Esta mañana los metrodelegados discutieron cómo responder a la conciliación obligatoria. Para tomar una decisión, resolvieron esperar la reunión convocada para la 10 en la Subsecretaria de Trabajo. Del encuentro también participará el otro sector gremial, la Unión Tranviarios del Automotor (UTA), la empresa concensionario Metrovías, y el gobierno de la Ciudad.

La justicia porteña, ayer dio un primer paso para destrabar el conflicto salarial entre los metrodelegados y la empresa Metrovías, y también abrió una salida legal a la tirante negociación entre la Casa Rosada y la gestión PRO, por la devolución a la Ciudad de las seis líneas de subte y el Premetro. La confirmación de ese impacto surgió anoche, cuando la Subsecretaría de Trabajo del gobierno porteño ordenó, por primera vez en cinco años, la conciliación obligatoria para que la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), levante la medida de fuerza más extensa que vivió el metro porteño desde que fue privatizado en 1994 y retome las negociaciones salariales con la concesionaria del subte, perteneciente al Grupo Roggio.

La conciliación fue dictada pasadas las 22 y es la primera vez que la gestión PRO decide utilizar sus atribuciones de autoridad laboral para obligar a los metrodelegados a cesar sus medidas de fuerza y retomar la paritaria que lleva medio año de postergaciones.

La resolución lleva el número 1015 y fue anunciada anoche por Ezequiel Sabor, titular de la Subsecretaría de Trabajo porteña, junto al procurador general Julio Conte Grand. "Es la continuidad del proceso que inició la jueza y que implicó armar una mesa de trabajo en la sede de la Subsecretaría para que la empresa y los gremialistas alcanzaran un acuerdo. Sin embargo, estuvieron reunidos siete horas sin alcanzar ese acuerdo", contó el procurador, cuyo organismo avaló la transferencia del subte a principios de enero, cuando ofreció todos los argumentos para que la Ciudad aumentara la tarifa del boleto del subte de $ 1,10 a 2,50. Las palabras de los dos funcionarios porteños confirmaron el cumplimiento del fallo que firmó este jueves Patricia López Vergara, titular del sexto juzgado contencioso administrativo y tributario del Poder Judicial porteño, que interviene en el conflicto desde el viernes, a partir de un amparo presentado por la legisladora porteña del Frente para la Victoria (FpV) María José Lubertino.

Luego de cuatro días de largas audiencias entre Metrovías, los metrodelegados, la UTA y funcionarios del gobierno porteño, la magistrada decidió dictar el amparo, tras el fracaso de todas las negociaciones. Dentro de las 16 páginas del fallo, la jueza recorrió toda la arquitectura legal de la relación entre Nación y Ciudad sobre el subte y sobre el fracaso de todas las mediaciones que impulsó. Responsabilizó a los dos gobiernos del empeoramiento del conflicto, por "la omisión por parte del gobierno porteño en asumir la titularidad del servicio", y la "falta de disponibilidad de los fondos provenientes del subsidio del Estado Nacional" que "han derivado en consecuencias funestas para los vecinos de esta ciudad y quienes la transitan o ingresan diariamente a la misma". La magistrada cargó también contra Metrovías, cuando recordó que "la concesionaria procedió al retiro total de 20 formaciones de la prestación del servicio", que todavía no fueron devueltos a circulación.