Max Horkheimer cuenta en alguna parte esta peculiar alegoría: en un reino del imaginado Oriente viven dos jóvenes y talentosos poetas. El monarca, déspota particularmente cruel, convoca a uno al palacio.

Como el rey era sensible a la poesía (no es obligatorio que un dictador sanguinario sea un imbécil zafio), le ofrece a uno de ambos –no importa cuál– ser poeta oficial de la Corte. El atribulado joven, lleno de ambivalencia, relata al otro artista talentoso la propuesta real.

“¿Dudaste…?”, pregunta inmisericorde el consultado. “Sí.” “Entonces, estás perdido.” Horas más tarde encuentran al joven que vaciló, ahorcado en la buhardilla donde vivía. El otro poeta recibe la misma propuesta del rey y la acepta sin dudar. Eso sí, nunca más escribe una línea.

Estas formas de la coherencia, observa Horkheimer, son malas para la poesía. Y, añadimos nosotros, muy buenas para el régimen imperante.

Acá se terminó la alegoría y entramos al asunto: YPF; el gobierno nacional y las provincias petroleras adquieren los activos de Repsol (del total de su paquete accionario), mediante una ley del Congreso. La senadora María Eugenia Estenssoro, tan proclive a dar lecciones de coherencia, subrayó el comportamiento anterior de Cristina Fernández en la materia. Recordó que cuando era diputada y se votó la privatización de YPF, la actual presidenta acompañó la iniciativa de Carlos Saúl Menem. Es cierto, la presidenta cambió de postura; por su parte, la senadora que acompañó y acompaña a la doctora Carrió todavía, defiende hoy la resolución de entonces. Extraña forma de la coherencia, con las desastrosas consecuencias de semejante política a la vista. Máxime, cuando se trata de la hija de un ex funcionario de la YPF del Estado; funcionario que logró en vida una hazaña notable: conservar el mismo puesto en la YPF pública y en la privada. Debemos reconocer que muy pocos lo lograron, salvo quizás los impresentables apparatchik rusos, beneficiarios de la privatizante Perestroika. Pero esa es harina de otro costal.

Como el petróleo produce, en el mundo entero, reacciones complejas, es útil entender de qué se está discutiendo. De la seguridad jurídica, obvio, replican los connotados críticos de la medida oficial. No comparto el abordaje, pero acepto el convite: si se pudo privatizar en 1992 en el terreno de la legalidad entonces vigente, ahora se puede hacer lo opuesto en idéntico terreno. Es un clásico conflicto de intereses. Por tanto, toda la discusión remite al valor de lo expropiado.

Y tan es así que el representante de Repsol en el directorio de la Compañía –si obviamos la andanada declamativa– dijo un número de inmediato: 10 mil millones de dólares. Y Axel Kicillof replicó: nones. El Estado no es idiota, sostuvo el viceministro de Economía en su intervención en el Congreso. Cuando se acuerde la cifra, lo sabremos. Pero más allá de la intencionada gritería mediática, el primer punto del debate queda resuelto.

En rigor de verdad el problema es otro. Un programa económico presupone, por parte del partido del Estado, instrumentos: cierta política monetaria y una adecuada matriz energética. La reciente reforma de la Carta Orgánica del Banco Central equivale a dejar atrás la línea trazada por la Convertibilidad y otorga al Estado el mínimo de autonomía requerido para ejecutar su política monetaria. Falta, entre otras cosas, la matriz energética, es decir, una ecuación que permita sostener el crecimiento económico a futuro. Como el país vino avanzando a tasas chinas, de la idea menemista de exportar petróleo se terminó pasando a la situación actual: importarlo. Como el costo de las importaciones llegó a rozar el superávit de la balanza comercial, unos 10 mil millones de dólares, resulta “imperativo” (esa fue la fórmula oficial) modificar la política energética. Sin duda.

La crisis empujó, entre otros precios, el del barril de petróleo; para Repsol el negocio era simple: extraer lo suficiente para asegurar la tasa de ganancia. Ni la reinversión, ni el volumen obtenido, ni la capacidad tecnológica pasaban de asuntos secundarios. El interés de Repsol no coincide con el interés nacional, y se trata de saber cuál debe primar. En esos términos, si prima alguna versión del interés nacional, debemos admitir que esta nueva medida estaba en la naturaleza de las cosas. Dos preguntas acechan: ¿por qué recién ahora? Y la otra, más compleja: ¿esta medida es suficiente?

Si algo separa a los doctrinarios de los políticos es que los doctrinarios siempre responden programáticamente. Para ellos, siempre se debería hacer lo mismo, por tanto el que no lo hace “traiciona” el programa. Si algo abunda en esta versión de la historia son los traidores y sus hermanos gemelos: los principistas derrotados. Esto es, los que defienden lo que se debiera haber hecho, pero nunca pudieron lograr que se hiciera.

Esto no responde la primera pregunta: ¿por qué recién ahora? Una parte de la respuesta la dio el gobierno: porque resulta “imperativo”. Era impostergable alinear el interés de la empresa con las necesidades del crecimiento económico. Otra, la aporta la situación internacional: el apoyo del bloque latinoamericano y el gobierno chino a la Argentina, en contraste con la manifiesta debilidad española. Por otra parte, la supuesta fortaleza anterior de España siempre estuvo sobreestimada: el milagro hotelero español nunca fue otra cosa que las ventajas de las vacaciones pagas de los trabajadores europeos en la Costa del Sol.

Cristina Fernández planteó en verdad, para su segundo gobierno, una agenda con dos puntos duros: YPF y Malvinas; ambos tienen la misma lógica: la ecuación energética. En Malvinas también hay petróleo, y las tratativas con los británicos seguirán el mismo carretel. Para evitar confusiones, la British Petroleum, decisiva compañía del sector, informó que no participará de ningún modo en la explotación petrolera malvinense. Eso es hablar claro: nadie viola impunemente el derecho internacional público realmente existente y la compañía británica lo sabe.

Ahora bien, la pregunta del millón: ¿es suficiente la medida oficial?
YPF aporta algo más del 30% del petróleo extraído. En el memorándum donde Repsol explica por qué no puede aumentar las inversiones, y sugiere la inclusión de subcontratistas públicos (rechazada por el gobierno nacional) para aumentar la producción, se evalúan incrementos de aproximadamente el 30 por ciento. De modo que la producción de YPF terminaría arañando el 40% de las necesidades del mercado nacional. Si esa evaluación resultara correcta (por el momento no tengo motivos para pensar otra cosa), la medida oficial alcanza para reducir el costo de las importaciones pero no permite llegar al ansiado autoabastecimiento, que es el objetivo enunciado.

Entonces, para alcanzarlo, el gobierno no tendría más camino que avanzar por la misma senda con las otras empresas del sector. No faltarán los pedagogos que expliquen que lo actuado basta y sobra, pero no es así. Las tratativas entre Repsol y el gobierno argentino ilustran sobre la “flexibilidad” empresarial de los petroleros, quienes parecen creer que el gobierno tiene que realizar las inversiones para que ellos puedan conservar su posición en el negocio. Si se pone en entredicho su capacidad de girar dividendos al exterior, se acabó el acuerdo. Y no hay posibilidad de que la balanza comercial soporte esos giros, la importación de combustible y la inversión requerida por el sector. No se trata por cierto de una determinación ideológica o programática, ni de marchar hacia el fracasado “modelo cubano”, sino de sostener o abandonar el nivel de crecimiento iniciado por la Argentina. Y nada indica que el gobierno esté dispuesto a dar marcha atrás en tan espinoso asunto, sobre todo cuando las encuestas y el Congreso lo acompañan a pie firme.