Hasta algún tiempo atrás la ministra de Seguridad, Nilda Garré, hizo por costumbre citar a su despacho a comisarios, a veces de a tres, como para charlar entre otras cosas el asunto de la gestión concreta, los resultados a los que habían llegado los jefes policiales. Se trataba también de ver cómo categorizaban o informaban sobre su tarea. Ella misma recrea alguno de esos encuentros:

“Yo les preguntaba: ‘¿Cuántos hechos de narcotráfico resolvió.’ ‘Tantos.’ ‘Ajá. ¿Consumidores o dealers.’ ‘No sé, habría que ver.’ ‘A ver, démelos, uno por uno.’ Entonces yo agarraba carpeta por carpeta y a uno le habían encontrado un cigarrillo de marihuana, y a otro una pelotita para hacer otro. Entonces yo les decía: ‘Escúcheme, usted me agarró un consumidor…’ ‘Pero, doctora, ¡son sustancias prohibidas!’”.

La anécdota permite describir no sólo una cultura policial excusada en graves argumentos morales o legales, sino un modus operandi conocido que a la vez de ineficiente y trabajoso (para las fuerzas de seguridad y para sumar papeleo en Tribunales), permitía sin querer queriendo detener perejiles y dejar tranquilos a los pesados. Al día de hoy, la ministra da a entender que quiere ver más resultados de la gestión policial cuando se trata de narcotráfico.

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