El discurso de la presidenta Cristina Fernández ante la Asamblea Legislativa del jueves sirvió para aclarar el panorama en algunas cuestiones, pero para complicar el escenario, en otras.

Los rumores en torno a una intervención del Estado y de hasta una reestatización de YPF quedaron descartados tras la alocución de la primera mandataria, quien, sin embargo, le reclamó a la petrolera que realice más inversiones y que baje el precio del combustible para Aerolíneas Argentinas.

La escalada de cruces entre el gobierno y la empresa –que mayoritariamente pertenece al a española Repsol– preocupó al sector empresario. En principio, porque cualquier tirón de orejas oficial a los hombres de empresa es interpretado de manera corporativa y es visto como una avanzada “antiempresaria”.

Pero además, porque no sólo YPF padeció fuertes retrocesos en sus acciones en la Bolsa de Nueva York, sino que también se vieron perjudicados otros cotizantes en Wall Street como los bancos, firmas energéticas y telefónicas.

Por otro lado, el discurso de la presidenta dejó en claro cuál es su postura respecto de algo que tenía bastante preocupados a los banqueros: la posibilidad de reformular la Ley de Entidades Financieras sancionada por el ex ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura militar.

Fernández dijo que, a su criterio, no sería necesario modificarla, pero al mismo tiempo recomendó la reformulación de la Carta Orgánica del Banco Central, con lo que estimó que podrían aumentarse los controles a los bancos. Así, los banqueros escucharon una de cal y una de arena en el discurso de la primera mandataria y se muestran expectantes respecto de los alcances que tendría la reforma.

En otro orden, la presidenta hizo mención a la situación de los maestros argentinos, que en varios distritos del país están en conflicto por cuestiones salariales. Dijo que los docentes “trabajan cuatro horas y tienen tres meses de vacaciones” y cuestionó: “Creo que quedaron atrapados en una lógica de otro país, la lógica de la carpa blanca, cuando les descontaban el salario”.

Las palabras de la presidenta generaron el encono de varios sectores del sindicalismo docente. El propio Hugo Yasky –de la CTA cercana al oficialismo– tuvo que admitir que las palabras de la presidenta no se ajustaban a la realidad y que habían despertado el enojo de sus colegas.

A su torno, también la secretaria general de CTERA, Stella Maldonado, aseguró que la presidenta “evidenció un desconocimiento de la realidad” del trabajo de los maestros , lo que, consideró, “es muy sorprendente”.

En confianza, muchos maestros se encuentran indignados, especialmente aquellos en distritos que no lograron llegar a un acuerdo cuyos salarios aún están por debajo de los 3000 pesos. La mayoría asegura que no tienen tres meses de vacaciones, sino –con suerte– 45 días y que el turno de trabajo dentro de las escuelas es de cuatro horas, pero que el trabajo fuera de ese ámbito es “mucho más extenso”.

Finalmente, había quienes tenían expectativas de que al inaugurar el 130 período de sesiones ordinarias del Congreso, la jefa de Estado se refiriera –cuando menos indirectamente– a las palabras del líder de la CGT Hugo Moyano, quien el día anterior había hecho su reaparición pública con más críticas al gobierno.

En varios de sus últimos discursos, la presidenta le dedicó algunas palabras al accionar del sindicalismo en general y del moyanismo en particular, pero el jueves sólo hubo tiempo para los docentes. Los cruces con Moyano quedaron para otro momento.

Eso sí, Moyano no recibió palos de la presidenta pero se enteró de que el juez federal Norberto Oyarbide decidió dar curso al pedido de la justicia suiza para obtener información sobre las causas que se tramitan en los tribunales argentinos que involucran al líder camionero y a su hijo Pablo, en el marco de una investigación por presunto delito de lavado de dinero que se sustancia en ese país.

La decisión de Oyarbide de aprobar el exhorto enviado por Suiza a principios de 2011 reactivó el trámite que había quedado paralizado por una intervención de la Cancillería argentina. El Ejecutivo había intervenido después de que Moyano amenazara con un paro nacional del transportes, que finalmente fue levantado. En ese momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores optó por no darle curso al planteo del país europeo porque –según se adujo– no se especificaban debidamente los delitos investigados. Pero, por ese entonces, Moyano mantenía una relación mucho más fluida que la actual con la Casa Rosada.

Es por eso que Pablo Moyano salió ayer por la tarde a acusar al gobierno de estar “motorizando” la causa. “Lo hacen para intentar silenciar a Moyano”, enfatizó el hijo del líder de la central obrera.

En la misma línea se expresó uno de los colaboradores más cercanos del camionero, el judicial Julio Piumato, quien en su cuenta de Twitter publicó “Ay, si Hugo Moyano llega a hablar…”

Moyano había vuelto a cuestionar a la administración de Cristina Fernández el miércoles en un discurso que dio ante sindicalistas en el salón Felipe Vallese de la CGT, con motivo de los 65 años de la declaración de los derechos de los trabajadores.

El camionero había pedido al gobierno que “no” juegue “a las escondidas” y que responda si acepta o no los reclamos que viene haciendo la central obrera, como la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, la eliminación del los topes a las asignaciones familiares y el pago de la deuda millonaria del Estado con las obras sociales. Y hasta esbozó la amenaza de que si no obtenía respuesta, se tomarían medidas de fuerza. Así, se espera que, tarde o temprano, haya o una reunión con funcionarios del Poder Ejecutivo o posibles acciones directas.