El tribunal de alzada rechazó un recurso de queja del jefe de gobierno porteño.

El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, recibió ayer tres malas noticias. La peor de ellas es que ya prácticamente no le quedan recursos judiciales para evitar el juicio oral en el que está imputado de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a espiar ilegalmente a enemigos políticos y rivales familiares. La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento y ello –sumado a que el juez federal Norberto Oyarbide resolvió hace tres semanas dar por clausurada la etapa de investigación y correrle “vista” a todas las partes–, el paso previo a elevar la causa a la etapa de debate. En las últimas horas, los tiempos se precipitaron. El jefe de gobierno podría estar sentado en el banquillo de los acusados el año próximo.

Aquella vieja causa estalló en 2010, cuando el dirigente de la comunidad judía Sergio Burstein recibió un aviso que le indicaba que sus teléfonos estaban intervenidos y destapó una compleja trama de interrelaciones que unían a ex policías federales devenidos en metropolitanos, jueces misioneros, espías vernáculos y ministros del gobierno porteño. No sólo Burstein, quien se oponía tenazmente a la designación de Jorge “El Fino” Palacios como jefe de la Policía Metropolitana por sus antecedentes negativos en la investigación por el atentado contra la AMIA (irá a otro juicio oral por esa cuestión), era espiado por esa suerte de aparato paralelo y clandestino de inteligencia que, según determinaron los jueces hasta ahora, estaba enquistado en la administración de la Capital Federal. También un cuñado de Macri, Néstor Leonardo, a quien la familia –especialmente papá Franco– no ve con buenos ojos, era objeto de ese espionaje.

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