El fallo de la Corte Suprema en la Masacre de Pompeya dejó sin efecto la sentencia que imponía a Fernando Carrera 30 años de prisión por robo agravado, tres homicidios y lesiones. En consecuencia, Carrera recuperó su libertad y aguarda un nuevo juicio, luego de siete años y cuatro meses sin libertad por crímenes que siempre negó. No tan atrás quedan los años en los que un matrimonio con tres hijos pequeños padecieron la cárcel.

La Corte Suprema sostuvo que no hubo una revisión integral del fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal y que no se trató la negación de Carrera, que dijo haber sido víctima del accionar ilegal de la policía que fraguó las actuaciones y plantó un arma para acusarlo. Raúl Zaffaroni agregó que el caso revestía gravedad institucional por la violencia empleada, que imponía la obligación de prestar especial atención para controlar debidamente las acciones de la policía cuando instruyen actuaciones donde ellas mismas se encuentran involucradas. El cuadro probatorio, dijo, era confuso y llamaba la atención el alto número de impactos sobre el vehículo de Carrera–que no fue reconocido por ningún testigo–.

El armado de causas por parte de las policías (tanto la Federal, como la Bonaerense y otras provinciales) es una práctica de larga data. Años atrás la Procuración General de la Nación (que en el caso de Carrera jugó un rol más que cuestionable a través del fiscal Luis González Warcalde) llevó a cabo una investigación por la que constató –y así lo denunció ante la justicia federal– que varias comisarías estaban implicadas en el armado de causas penales, sin ahorrar medios, incluso con muertos para que no se rebatiera su versión. Seguramente, aguardaron que Carrera no sobreviviera a la balacera que le propinaron. El armado de causas guarda relación con las amplias funciones de las policías en las investigaciones judiciales y con el casi nulo control de jueces y fiscales, que muchas veces legitiman su accionar criminal.

El armado de causas responde a la relación de las policías con el crimen. En las causas de narcotráfico, por ejemplo, las policías mantienen, sin un verdadero control, investigaciones durante años –con actividades de inteligencia y escuchas telefónicas sobre un amplio número de personas–, que les permite disponer de recursos y negociar con cabecillas para evitar la persecución penal a cambio de dinero u otras vituallas. El armado de causas también se utiliza para ocultar sus propios crímenes. Para ello, necesitan que otros queden atrapados en las redes judiciales y paguen por los que negocian.

Se trata de una forma fácil y rápida de obtener reconocimiento, ascensos y dinero de parte de sus superiores. Si eso va de la mano de la ratificación judicial –muchas veces con felicitaciones incluidas en las resoluciones–, mucho mejor. El reconocimiento, si es mediático, mucho más efectivo. Y allí comienza a tallar la relación de las policías con los medios de comunicación (esto también es parte de la campaña de miedo que se instaura para hablar de inseguridad). Y en este punto cabe una pregunta: ¿Por qué motivos se permite que las policías tengan oficinas de prensa en lugar de ser potestad exclusiva de la autoridad política? Si se arman causas y luego se difunden como operaciones exitosas (un resabio de la dictadura, por cierto), los responsables quedan cerca de la vil cocarda, luego refrendada por jueces y fiscales que escuchan a esos mismos policías como testigos, como si se tratara de personas completamente ajenas a los hechos, sin ningún interés en el resultado. Una mentira que lamentablemente se transformó en práctica judicial. Y esta práctica es la que permite que la conducta criminal de las policías se reitere año tras año. Deben reformarse los códigos procesales para impedir estas maniobras, pero fundamentalmente deben cambiar los jueces su visión de la actuación policial y comprometerse con la búsqueda de justicia y no con los crímenes y las barbaridades que cometen las policías en perjuicio de muchos. Y el poder político controlar ambas actividades.

El caso de Carrera se difundió a partir de la película de Piñeyro y por la adhesión que concitó. Pero hay muchos, demasiados Carrera en las cárceles argentinas. Él y su familia están libres. Pero la sociedad argentina continúa cautiva porque no se puede quitar el lastre de estas prácticas estatales francamente abominables