El hegemonismo cultural del neoliberalismo a escala planetaria y principalmente en la Europa comunitaria ha naturalizado el accionar de las multinacionales vulnerando como alambre caído los controles y regulaciones de los debilitados gobiernos nacionales.

Quizás por ese epifenómeno propio del actual estadio de globalización del capital financiero, bancario e industrial, es que las clases subalternas en los países centrales, salvo contadas excepciones, desde una mirada eurocentrista se alían en sus reclamos a las empresas que, aunque constituidas por capital de diversos orígenes, eufemísticamente son denominadas españolas, italianas, inglesas o francesas. Un caso paradigmático ha sido en los últimos días la expropiación del 51% del paquete accionario de Repsol, por decisión del gobierno de la Argentina.

Con tan sólo recorrer exhaustivamente la lectura de la prensa ibérica, surgen dos elementos que atraviesan más allá del color partidario el común denominador del discurso mediático. De una primera etapa de incredulidad, sobre los rumores de estatización, y de la firme posición de los interlocutores del gobierno argentino, Julio De Vido y Axel Kicillof, en la reunión con el ex presidente de Repsol, se pasó a una inocultable soberbia informativa al asegurar que, tras las drásticas declaraciones del ministro de Industria y Energía, José Soria, y del ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel García Margallo, el gobierno de Cristina Fernández había entendido que el costo de tamaña decisión unilateral era tan elevado que sería imposible de tomar por su gobierno. En ese momento la vicejefa de gobierno, Soraya Sáenz de Santamarina, fue contundente en sus declaraciones,“las políticas de un Estado no se anuncian, se implementan”, en relación a las posibles medidas del gobierno de Rajoy ante una posible expropiación de las acciones de Repsol en YPF.

Las jornadas sucesivas se desarrollaron en paralelo con la VI Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, y el mensaje de los principales medios peninsulares apostaba “a una rectificación tácita de la postura argentina y el encauzamiento del contencioso por el camino del diálogo y la negociación”.

Ante la decisión soberana del gobierno argentino de declarar de interés público la producción de hidrocarburos y reiniciar el largo camino del autoabastecimiento energético, que permita así controlar la industrialización, comercialización y transporte del preciado mineral. La reacción del gobierno de derechas y el arco parlamentario español, con sus distintas expresiones, PSOE, Convergencia y Unió (catalanistas moderados) y PNV (nacionalistas vascos), a excepción de Izquierda Unida y agrupamientos extraparlamentarios, se abroquelaron en la defensa de la empresa Repsol y el repudio de la medida.

Lo insólito es que según pasaron los días, en los noticieros de la TVE oficial española y las emisoras privadas y en la prensa escrita en general, se invisibilizaron o se le dieron escasísimo espacio a los fundamentos de la medida del gobierno argentino. Las irrefutables razones expresadas en el proyecto de ley ingresado en el Parlamento argentino, donde se diferencia claramente el concepto neoliberal de commodities, incorporado falazmente por la cultura neoliberal, a la correcta idea de considerar tanto el petróleo como el gas como recursos estratégicos, de igual manera que lo conciben todos los países productores sin excepción, no fue tenido en cuenta. Tampoco se hicieron eco de destacar los incumplimientos contractuales por parte de la multinacional Repsol, enumerados en la conferencia de prensa de los días siguientes del viceministro Axel Kicillof, y las declaraciones posteriores en la Cumbre del Fondo Monetario Internacional por parte del ministro de Economía Hernán Lorenzino, acusando a Repsol del vaciamiento habido en YPF en los últimos años, que se convirtió en la principal causa del desabastecimiento del mercado, que se contradice con la Ley de Hidrocarburos vigente. Tampoco aparecen en las pantallas españolas las profusas acusaciones argentinas sobre la actitud de Repsol, en contra de un proceso de expansión de la empresa, que a través de los años se expresa en diversos indicadores incontrastables: “Repsol distribuyó 15.700 millones de dólares en dividendos entre 1999 y 2011”. Mientras que “en la adquisición de YPF había gastado solamente 13.150 millones de dólares”. Dicha distribución de dividendos se incrementa después de la crisis internacional de 2008, siendo la misma cinco veces más que la media de la industria petrolera, es decir mucho mayor que cualquier compañía del sector. También se minimizaron en la prensa ibérica las declaraciones del ministro Lorenzino, quien afirmó “que el objetivo de la decisión argentina” fue hacer cumplir las leyes y que la intervención del Estado en sectores estratégicos tampoco es un hecho extraño en el mundo. El Estado en todas partes del mundo está para cumplir con la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Remarcando que “la Argentina se estaba quedando sin petróleo por la ineficiente política de Repsol y tomó las decisiones que eran necesarias”.
Lo cierto es que desde la recuperación del control de YPF por el Estado argentino, las coberturas periodísticas peninsulares, ponderaron en sus titulares y en el desarrollo informativo, las declaraciones en solidaridad con la empresa Repsol, del Parlamento Europeo, y de la preocupación de voceros de los Estados Unidos ante las medidas expropiatorias, y hasta del mismísimo presidente de Mexico Felipe Calderón, como también las críticas a las soberanas decisión argentina por parte del presidente del Banco Mundial, Robert Zoellik, y de la directora del FMI, Crhistine Lagarde
Lo cierto es que a través de sus páginas, la prensa hegemónica en España ha vertido sus posiciones marcadamente antiestatista, enmarcadas en el sesgo cultural del neoliberalismo más pacato. Oponiéndose al carácter “populista” –según sus palabras– de las políticas de la “señora Cristina Fernández.

Quizás en la Europa de la crisis y la naturalización del ajuste, no hay lugar para un debate plural donde la solución de las necesidades de las mayorías y las propuestas heterodoxas, en defensa de la soberanía de los recursos naturales de los países emergentes, no sean vistas como un arrebato demodé. Y en contrapartida, el establishment y sus escribas se abroquelan detrás de su nueva religión, el integrismo de mercado, en contra del más mínimo nivel de autonomía política de la periferia capitalista. Como si recuperar el autoabastecimiento fuera una cosa de gobiernos gamberros o Estados bandarras.