La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó hoy al Gobierno de la Ciudad a garantizar a una madre y su hijo discapacitado, que se encontraban en situación de calle, un alojamiento con condiciones edilicias adecuadas, además de su inclusión en algún programa de vivienda en curso o futuro que brinde una solución permanente.

El máximo tribunal dispuso también que el gobierno porteño deberá asegurar la atención y el cuidado del niño y proveer a la madre el asesoramiento y la orientación necesaria. Además, resolvió mantener una medida cautelar que exige otorgar al grupo familiar un subsidio que le permita abonar en forma íntegra un alojamiento en condiciones dignas de habitabilidad.

En este sentido, la Asesora General Tutelar, Laura Musa, celebró el fallo de la Corte y dijo a Radio América que ahora "se tendrán que hacer repensar el diseño de las políticas públicas". "Ya no se va a poder bajar el nivel de lo que ofrece un gobierno como respuesta ante una necesidad. Es valioso porque señala que hay prioridad presupuestaria para niños", agregó.

"Siempre hay que atender estas cuestiones que son las más graves", afirmó. La Corte sostuvo que la respuesta habitacional brindada por el gobierno local para atender una situación extrema, como era la que afectaba a la madre y su hijo, aparecía como insuficiente y desconocía sus derechos económicos, sociales y culturales.

En particular, se subrayó que el sistema de paradores implementado por la demandada no resultaba un ámbito adecuado para un niño afectado por una discapacidad, ya que no reunía las condiciones de salubridad que esa situación exigía. Tampoco el programa de “Atención para Familias en Situación de Calle” constituía una respuesta acorde al problema habitacional del grupo familiar en situación de extrema vulnerabilidad.

Asimismo, la Corte precisó que aún cuando el esfuerzo económico estatal era considerable, no parecía ser el resultado de un análisis integral para encontrar la solución más eficiente y de “bajo costo”, dado que la inversión realizada por la autoridad local no aparecía como adecuada para garantizar la protección y asistencia integral al niño discapacitado que, conforme compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional, constituye una política pública del país.