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Política

21.05.2012 | 04:05 |

Espionaje, negocios y seguridad

Existen sobrados motivos para pensar que la asociación habría permitido que la SIDE escuchara ilegalmente los teléfonos de Néstor Daniel Leonardo, cuñado de Macri, y de Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas del impune atentado perpetrado contra la AMIA, el 18 de julio de 1994.

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Hace ya larguísimos 21 meses, en junio de 2010, la Cámara Federal confirmó con fallo unánime el procesamiento de Mauricio Macri. Se lo acusaba entonces de integrar una “asociación ilícita” dedicada al espionaje ilegal. Dicha “asociación” también estaría integrada por el ex agente de inteligencia Ciro James, el ex policía federal y frustrado titular de la Metropolitana Jorge “El Fino” Palacios y Mariano Narodoski, ex ministro de Educación del PRO. Todos ellos fueron procesados en compañía de un grupo de jueces y policías misioneros, dado que existen sobrados motivos para pensar que (mediante una compleja cadena de complicidades, donde los misioneros no tendrían un lugar menor) la asociación habría permitido que la SIDE escuchara ilegalmente los teléfonos de Néstor Daniel Leonardo, cuñado de Macri, y de Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas del impune atentado perpetrado contra la AMIA, el 18 de julio de 1994.

El juez Oyarbide terminó por dar “vista” a todas las partes; ya era tiempo, al completar la etapa de instrucción, esto es, el paso previo a la definitiva instancia oral y pública. Sin embargo, nadie cree que el juicio asome las narices durante el año en curso. Y no faltan los “expertos” que sostienen que muy probablemente casi coincida con las elecciones parlamentarias de 2013. “Es más de lo mismo”, sostuvo el jefe de gobierno porteño. Para Macri, la tropa de Cristina Fernández quiere minar en el plano judicial sus aspiraciones presidenciales, pero Mauricio niega que vaya a pedir licencia ahora. En todo caso, cuando el juicio arranque el discurso volverá a cambiar.

¿El motivo de tan arrogante determinación? La causa judicial sería un “invento del kirchenrismo para complicar el día a día de la Ciudad”. Y en ese punto las aguas parecieran dividirse tajantemente: los que defienden la tesis de la maniobra, en una vereda; los que consideran la culpabilidad de Macri, en la otra. Por eso vale la pena recordar lo que hace 23 meses sostuviera Elisa Carrió. “Hay que esperar: ni la victimización ni tampoco el que acá no ha pasado nada.” La diputada apuntó contra Oyarbide: “Yo lo acusé en su momento por corrupción. Después lo salvó el Senado. Era un hombre muy cuestionado”, y enseguida añadió: “También los hechos que se le imputan a Macri son ciertos y esta es la diferencia con otras operaciones políticas. Las escuchas existieron, Macri designó a ‘El Fino’ Palacios sabiendo que era un delincuente. Vamos a esperar lo que decida Oyarbide, pero no sólo Oyarbide…, vamos a esperar lo que decida la Cámara. Si Oyarbide lo procesa y la Cámara confirma, ahí tendríamos la seguridad sobre Macri.”

En rigor de verdad las acusaciones contra Macri son graves. Según la Cámara Federal, se demostró que el jefe de gobierno montó “una estructura de inteligencia subterránea”, de carácter “clandestino” (como una “vertiente paralela” de la Policía Metropolitana), y prueba de ello son los casos de pinchaduras telefónicas detectadas. Sin embargo, aunque la causa avance, la Cámara de Casación seguirá en condiciones de revertir la situación de Macri. Es que el tribunal tiene para resolver pedidos de la defensa, y apartar o no apartar a Oyarbide de la causa. No sería habitual tamaña decisión. Como Casación actúa cuando hay presos o hechos irreparables, más bien se espera que las instancias sigan su curso.

¿Por qué recién ahora se reactiva la causa? Según Oyarbide, porque pese a que la Cámara de Casación no se pronunció, ya pasó mucho tiempo y debe respetarse la “garantía del plazo razonable”. No falta quien sostiene que mientras Casación tenga recursos pendientes queda suspendido el curso judicial. Por eso, Oyarbide subrayó que está cumplida otra garantía procesal, la de la “doble instancia”, porque la Cámara confirmó el procesamiento. El misterio, en definitiva, quedará despejado a la mayor brevedad. Los integrantes de esa Cámara son conscientes de que su determinación no puede demorarse más, sin pagar un elevado costo político.

LA CUESTIÓN INMOBILIARIA. Macri ganó las elecciones porteñas con una promesa explícita: construir una ciudad country. Una megalópolis sin cartoneros revolviendo los tachos de basura – después de todo se trata de un negocio millonario, que no hay por qué compartir con los pobres del Gran Buenos Aires–, con policía propia y servicios privatizados de buena calidad a precio razonable. El ejemplo de la marcha en esa dirección pasó y pasa por un proyecto piloto: “Solares de Santa María del Plata”, el primer barrio privado de la capital, diseñado hace casi una década por el holding perteneciente a Eduardo Elsztain en los terrenos de la vieja ciudad deportiva del Club Boca Juniors, ubicado frente a la villa Rodrigo Bueno, a metros de Puerto Madero.
La ofensiva legal para obtener su aprobación casi resultó exitosa, cuando el texto estuvo a punto de ser aprobado sobre tablas, pero el desempate de Julio Raffo (Proyecto Sur), devolvió el proyecto enviado por Macri a comisiones. Con ese retroceso a cuestas, en los pasillos varios legisladores admitieron, al menos para el diario La Nación, que habría “interesados en hacer lo que sea necesario para conseguir su aprobación”. El sueño de Mauricio parecía posible; la reactivación económica nacional permitía pensar en emprendimientos tan onerosos. Pero la marcha de la crisis global y su impacto sobre la balanza comercial, y por tanto sobre la marcha general del proceso económico, trabó la venta de inmuebles; y las inversiones en ladrillos empiezan a ralentarse. Es que la diferencia de precios entre el valor del metro cuadrado entre Madrid y Buenos Aires desapareció. El derrumbe de los precios españoles, para citar un solo ejemplo, volvió mucho menos interesantes los valores locales. Cuando la diferencia era grande (15 mil dólares en Madrid, 3000 en Buenos Aires, para construcciones del nivel de Puerto Madero), las inversiones llovían. Dejaron de hacerlo, y muy pocos esperan que esa tendencia se modifique en el corto plazo.

LA SEGURIDAD PORTEÑA. La Policía Metropolitana fue, si se quiere, el principal argumento de Macri en materia de seguridad. Y la seguridad, se sabe, es un tema caro a la sensibilidad de un sector extendido de la sociedad porteña, sin olvidar su inmediata repercusión mediática. En la ensoñación de capas medias ( transformar Buenos Aires en un gigantesco barrio privado), Palacios “garantizaba” metodológicamente la viabilidad de la propuesta; por tanto, Macri apostó todas las fichas a una marca profesional, y sin embargo perdió.

La lógica macrista se resiste a entender que algunos cambios son irreversibles en la sociedad argentina. Al menos, mientras el gobierno goce de su actual nivel de apoyo popular. Si algo le cuestionan a Daniel Scioli, precisamente, es que resulta muy blando con los terratenientes de la Pampa Húmeda, y por eso el impuesto inmobiliario no se modificó en 15 años y por tanto los ingresos bonaerenses no crecen, al tiempo que su sistema carcelario no sólo resulta de una dureza inenarrable, además su nivel de eficacia resulta sumamente inadecuado e impresentable.

Dicho con sencillez: el viejo programa de seguridad a la Blumberg –con mano dura y sin garantías para el pobrerío– perdió consenso. Esa batalla divide aguas entre las huestes oficialistas, y lo que resulta inviable para Scioli difícilmente funcione para Macri.
 

 

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