación. “Antes de aventurar conjeturas, queremos evaluar qué contiene”, explicó. Desde la oposición –tanto desde el PRO, como desde la UCR y el Frente Amplio Progresista– denunciaron la violación de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional y pidieron la citación de Garré y el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, para que brinden informes en el Parlamento.

Ayer, aparte de informar sobre la cuestión a través de las redes sociales y de un comunicado de su cartera, Garré analizó si se está cumpliendo el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones públicas. Para efectuar la revisión, la ministra convocó al secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, el rionegrino Miguel Angel Bermejo. El protocolo en cuestión fue presentado en 2011 en el primer plenario del Consejo de Seguridad Interior, que reúne a los ministros y secretarios de seguridad de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: los puntos sensibles del método de intervención ante protestas sociales consisten en la prohibición de portar armas de fuego para el personal policial que entre en contacto con manifestantes, y la utilización de postas de goma sólo con fines defensivos y cuando esté en peligro la integridad física de algún agente.

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