Unos 1.500 campesinos del Movimiento Sin Tierra (MST) ocuparon ayer la sede del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) en Brasilia, en la primera "jornada de lucha" de la campaña "Abril rojo", para reclamar al gobierno el inicio de una prometida reforma agraria.

Uno de los coordinadores del MST, José Damasceno, afirmó, citado por la agencia estatal ABR, que la protesta busca presionar a la presidenta, Dilma Rousseff, para que conceda una entrevista a los campesinos, molestos porque "tras un año y cuatro meses de su asunción, el gobierno aún no inició la reforma agraria".

Damasceno evaluó que la Presidencia ha demostrado "querer que Brasil se desarrolle", pero para ello, a su entender, "es necesario resolver una deuda social" que está reflejada en la concentración de las propiedades de tierra en el país.
"La reforma agraria es una medida social y productiva: acelera la economía, genera renta y además aumenta la producción de alimentos", dijo Damasceno.

El Ministerio de Desarrollo Agrario respondió hoy a la ocupación informando que está tomando las medidas jurídicas pertinentes para desocupar las instalaciones tomadas por los campesinos.

El titular de esa cartera, Pepe Vargas, expresó a través de un comunicado que espera contar "con el sentido común del movimiento", para que desocupe "de manera espontánea" el edificio.

De ese modo, dijo, citado por la agencia DPA, se podrá continuar con las negociaciones iniciadas el pasado miércoles, durante una reunión de la que participaron Vargas, los líderes el MST y el secretario general de la Presidencia, Gilberto Carvalho.

Sin embargo, los líderes del MST dijeron que no tienen previsto concluir la ocupación mientras el gobierno no dé cabida a sus reclamos. "De aquí sólo saldremos cuando el gobierno demuestre que atenderá nuestras reivindicaciones; diálogo y promesas ya tenemos, queremos acciones concretas", expresó el coordinador nacional del movimiento, José Ricardo Basílio da Silva.

El movimiento anunció, además, que a lo largo de esta semana realizará una serie de ocupaciones de tierras y de edificios públicos, entre ellos los del Ministerio de Hacienda y la sede del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), con el fin de regularizar familias en asentamientos a la espera de tierras para trabajar.