El juez federal Ariel Lijo le envió hoy al vicepresidente Amado Boudou un oficio en el que le informó que puede declarar por escrito, en el marco de la denuncia que presentó contra el estudio de abogados del renunciante Procurador General Esteban Righi por supuesto tráfico de influencias, y contra el titular de la Bolsa de Comercio por supuesto intento de soborno.

En el oficio el magistrado también le pidió a Bodou que responda si va a hacer uso de esa prerrogativa o si va a declarar en persona en los tribunales de Comodoro Py 2002, para lo cual se deberá fijar una fecha, informaron fuentes judiciales.

Ocurre que el artículo 250 del Código Procesal Penal de la Nación establece que el Presidente de la Nación, el vice, gobernadores, legisladores y jueces, entre otros, poseen el tratamiento especial de no tener que comparecer en Tribunales y pueden declarar "en su residencia oficial" o "por un informe escrito, en el cual expresarán que atestiguan bajo juramento".

Boudou denunció ayer que del estudio "García, Labat, Musso y Righi", fundado por el renunciante Procurador, lo fueron a ver en 2010 para ofrecerle sus servicios para tener influencia entre los jueces y fiscales federales, lo que, según el vice, fue rechazado cuando por entonces era titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

También denunció que el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, le propuso el 3 de marzo del año pasado, en nombre de Eduardo Tabanelli, directivo de Boldt, un soborno para que no lo "destruya".