Antes del inicio del corriente año, Mauricio Macri envió a la Legislatura de la Ciudad una reforma fiscal, que hizo aprobar imponiendo el número de su propio bloque más algunos aliados que se dicen progresistas, y que tiene como objetivo lograr que los porteños le paguen cada vez más impuestos a la Ciudad y menos a la Nación.
Es así como la reforma fiscal estableció que, a partir de ella, los inmuebles ubicados en territorio porteño cuentan con dos valuaciones fiscales: una que por supuesto ha recibido una fuerte actualización de hasta el 100% que los vecinos sienten en sus bolsillos al momento de abonar el ABL (llamada Valuación Fiscal Homogénea), y otra que ha sufrido una actualización menor y que se pretende desde el gobierno de la Ciudad que sea la que los vecinos utilicen al momento de confeccionar sus declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales. Este último, de orden nacional y coparticipable; y por el cual los porteños dejarán de tributarle a la Nación una cifra que se puede estimar en orden de los 450 millones de pesos anuales.
Para graficarlo, el efecto concreto que esta medida tiene es que el gobierno de la Ciudad le dice a cada vecino: “Mire, para que usted me pague impuestos a mí, su casa vale 400, pero para que le pague impuestos a la Nación su casa vale 100.” Un verdadero disparate.
No hay dudas de que las medidas concretas siempre responden a una concepción ideológica, más o menos explícita, que las sustentan. En este caso lo que está en juego es nada más y nada menos que uno de los pilares que nos definen como Nación. Una Nación para ser tal debe tener elementos comunes de cohesión tales como: una jurisdicción (es decir un territorio definido en el cual un Estado es políticamente soberano), una historia que dé cuenta de la voluntad de las distintas poblaciones preexistentes en el territorio de conformar un único pueblo, una lengua común, un himno, una bandera, una única moneda y sistema solidario de financiamiento. Este último se materializa a través de una ley de coparticipación federal, mediante el cual el estado nacional recauda impuestos en todas las jurisdicciones subnacionales en función de su capacidad contributiva y luego los distribuye entre ellas en función de sus necesidades. Para cumplir con esta esencial función es condición necesaria que se trabaje con un criterio de complementariedad entre las distintas administraciones fiscales (Ciudad y Nación en este caso). Pero Macri eligió otro camino, el del egoísmo y la mezquindad a la hora del reparto de las cargas por sobre el de la solidaridad que sustenta nuestra organización federal.