La jueza Edith Cristiano, a cargo del Juzgado del Trabajo de Río Grande, dispuso "suspender los derechos políticos y económicos de las 45.212.888 acciones de YPF, que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York", atendiendo al reclamo de un grupo de ex agentes de YPF, que pretenden que se les reconozca el derecho a un porcentaje del paquete accionario de la compañía.

Las acciones son representativas del 11,50 por ciento del paquete accionario de YPF S.A. que es disputada hace tiempo a Repsol. La medida judicial, se mantendrá hasta tanto se resuelva la nulidad planteada por la Federación de Ex Agentes de YPF, respecto a las ventas accionarias que realizó Repsol en marzo de 2011.

Verónica Muchnik, una de las abogadas que representa a los ex trabajadores de YPF, confirmó la Resolución judicial, asegurando que los deja "más que conformes, porque salvaguarda el interés de los ex trabajadores de YPF".

La letrada explicó que se trata de "una medida cautelar, relacionada con la demanda judicial de nuestros representados" y recordó que "en marzo de 2011, Repsol violó una orden judicial emitida por el Juez Federal, Oscar Valentinuzzi, en la que se impedía a Repsol vender sus acciones en YPF, con motivo de un reclamo judicial realizado por la Federación de Ex Trabajadores de YPF en nombre de sus 25.000 representados, todos ellos ex trabajadores de la empresa que reclaman por sus derechos accionarios".

"Esta medida de la doctora Cristiano viene a evitar mayores perjuicios a terceros y sirve para preservar el patrimonio de YPF", destacó Muchnik.

El reclamo de los trabajadores se fundamenta en la decisión del gobierno de Carlos Menem, a través de Ley de Reforma del Estado, de poner en venta las empresas públicas de la Argentina contemplando que, en la venta de los paquetes accionarios, 10 por ciento del capital social pasaría a propiedad de los empleados a través del denominado "PPP" (Programa de Propiedad Participada).

De esta forma, los empleados de YPF pasaron a ser titulares de 35.300.000 acciones de Clase C de la compañía, con derecho a participar y votar en las Asambleas de Accionistas, a designar un Director Titular y un Director Suplente en el Directorio, a percibir dividendos, aprobar o rechazar los balances anuales y las ventas del paquete accionario.

Sin embargo en 1997, el Estado nacional y el Directorio de YPF autorizaron y gestionaron la venta de las acciones Clase C sin contar con la aprobación de este grupo de titulares, decisión que se pretendió convalidar mediante el Decreto 62897.
La decisión entró en vigencia 8 días después de la venta, por lo que el Decreto fue declarado inconstitucional e inválido por la Corte Suprema de la Nación en 2001 en la causa conocida como "Caso Antonucci".