Muchos de los sucesos más importantes de la actualidad política argentina están cruzados por la actividad sindical. En el conflicto del subte, en las internas que rodearon a la Ley Conti, en las repercusiones de la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados y en las reuniones de los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, los sindicalistas tuvieron algún grado de participación.
El proyecto de la diputada Diana Conti para que los depósitos judiciales pasen del Banco Ciudad al Banco Nación generó repercusión no sólo en el ámbito político –con la consecuente victimización del gobierno de la Ciudad– sino también al gremial. La Bancaria y la Asociación del Personal Jerárquico del Ciudad realizaron el miércoles un paro en la entidad porteña, en rechazo de la quita de financiamiento al banco, que según distintas fuentes estaría entre el 30 y el 40% del total.
Pero al mismo tiempo, los trabajadores del Ciudad están reclamando al gobierno porteño por no pagar los sueldos de los trabajadores municipales a través del banco. Actualmente, los empleados de la Policía Metropolitana no cobran sus salarios en el Ciudad, sino que lo hacen en un banco privado. Y, según reveló Tiempo Argentino, Mauricio Macri también lanzó una licitación para que 123 mil cuentas sueldo sean administradas por entidades privadas. El gobierno porteño se queja porque el nacional buscaría desfinanciar a su entidad bancaria con la Ley Conti, pero al mismo tiempo promueve una acción que también implicaría un desfinanciamiento del Ciudad.
El tratamiento de la iniciativa en la Cámara Baja generó, también un conflicto al interior del bloque de diputados del Frente para la Victoria, especialmente con los tres legisladores de la bancada de extracción sindical: Facundo Moyano, Omar Plaini y Héctor Recalde. Los primeros dos –que son justamente quienes más complicados están para mantenerse dentro del bloque por los tironeos que les producen las lealtades al FPV y al titular de la CGT Azopardo, Hugo Moyano– se ausentaron de la sesión. Recalde, por su parte, votó a favor, pero hizo incluir un artículo en el cual se establece que deberán garantizarse los puestos de trabajo del Banco Ciudad.
El paro de los subtes puso a más de uno los pelos de punta. Y al hablar de más de uno se habla, al menos, de 900 mil pilas de nervios. Unos 900 mil son los usuarios diarios del subte que, durante seis días consecutivos no pudieron usar el medio de transporte que suelen elegir y salieron a probar suerte en trenes maltrechos, colectivos, bicicletas, autos y a pie (cuando la lluvia lo permitió). A estos 900 mil viajantes que emergieron desde debajo de la tierra hay que sumarle el resto de los ciudadanos que circula habitualmente por Buenos Aires, lo que hizo que trasladarse –aún en distancias cortas– fuera una verdadera odisea. Los siete días consecutivos de paro se deben a que nadie le da respuesta a los trabajadores del subte sobre la paritaria 2012 que venció en marzo pasado. Como si se estuviera jugando al Gran Bonete, Metrovías, el gobierno de la Ciudad y gobierno el nacional se tiran la pelota y dicen que la responsabilidad la tiene otro. Metrovías se niega a ofrecer una propuesta de aumento salarial porque dice que la administración de Macri no le gira los fondos que, a su vez, le había depositado la Nación. Y así, los trabajadores siguen tratando de encontrar quién les diga si el 28% de aumento que reclaman es mucho o poco.
Ese conflicto de fondo que generó este caos despertó lo peor de muchas personas, que sin ponerse colorados salieron a quejarse de los trabajadores del subte porque tenían el tupé de reclamar aumentos de sueldos, con los "altos salarios" que perciben.
Una vez más, muchos ciudadanos y no menos comunicadores sociales ponen el eje de la discusión en la lucha entre trabajadores. En lugar de enojarse por los altos sueldos que tienen los empleados del subte –cuyos salarios brutos más altos llegan a $ 11.817– quienes se sientan ofendidos deberían intentar conseguir ellos mismos beneficios salariales similares y reconocer la capacidad de negociación de este gremio y de otros –como los encargados de edificios o los petroleros– que son constante blanco de cuestionamientos por los altos ingresos que perciben.
La discusión –que muchos omiten– es quién es el verdadero responsable de lo que sucede en el subte y por qué no se hace cargo. La responsabilidad recae claramente sobre el gobierno de Mauricio Macri y así lo entienden los metrodelegados y la justicia. Muchos cuestionan también al gobierno nacional por no haber intervenido, por no haber declarado la conciliación obligatoria que aliviara la situación de los trabajadores y los usuarios del subte, pero en el Ministerio de Trabajo explican que ya lo hicieron hace tres meses, a modo de excepción y con el fin de darle tiempo a la administración porteña de hacerse cargo definitivamente de lo que había firmado el 3 de enero pasado. "Si lo hacemos de nuevo ahora, es pan para hoy y hambre para mañana", graficaron en la cartera laboral. Y así fue: a última hora, la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad dictó la conciliación obligatoria.
En tanto, la interna por la conducción del movimiento obrero sigue viento en popa. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, recibió en la cartera laboral a 18 sindicalistas que buscan integrar la nueva CGT –ya denominada CGT Balcarce–, entre los que estuvieron varios ex moyanistas como Omar Viviani, Horacio Ghilini y Jorge Lobais. Allí hablaron de cuestiones de gestión y políticas de empleo, además de coordinar cómo se desarrollará el Consejo del Salario Mínimo, cuya convocatoria fue confirmada para fines de agosto. Lo más importante del encuentro no fue la agenda sino el gesto de recibir a muchas de las caras visibles del antimoyanismo.
También el titular de la CTA oficialista, Hugo Yasky, fue recibido a última hora de ayer por la presidenta Cristina Fernández, con la idea de presentarle un proyecto bastante ambicioso de buscar políticas conjuntas de todo el movimiento obrero.
Por su parte, Hugo Moyano se acerca cada vez más a la CTA de Pablo Micheli y a la Federación Agraria, de Eduardo Buzzi.