Agustín Rivero, director general de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, en España, ofreció una solución al controvertido tema de la salud de los inmigrantes indocumentados: “Serán atendidos y se pasará la factura a sus países de origen".

“Se les enviará por la asistencia que se les ha prestado aquí”, afirmó el jueves en declaraciones a Radio Nacional. Sonaba bien, pero tiene un inconveniente: es inviable (al menos, de momento).

En la entrevista, Rivero dijo que España tenía “bastantes” convenios con otros países para estas circunstancias. Y es cierto. España tiene acuerdos con 21 países, pero cuando se revisan los textos, solo en seis de ellos (Andorra, Brasil, Chile, Marruecos, Perú y Túnez) está previsto la cobertura de la atención sanitaria.

Además al leer en detalle en los convenios aparece un requisito, que el interesado esté asegurado. Justo lo que no están los inmigrantes en situación irregular. Por tanto, ellos quedan excluidos.

También hay otro problema. Si hay algo que no ha caracterizado hasta ahora al Sistema Nacional de Salud ha sido su agilidad para cobrar a otros países las atenciones que en España se prestan a sus ciudadanos.

Pensar que el Gobierno ibérico pueda pasar una factura por la atención sanitaria a un país pobre por un ciudadano que está en situación irregular y cuya dolencia, probablemente, no sea atendida por la sanidad pública de su país de origen parece, cuando menos, un ejercicio de optimismo exagerado.

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), es una de las organizaciones que más se oponen a lo que han calificado como apartheid sanitario.

Aparte de estas declaraciones, la Semfyc mantiene su registro de profesionales objetores a la prohibición de atender a inmigrantes sin papeles, que ya va casi por los 1.100 inscritos.

Mientras otros políticos, como la consejera de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, afirmó que atender a "estas personas en centros públicos es ilegal".

Rivero siguió la línea del ministerio de que los que lo necesiten serán atendidos en urgencias. Al respecto, señaló que será el médico el que decida si la atención al inmigrante irregular es urgente “y hay que tratar a ese paciente”. “No puede ser otra persona” la que tome la decisión, señaló, porque solo el médico sabe si acarrea riesgo vital no someterse a un tratamiento.

Según el responsable sanitario, si no se toman las medidas asistenciales necesarias se puede adquirir una patología “mucho más compleja de la que se tiene en un momento dado”.

Este argumento es asumido por los médicos de urgencias, que recuerdan que según la Organización Mundial de la Salud, esta condición depende del afectado, y, por tanto, una primera atención debe darse a cualquiera.

Lo que sucede es que después de esa evaluación, se verifica la gravedad y se decide, por lo que no puede ser una puerta de entrada universal para todos los pacientes. Así que, por muchas declaraciones en contra que se hagan, la atención a los sin papeles sigue en el aire.