La primera concesión privada de la gestión de residuos fue del infortunado período de la última dictadura cívico militar. Fue Osvaldo Cacciatore quien decidió que el patio de atrás de los residuos porteños fueran varios municipios bonaerenses y, además, que la recolección ya no la hicieran los empleados municipales sino Manliba, un consorcio con pata norteamericana y con Franco Macri como pata local. El convenio se extendió hasta 1989 y le permitió al padre del actual jefe de Gobierno tener una alta capacidad de decisión en los asuntos públicos porteños ya que la recolección de residuos era, y sigue siendo, el contrato más caro de la Ciudad de Buenos Aires. Treinta y tres años después, como si nada hubiera aprendido de los negocios de las empresas de su padre, el jefe de Gobierno corre el riesgo de enterrarse con la basura.

El primer problema de una larga lista es que está vencido el contrato de las empresas a las que se les habían adjudicado en el gobierno de Aníbal Ibarra, cinco de las seis zonas en las que se divide la operación de recolección. Al fin de la concesión quedaba un año de gracia que ya venció. El año pasado, cumplidos esos plazos, el Gobierno de la Ciudad había llamado a la licitación y la apertura de los sobres coincidió, curiosamente, con la explosión de la “causa suiza” que enfureció a Hugo Moyano y lo hizo amenazar con llenar la Playa de Mayo. Eso fue unos días después del acto del 11 de marzo en Huracán, donde el líder de la CGT había pegado el faltazo y empezaban a verse los primeros amagues de tomar distancia de la Presidenta.

Cabe recordar que el pedido de la fiscalía suiza era para establecer si existía alguna conexión entre la empresa Covelia y Hugo y Pablo Moyano. Esto que pasó hace más de un año fue el ariete de Clarínpara demonizar al líder camionero. El detalle, no menor, es que a la licitación de la basura en la Ciudad se había sumado Covelia, una empresa que había crecido muchísimo en los municipios del conurbano bonaerense.

Era la primera vez que daba el salto del otro lado de la General Paz. Para el momento en que Moyano amenazaba con desatar la ira, el gobierno de Macri ya había abierto los sobres número uno del llamado a licitación. Los número uno eran los sobres del plan técnico. Nunca llegaron a abrirse los número dos, que eran los que tenían la propuesta presupuestaria. Una fuente muy confiable le contó a este cronista que los empresarios de Covelia tuvieron la precaución de dejar en una escribanía las copias de esos sobres que nunca se abrieron. En ellos, los oferentes planteaban, más o menos de común acuerdo, un aumento sideral del orden del 70 por ciento de los aproximadamente 1.600 millones de pesos que correspondían al contrato del año 2011.

¿Por qué guardarlos bajo cuatro llaves? En primer lugar porque si la sociedad porteña se enteraba de que el presupuesto para la recolección de residuos crecía exponencialmente, de inmediato se hubiera dado cuenta de que el ingeniero Macri iba a aumentar los impuestos de alumbrado, barrido y limpieza en una proporción por lo menos similar. Eso sucedió, lo mismo y en mayor proporción, pese a que no hubo llamado a nueva licitación. En segundo lugar porque Covelia no quería quedar excluida por lo que podía ser una maniobra no sólo para desprestigiar a Moyano sino para dejarla fuera de juego de la próxima convocatoria.

Caben dos aclaraciones. La primera es que hay un vacío legal porque los plazos están vencidos pero que la actualización de las partidas para los concesionarios no se hace de modo arbitrario. Se respeta el criterio establecido por los contratos vencidos; esto es, en base a la actualización de los salarios promedio de los trabajadores. En el momento de hacerse los pliegos de licitación, cuando Eduardo Epszteyn era ministro de Ambiente de la Ciudad, el gremio de los recolectores quería que la actualización fuera en proporción a los aumentos de su gremio y, por consejo del economista Jorge Gaggero, se optó por el promedio general. No es una cuestión nimia: el 70 por ciento del presupuesto va a salarios y sólo el 30 por ciento va a la inversión y la ganancia empresaria. Es sabido que Moyano tiene una fuerza compacta en ese gremio y que su capacidad de presión amenazando con no recolectar residuos crea una situación tan conflictiva como, por ejemplo, un paro de subtes.

La segunda aclaración es que muchos supuestos periodistas investigativos se deleitan buscando la relación secreta entre Moyano y Covelia. Y la explicación del vínculo no debería buscarse en los supuestos fondos sino en que, con Covelia o con cualquier empresa, al aumentar los salarios también crece la proporción de aportes a las obras sociales, donde el moyanismo sí tiene más fondos y en consecuencia más poder. Cualquier intendente o secretario encargado del tema sabe que Moyano siempre está presente en la negociación de un contrato de recolección de residuos. Y eso no puede ser demonizado porque forma parte de la elemental función de la vida sindical. Qué hacen los dirigentes sindicales con la plata de los trabajadores es otra historia. Si construyen hoteles y hospitales puede disgustar a ciertos sectores de pensamiento clasemediero, pero eso es otra historia que cuando procede debe tramitarse en la Justicia o en las auditorías de los ámbitos sanitarios.

¿Dónde enterrar los residuos? El gobierno de Macri tiene que convocar a una nueva licitación y están pensando en duplicar los plazos de concesión. Esto significaría 10 años. La justificación es que, con tanta previsibilidad, las empresas reducirían sus gastos y aceptarían disminuir sus expectativas de ganancias.

Tratándose de un negocio siempre sospechado de manejos oscuros, significaría dejar atado a una licitación macrista al gobierno que llegue en las elecciones de 2015 a manejar los destinos de la Ciudad. En fin, algo no tan distinto de lo que le pasó a Raúl Alfonsín cuando lidió con Manliba hasta 1989. Cabe recordar que Carlos Grosso fue nombrado intendente municipal por Carlos Menem justo cuando vencía el contrato de Manliba. Grosso se había desempeñado por años en las empresas de Macri.

Ahora tiene un agravante. La ley de Basura Cero establecía plazos muy exigentes para reducir la cantidad de residuos que tenían que entregar a la Ceamse (Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) para ser compactados y luego enterrados. Para el año en curso, debía reducirse al 50 por ciento la cantidad de residuos enterrados, tomando como base 2006, el año donde entró en vigencia. Para 2020, la ley deja taxativamente prohibida la “disposición final” (curioso nombre, el mismo del libro de Ceferino Reato para referirse al destino de las personas detenidas desaparecidas). Los especialistas sostienen que ese objetivo es temerario y que jamás podría cumplirse. Pero los legisladores lo establecieron y nadie puede decir que Macri haya hecho algo para reducir, al menos un poco, la cantidad de basura que se entierra. No hizo absolutamente nada, salvo darles el reconocimiento a algunas entidades de recolectores de residuos urbanos (cartoneros) que son los únicos ecológicos, los únicos que separan basura orgánica del vidrio, el cartón, el papel y los metales.

Pero hay algo que puede enterrar un poco más al actual jefe de Gobierno. Tiene que ver con el destino de la basura. Después de muchos años, durante el gobierno de Ibarra ya se veía como imposible que la Ceamse encontrara un lugar donde enterrar la basura porteña. Las conversaciones con municipios más alejados del conurbano no daban resultados. Nadie se atrevía a ceder terrenos para ese destino porque era enterrarse ante sus propios vecinos. Y los rellenos sanitarios estaban repletos. Algunos, inclusive, habían crecido en altura porque no había alternativas. Claro, algo que no estaba en los reglamentos y que de ecológico no tiene nada. Entonces fue que surgió un convenio con el Ministerio de Defensa que habilitó un terreno inmenso en Campo de Mayo, que es donde actualmente van los residuos porteños. Pero ese lugar también se está saturando.

Macri decidió victimizarse cuando dijo que el proyecto de la senadora Cristina Fioramonti (Frente para la Victoria) en la Legislatura bonaerense era para fundir a la Ciudad. La propuesta de Fioramonti es poner un plazo de dos años para terminar con el enterramiento de residuos porteños en suelo bonaerense. En diálogo con este cronista, la senadora aclaró que el proyecto está en el circuito de comisiones y que los plazos surgirán de los consensos políticos y técnicos. Por lo tanto, el problema de Macri no es el proyecto de ley sino la cruda realidad: en poco tiempo, Campo de Mayo no podrá recibir basura. Además, esas tierras no son de jurisdicción bonaerense sino del Estado nacional. En esta andanada de amenazas e incumplimientos del jefe de Gobierno porteño respecto de las autoridades nacionales, Macri corre el riesgo de que alguien le corte el acceso a Campo de Mayo. Desde ya, el jefe del PRO, con ambiciones presidenciales para 2015, tendría una razón más para victimizarse. Pero dejaría una vez más en claro cuáles son sus capacidades en materia de previsión y gestión.

Por un lado, Macri debería pensar seriamente en destinar recursos a la diferenciación de basura en origen. Tanto domiciliaria como industrial y comercial. Por el otro, deberá pensar que no puede dejar cautivos a los porteños de contratos multimillonarios por una década. Pero, además, queda algo que excede la incompetencia del actual jefe de Gobierno: sin lugar para enterrar residuos, queda la incineración, un método mucho más caro.

¿Moyano y Macri? En la decisión de confrontar con la Presidenta, Macri constató que le queda poco espacio para aliarse con las fuerzas políticas con representación parlamentaria a nivel nacional. Particularmente por la buena aceptación que tuvo, entre radicales y fuerzas del espacio del Frente Amplio Progresista, la nacionalización del 51 por ciento de las acciones de YPF. Lo que parece cautivar a algunos analistas es que Macri se habría convencido de que podía buscar alguna alianza con Moyano. No faltaron quienes vieron un signo de ese acercamiento en el acto convocado por Moyano el pasado 25 de abril en Parque Roca. Allí el dirigente camionero celebró el pago de las indemnizaciones por parte de Macri. Era una deuda acumulada que, en algún momento debía saldarse. Pero el jefe de Gobierno eligió ponerle el cuerpo y hasta promover un bono de proveedores para que las empresas concesionarias saldaran su parte de la deuda. Este gesto de Macri puede ser leído como una brillantez táctica por parte de algunos –pocos– de sus seguidores. El voto PRO no es precisamente una adhesión visceral a los morochos que se desloman recogiendo la basura. Son demasiado duros, demasiado peronistas y demasiado moyanistas como para volverse una pata PRO. En todo caso, será Moyano quien tenga que pagar el precio de, siendo tan duro y tan peronista, haberse alejado tanto de la Presidenta y no dejar de maquillarse cada vez que va a los programas de Joaquín Morales Solá o de Edgardo Alfano y Marcelo Bonelli.