La cuenta regresiva comenzó. Al cierre de esta edición, uno de los fiscales que investiga los vuelos de la muerte, Eduardo Taiano, estaba confeccionando un dictamen –que, según fuentes judiciales, tenía previsto presentar el mismo miércoles 18 de abril– por el cual le pedirá al juez Sergio Torres, a cargo de la causa ESMA, que indague al ex piloto de los aviones Electra L-188 Luis Conrado Lupori. El motivo: la actuación de Conrado Lupori como aviador durante el terrorismo de Estado. Sin embargo, el pedido cuenta con una particularidad: estar a contrarreloj, para aprovechar la situación actual del ex marino, detenido desde el sábado 14 de abril.

La privación de la libertad de Conrado Lupori tiene vinculación con otra causa, en la que se investigan violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, y que está radicada en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la magistrada Sandra Arroyo Salgado. La suerte de su detención depende de un análisis genético cuyo resultado se conocerá en pocos días. Ante este escenario, Arroyo Salgado le tomó declaración indagatoria el pasado lunes 16 de abril y, esgrimiendo su inocencia, Conrado Lupori pidió su excarcelación o, en su defecto, se le concediera el beneficio de arresto domiciliario. Acaso desconociendo su legajo, Rita Molina, fiscal de San Isidro, avaló aquella solicitud, aunque el miércoles 18 la jueza rechazó los pedidos y confirmó la permanencia en prisión del ex piloto. Por expreso pedido de los investigadores, Veintitrés no puede revelar otros datos de la pesquisa. Apenas, que su detención aceleró la confección del dictamen del fiscal Taiano.

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