Los grupos económicos también fueron la dictadura”, rezaba el eslogan en el acto conmemorativo del 36º aniversario del golpe de Estado. El caso emblemático que corrobora esta afirmación sostenida por los organismos de derechos humanos es el juicio contra Pedro Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, que se desarrolla en Jujuy. Al empresario se lo acusa por su rol en dos operativos diferentes: el secuestro y la desaparición del ex intendente de Libertador General San Martín, Luis Aredez, quien fue “chupado” en mayo del ’77. Y por la privación ilegítima de la libertad de otras 27 personas en la causa Burgos, que investiga el operativo de “La Noche del Apagón”, que ocurrió en julio de 1976. La gran cantidad de pruebas recolectadas en este proceso refleja el estrecho vínculo que mantuvieron las grandes corporaciones con la última dictadura militar. “Muchos civiles fueron tan responsables del genocidio como los militares –afirmó a Veintitrés Luis Alén, subsecretario de Derechos Humanos–. Se trató de una dictadura cívico-militar, donde se impuso un modelo económico. Los civiles dirigieron ese modelo de país que se instrumentó mediante el disciplinamiento del terror de la sociedad argentina”. Esos civiles vestían todo tipo de ropajes que les permitieron adaptarse incluso en democracia.

Los elementos de prueba con que cuenta la Justicia para imputar al dueño de la azucarera son variados: investigaciones realizadas por antropólogos, declaraciones de testigos, testimoniales y allanamientos. Según Pablo Pelazzo, fiscal ad hoc en el juicio y ex querellante, “durante un allanamiento se encontraron documentos relacionados con personas desaparecidas en la empresa. También hubo vehículos con logos de la compañía que se utilizaron para transportar secuestrados. Así surge del testimonio de las víctimas, quienes relataron cómo los detenidos-desaparecidos eran llevados a predios de la empresa, como el destacamento de Gendarmería que estaba dentro del ingenio. También se encontraron fotografías de la esposa de Blaquier con la esposa de (el dictador Jorge Rafael) Videla en la empresa”, relató el letrado a esta revista. “El caso de Blaquier –sumó Alén– es como el de otros empresarios que participaron del terrorismo, donde la represión tuvo por objeto eliminar todo foco de resistencia y cuestionamiento al modelo patronal que se impuso”.

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