Tras cuatro años de crisis global, Cristina y Dilma reclamarán una vez más a Europa y los Estados Unidos que abandonen de una vez por todas las políticas de ajuste y de apoyo al negocio financiero y pongan el eje en la producción, el empleo y la inclusión social.
En medio del progresivo derrumbe de Europa, la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández, y su par de Brasil, Dilma Rousseff, arribarán a Los Cabos, México, para participar este lunes de la cumbre de mandatarios del G-20, en donde reclamarán una vez más a la Unión Europea y a los EE UU que dejen a un lado las políticas de recortes del gasto y pongan en marcha medidas que favorezcan el desarrollo. Tanto Brasil como la Argentina llegan a Los Cabos exhibiendo números de crecimiento y empleo envidiables para los países del Primer Mundo, pero más débiles que los que mostraron en 2010 cuando aún no habían sido golpeados por la crisis internacional. Rousseff le dirá a sus pares lo mismo que le indicó hace un par de semanas al rey de España Juan Carlos I de Borbón, que para emerger de la crisis se hace indispensable que el mundo ponga en marcha políticas que favorezcan la creación de empleo y la distribución de la renta con inclusión de los sectores más pobres. Cristina también reclamará a los países centrales que cumplan un papel más protagónico para emerger de la crisis en lugar de proponer planes que profundicen la recesión. Ambos países han tenido en la última década un proceso de desarrollo con inclusión que permitió incorporar al sistema económico a millones de personas que estaban marginadas del mercado, amparados en procesos que se caracterizaron por la recuperación del Estado como rector de la economía, el fomento de la producción y fuertes políticas sociales. En la última década, Brasil logró sumar al mercado interno a unas 40 millones de personas y redujo el desempleo al 5,7%, gracias un sostenido crecimiento que le permitió acumular una mejora del PBI del 40%. Cristina también exhibirá los pergaminos de la Argentina que, salvo en 2009, creció a tasas chinas de entre el 8 y el 9% entre 2003 y 2011, período en el cual la desocupación se redujo de más del 20% al 7,1 por ciento.
Sin embargo, en los últimos meses el proceso de crecimiento de los dos referentes de América del Sur se ha ralentizado por el impacto en sus economías de la incertidumbre financiera y socioeconómica que atraviesa Europa y las luces intermitentes que emanan desde los EE UU. En Brasil la tasa de crecimiento cayó al 2,92% el año pasado y el primer trimestre de este año se empezó a sentir la desaceleración de la industria que pone en jaque las expectativas para el 2012. Mientras tanto, la Argentina creció el 5% en el primer trimestre, pero también se vislumbran signos de cansancio en sectores estratégicos, como el fabril y la construcción. Las recomendaciones de Brasil y Argentina a Europa y los EE UU están marcadas por la realpolitik. La debilidad de los grandes actores de la economía mundial golpea directamente a China y Brasil, y por añadidura también tensa la realidad económica de la Argentina, que observa cómo la desaceleración de sus dos principales socios afecta su comercio exterior, ya sea por la menor venta de productos industriales o por la avalancha de los excedentes comerciales a bajos precios de otros países. China comparte la preocupación de Argentina y Brasil, y lleva el mismo libreto. En la presentación que hizo en Beijing, el vicecanciller de China, Cui Tiankai, mostró alguna de las cartas que presentará su presidente Hu Hintao en Los Cabos. Cui recordó que el problema central de los países miembros es la generación de un crecimiento firme y el mantenimiento del impulso de la recuperación económica. Por ello, toda la atención del G-20 va a estar puesta en las recetas que se propongan para hacer frente a la extensa crisis financiera y socioeconómica que abruma a Grecia, España, Portugal, y que amenaza con expandirse como una mancha de petróleo por el resto de la Unión Europea. Hasta el momento, han predominado las políticas ortodoxas de Alemania y el FMI, que promueven el desmantelamiento del Estado de Bienestar, con fuertes recortes en los presupuestos de salud, educación, jubilaciones, reducciones de salarios y aumentos de impuestos entre los segmentos medios. Pero en lugar de resolver el problema, la receta neoliberal fue como quitarle el respirador a un asmático en plena crisis.
La desocupación en España pasó de afectar a 2.353.575 en mayo del 2008 a 4.714.122 en el mismo mes de este año. La tasa de pobreza también se duplicó desde el 2007 hasta alcanzar al 21,8% de la población. No obstante, las políticas de “austeridad”, como las denominan eufemísticamente en Europa, no sólo agravaron el panorama económico y social sino que empeoraron los niveles de endeudamiento que supuestamente se buscaba atenuar con las reducciones presupuestarias. En el primer trimestre de 2008, el endeudamiento de las administraciones públicas españolas alcanzaba el 35,5% del PIB, lo que se traducía en una deuda de 377.917 millones de euros. En la actualidad, las administraciones deben 774.549 millones de euros, el 72,1% del PIB.
Con la excusa del endeudamiento, la titular del Fondo, Christine Lagarde, presiona a España para que acelere el proceso de transferencia de los activos del sector público al privado, aumente los impuestos y reduzca los salarios de los empleados públicos. Lo curioso es que en medio de esta hipercrisis económica, España recibió U$S 125 mil millones de la UE para rescatar a los bancos en problemas, aunque el dinero sólo sirvió como un paliativo, porque se estima que la insalubridad del sistema financiero español es tal que se necesitarían otros U$S 625 mil millones para apagar el incendio. Sin embargo, todos los ojos de los líderes estarán puestos en la posibilidad de que, tras la debacle socioeconómica, Grecia decida abandonar el euro y se produzca una implosión en la UE de consecuencias económicas imprevisibles en el mundo. Por ahora, la agenda pendiente del G-20 es la misma que se ha discutido en los últimos cuatros años y en la que prácticamente no se han producido mejoras; fuertes controles a los flujos de capitales, aliento e incentivos a las políticas productivas de empleo e inclusión social, eliminación de los paraísos fiscales y limitaciones a las calificadoras de riesgo, democratización de los organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, entre otras.
A primera vista parece difícil que se avance en alguno de estos puntos, debido a la ausencia de un liderazgo político a nivel mundial que, en vez de proteger a los grupos de financieros que fagocitan al sistema democrático, resguarde la idea más romántica de un capitalismo basado en la producción y el empleo. Este último es el mensaje que llevarán Cristina y Dilma al G-20.