Para el campo nacional y popular el Estado debe garantizar el crecimiento y una más justa distribución del ingreso que corrijan las inequidades de ese mismo crecimiento. El Estado de bienestar significa en nuestra región la coexistencia de un proceso de desarrollo industrial que incorpora en forma creciente trabajadores, expansión del trabajo asalariado que se convierte en el núcleo a partir del cuál se tejen derechos que el Estado debe ampliar y garantizar.

Una muestra clara de la interrelación entre el crecimiento económico y la participación del Estado se nota cuantitativamente en el período 1983/2011, cuando –con una tasa de crecimiento del PIB acumulada del 94%– la participación del Sector Público paso del 26% a más del 40% del PIB. Esa mayor participación ha significado más obra pública, más subsidios energéticos, más apuntalamiento a la producción, más planes de apoyo al empleo y a la capacitación, más educación , más salud, más asistencia social, más jubilaciones, y demás.

Ahora bien, es necesario financiar el gasto público y para ello es imprescindible cobrar impuestos a los sectores que tienen mayor capacidad contributiva y que, paradójicamente, no contribuyen en la misma proporción a la producción de valor agregado y a la creación de puestos de trabajo, en el marco de un sistema tributario que ha mejorado mucho con respecto al heredado por la dictadura militar y el menemismo cuando observamos que los impuestos que gravan los bienes y servicios, que en los ’90 explicaban el 53,1% de la recaudación, en el periodo 2007-2011 lo hacen en un 36,0%, y que, como contrapartida, aumentaron su participación los gravámenes al comercio exterior, que pasaron de explicar el 4,8% al 14,3% entre ambos períodos; o los impuestos sobre la propiedad, que representaban el 2,9% en los ’90 y el 8,8% en el período 2007/11.

Aún así es evidente que el sector que proporcionalmente menos paga y que menos puestos de trabajo genera es, principalmente, el sector sojero. El complejo en su conjunto registró ingresos por exportaciones en 2011 por unos u$s 20.500 millones. El impuesto inmobiliario rural de todas las producciones de la provincia de Buenos Aires fue de unos u$s 500 millones. Esa brutal diferencia entre lo que se recauda y la producción surge de la baja valuación de las tierras, que en la zona núcleo de la soja ronda los u$s 18.000 por hectárea, pero tienen una valuación fiscal veinte veces menor. El sector es alcanzado en sus ventas externas por los derechos de exportación, pero debe contribuir a los fiscos provinciales y a la Nación por el derecho de propiedad, para lo cual es imprescindible un correcto catastro territorial, una clara definición de las unidades productivas y la identificación de los propietarios.

Otra forma complementaria y aún vigente de perseguir la equidad tributaria con la producción rural es retomar los conceptos de la Ley 20.538/73 de renta normal potencial de la tierra, que se instrumentó a través del gravamen a las tierras libres de mejoras en los años 1974 y 1975 para ser derogada por la dictadura militar de Videla-Martínez de Hoz, en la convicción que se puede hacer una estimación de esa renta potencial sojera para garantizar la necesaria inversión en el sector y con ello asegurar la imprescindible transformación de las condiciones de producción y de sus productores.