El juez federal Ariel Lijo decidió ayer unificar la causa que investigaba los delitos de lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública en el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone, con la que investiga si el vicepresidente Amado Boudou se enriqueció de forma ilícita. De esa forma, el magistrado decidió contener los expedientes bajo el paraguas del enriquecimiento ilícito. La medida derivó en el apartamiento del fiscal Carlos Rívolo: el juez no se pronunció sobre su pedido de recusación y, directamente, lo declaró “abstracto”.

La instrucción quedó en manos del fiscal Jorge Di Lello. Aun así, Lijo rechazó el pedido de nulidad del allanamiento al departamento de Boudou, solicitado por la defensa de José María Núñez Carmona, y ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre el vicepresidente y su entorno.

En un solo movimiento, y a través de tres resoluciones, el juez Lijo unificó los expedientes, corrió a Rívolo sin directamente expedirse sobre el pedido de recusación, dio por válido el allanamiento en Puerto Madero y ordenó una serie de medidas a organismos oficiales para conocer el patrimonio de los imputados.

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