Yolanda Iris Casco y su esposo, Julio César D’Elía, ambos uruguayos y militantes de izquierda, fueron secuestrados el 22 de diciembre de 1977 en su casa de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Estaban exiliados, pero un grupo de tareas de la Marina uruguaya cruzó el Río de La Plata y los detuvo, actuando bajo el mando de un enlace argentino. Julio César estuvo en el COT-1 Martínez, y Yolanda pasó por tres centros clandestinos. El 26 de enero del ’78, en el Pozo de Banfield, dio a luz a Carlos D’Elía Casco, apropiado ese mismo día por un marino retirado.

 

El hijo de Yolanda y Julio César recuperó su identidad en 1998, pero sus padres siguen desaparecidos. Son dos de los 160 casos que la justicia argentina comenzará a investigar en el marco de los crímenes imprescriptibles cometidos en el Plan Cóndor, el pacto genocida con que las dictaduras de América del Sur avanzaron, durante la década del ’70, en la eliminación conjunta y sistemática de sus opositores políticos.

 

Días atrás, el fiscal federal Miguel Ángel Osorio firmó un requerimiento de instrucción –al que Tiempo Argentino accedió en exclusiva– para empezar a indagar en esta larga serie de hechos, en los que personas de distintas nacionalidades –en su gran mayoría, uruguayos secuestrados y desaparecidos en suelo argentino– fueron víctimas de un aparato represivo coordinado como nunca antes se había visto en la región. Además del importante número de casos que el fiscal incluyó en su escrito, el otro dato a destacar es que una veintena de ellos ocurrieron antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.