El fallo fue revocado a instancias de la Procuración General de la Nación que apeló la decisión de la Cámara que disponía la libertad de los enjuiciados bajo caución personal suficiente para asegurar su comparecencia en juicio.

En su resolución, los ministros Rciardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni invocaron un fallo anterior que fija excepciones al otorgamiento de libertades y dispusieron la devolución de los expedientes a los tribunales de origen, a fin de que se dicte una nueva con arreglo a ello.

Se trata del fallo Guerrieri aplicable “a casos donde se investiguen delitos graves y complejos –con multiplicidad de resultados graves y concursos reales plurales” y que ahora la Corte refrendó para este caso de “crímenes de lesa humanidad respecto de los cuales, además, la Nación tiene el deber internacional de sancionarlos e impedir su impunidad”.

Los beneficiados, en su mayoría ya condenados en otras causas, eran María Eva Aebi, Víctor Hermes Brusa, Héctor Colombini, Adolfo Donda, Abel D. Dupuy, Pablo García Velasco, Manuel Jacinto García, Oscar Montes, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller, Carlos Capdevilla,, Mario Facino, Carlos Generoso, Antonio Pernías y Eduardo Ramos Campagnolo.

Los nombrados se encuentran acusados de haber cometido diversos hechos ilícitos tales como tormentos, privaciones ilegales de la libertad y homicidios calificados de lesa humanidad.