Ayer los portales de los principales diarios de España explotaron. Con cuerpos de letra catastrofistas y colores variopintos, los títulos de las noticias atravesaban de punta a punta el monitor de la PC. “El paro sube a 5,6 millones y marca un máximo en el inicio de 2012”, sentenciaba El País. “5,6 millones de parados”, subrayaba El Mundo. La desocupación en la Madre Patria sumó en el primer trimestre del año 365 mil personas, con lo que la cifra total de desempleados asciende a 5.639.500 ciudadanos. Uno de cada cuatro españoles está marginado del mercado laboral. Además, en los menores de 25 años el desempleo trepa al 52% y transforma a los jóvenes en verdaderos parias que deambulan como zombies, sin futuro, por las calles de las principales ciudades españolas. La situación adquiere un tinte aún más alarmante si se considera que existen 1.728.400 grupos familiares con todos sus integrantes en el “paro”, situación que se agrava a medida que pierden vigencia los seguros de desempleo. Mientras tanto el gobierno de Mariano Rajoy anuncia un día sí y otro también nuevas medidas de recorte a las prestaciones sociales. La última decisión es tan cruel como dramática: le quitó los beneficios a los discapacitados, que ahora deberán pagar para comprarse una prótesis o una silla de ruedas. De esta manera, pretende ahorrar 700 millones de euros y facilitar la inserción de los minusvalidos a la sociedad. Las escenas desgarradoras se repiten. Carlos, un oyente desocupado, contaba su realidad al programa de radio Cinco Lunas. Sin un solo duro, Carlos no pudo pagar más el alquiler y se tuvo que ir a vivir a la calle. En plena conexión telefónica, la producción interrumpió el relato para darle un espacio a Luis, un empresario que tiene una fábrica de pan en Ciempozuelos, Madrid, el mismo polígono donde vive el oyente desocupado, y llamó para ofrecerle un empleo. Carlos se quebró: “¿No me digas que me vas a dar trabajo?”, “No me lo creo, no me lo creo”, señalaba entre sollozos. La realidad española es tan dura como triste y vergonzoza resulta la respuesta de su dirigencia política y mediática para maquillarla y desviar el foco de atención. Desde que la presidenta argentina Cristina Fernández anunció la recuperación de YPF, el ministro de Industria español, José Manuel Soria encabezó una verdadera batalla mediática en la que trató de asociar los intereses de Repsol con los de la sociedad española. “El gobierno interpreta la determinación del gobierno argentino como hostilidad a España…”, señaló Soria, cuya principal carta de presentación son las numerosas denuncias por corrupción urbanística que engrosan su currículum en Las Canarias, entre las que destacan los casos “Góndola”, “Faycán”, “Brisán”, “Eolo”, “Chalet” y “Salmón”. A esta campaña “antiargentina” se sumaron los principales referentes del gobernante Partido Popular y algunos dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La logística y el trabajo fino, no obstante, corrió por cuenta de los medios concentrados españoles, encabezados por el Grupo Prisa (Diario El País), que se cansaron de repetir algunos términos como “expolio” para definir la estatización de YPF. La composición accionaria de Repsol le resta credibilidad a las convulsiones nacionalistas de la dirigencia, ya sea política o empresaria, de España; el 9,49% es de la mexicana Pemex, el 12,83% de la CaixaBank, el 10,01% de Sacyr, el 42% pertenece a fondos de inversión extranjeros, el 9,9% a fondos de inversión españoles y sólo un 10,8% está en manos de inversores españoles. Más del 50% de Repsol es extranjera.

“En el proceso de desarrollo e internacionalización de Repsol se produce un crecimiento de la riqueza a distribuir. Esa distribución es muy desigual en el seno de la empresa y también en las relaciones entre empresa y Estado, siendo los grandes capitales los que más ventaja obtienen, mientras que el Estado y los trabajadores quedan detrás”, explica el dirigente de Izquierda Unida de España, Alberto Garzón.

Además, en un avance de su libro Los caminos del dinero oscuro, el profesor madrileño Armando Fernández Steinko, reconoce que el 82% de las firmas que cotizan en el español IBEX 35 cuentan con filiales o empresas participadas con domicilio en algún paraíso fiscal. Todas ellas tienen un promedio de ocho empresas ubicadas en paraísos fiscales, pero Repsol lidera el ranking “con casi 40 sociedades”.

La ventaja de inscribir una empresa en un paraíso fiscal como el estado de Delaware en los Estados Unidos es que sólo paga U$S 250 anuales en impuestos, siempre y cuando no haga transacciones comerciales en territorio estadounidense. Gracias a estas maniobras y a su presencia en otras naciones, Repsol sólo declaró y pago impuestos en España por la cuarta parte de los beneficios que obtuvo en el mundo. Otro elemento que encolerizó a algunos españoles fue que, en plena crisis, los ejecutivos de Repsol se aumentaron el año pasado los ingresos más del 100 por ciento. Con un dejo de ironía, el comunicador español Antonio Maestre advierte que los salarios de los directivos de Repsol son “completamente representativos de la realidad ciudadana, oscilando entre los 215 mil y 430 mil euros”.

Además, en España los partidos políticos tradicionales tienen curiosos vínculos con las principales empresas del país. El miércoles 7 de octubre de 2009, el diario Clarín titulaba: “España: el PP, más complicado en un caso de corrupción”, conocido como Gürtel (“correa”, en Alemán) que aún se está investigando. Uno de los principales imputados en el caso Gürtel fue José Ramón Blanco Balín, un empresario del Partido Popular, amigo del ex presidente José María Aznar, quien fue vicepresidente de Repsol en el año 2000 (durante la presidencia de Alberto Cortina en la compañía). El artículo relata la trama de sobornos, financiación ilegal y evasión fiscal que involucra aún hoy a un centenar de funcionarios de la derecha española.

Asimismo, varios políticos del PP y el PSOE han dejado sus cargos políticos y se han posicionado inmediatamente en las filas de multinacionales. El ex presidente Felipe González, por ejemplo, es consejero independiente de Gas Natural con un sueldo de 126.500 euros, y Jose María Aznar, otro ex presidente, trabaja como asesor externo de Endesa con un sueldo de 200 mil euros, la empresa que, por cierto, privatizó el mismo. Eduardo Zaplana, portavoz parlamentario del PP durante la presidencia de Aznar, abandonó la política y ahora trabaja en Telefónica de España. También Elena Salgado, ex ministra de Economía durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero, pasó a trabajar en la firma Endesa tres meses después de dejar el poder. La simbiosis entre partidos tradicionales y multinacionales explica las encendidas declaraciones de algunos políticos del PP y del PSOE pero no se condice con el origen ni el compromiso social que la petrolera ha tenido históricamente con el pueblo español.