Es la enésima ocasión en que sucede en el ciclo kirchnerista: salir de zonas de turbulencia redoblando la apuesta. Con el proyecto de expropiación de la ex Ciccone Calcográfica, cuyo tratamiento ya obtuvo dictamen favorable en el Senado, el Gobierno podría calmar un bello dolor de cabeza, agravado por sospechas de corrupción. A la vez, emblemáticamente y como sucedió con la recuperación de YPF, intentará superar problemas de gestión derivados de procesos de privatización, en este caso, tareas de impresión tan delicadas como la impresión de billetes, que correspondieron tradicionalmente a una Casa de Moneda que comenzó a ser desmantelada en su capacidad de producción desde hace años. Para la oposición, aunque con cambios de posturas en el camino, el proyecto oficial sólo busca tapar un problema de corrupción.

Hasta hoy, ni la Justicia ni los involucrados ni los parlamentarios ni el periodismo han descubierto quiénes están detrás de The Old Fund, el turbio fondo que maneja un 70% de las acciones de la ex Ciccone (por poco tiempo más, Compañía Sudamericana de Valores). Igualmente, cierto es que a más de seis meses de que saltara el tema Amado Boudou, máximo acusado en el caso, no sólo no está imputado en la causa (cosa que sí sucede con el titular de la Afip, Ricardo Echegaray), sino que no fue llamado a declarar. Tampoco hasta hoy, pese al esfuerzo investigativo judicial y de los medios opositores, saltó una sola foto o dato definitivo que pruebe una relación incriminatoria entre el vicepresidente y Alejandro Vandenbroele, director de The Old Fund. Al mismo tiempo hay datos semiocultos pero sugestivos: un primer denunciante del caso, carapintada y traficante de armas e influencias, que “escuchó una conversación” de espaldas, en un bar ; más el contexto oscuro de una disputa política y empresaria en la que la empresa Boldt, asociada al juego, al duhaldismo y en alguna medida al sciolismo, juega un rol decisivo.

El Gobierno intervino a la ex Ciccone y explicó el envío del proyecto de expropiación argumentando la necesidad “de continuar recuperando capacidades que son competencias indelegables e insustituibles como es la acuñación de moneda”. El proyecto indica que la tarea de definir el valor de la empresa corresponderá al Tribunal de Tasaciones de la Nación. Pero ya se informó también que la expropiación resultará gratis dados los 250 millones de pesos de deuda que la Compañía de Valores Sudamericana mantiene con la Afip. Tal como trascendió desde que saltó el caso, hace al menos dos años que el Gobierno había pensado tanto en expropiar Ciccone como en recuperar la capacidad productiva de la Casa de la Moneda .Arreglate, Amado. Según fuentes muy cercanas al vicepresidente, lejos de pretender meterse en el tema o querer impulsar algún tráfico de influencias, Boudou recibió desde el Gobierno, incluso antes del fallecimiento de Néstor Kirchner, la ingrata instrucción de resolver la disputa Boldt-Ciccone como pudiera y contando con recursos o contactos propios más bien escasos. Es ahí donde –según esas fuentes– entra a tallar la figura de su amigo José María Núñez Carmona, una suerte de asistente suyo, entre todo terreno e informal. La historia se remonta a los primeros años de decadencia de la Casa de la Moneda, con el menemismo. Pero empeora con el decreto 777, firmado en 2003 por el ex presidente Eduardo Duhalde, habilitando que los trabajos que se hacían en la Casa de la Moneda pudieran tercerizarse, mediante una fórmula que decía más o menos “cuando el Estado lo solicite”. Tratándose de un negocio millonario, el decreto tuvo poco de casual. Con Ciccone quebrada, Boldt, que ya manejaba buena parte del juego bonaerense, pasaba a tener más poder. La búsqueda de una resolución vía Boudou-Núñez Carmona fue poco feliz: Alejandro Vandenbroele.

Cuando llegó el pedido de quiebra de la Afip contra Ciccone, nació también una pregunta: si de movida el Gobierno o Boudou pretendieron conspirar para beneficiarse o beneficiar a Vandenbroele, ¿por qué entonces ese pedido de quiebra? La Justicia comercial que intervino en el proceso, ¿fue parte de esa conspiración? Las investigaciones periodísticas que apuntan contra Boudou hicieron foco en la famosa respuesta que el ministerio de Economía dio a la requisitoria de la Afip, que a su vez llamó la atención porque no es nada habitual. Esa respuesta (nota 154/10) avalando un plan para salvar a la ex Ciccone fue más que cautelosa, deliberadamente aséptica, argumentada en la idea de cuidar “lo que ha sido siempre un objetivo claro del Gobierno de mantener fuentes de trabajo; pero dentro de las atribuciones legales y sin que ello signifique una mengua del interés fiscal”. El hecho de que la primera propuesta de un plan de pagos de la deuda de la empresa fuera rechazado por la Afip (que sí sorpresivamente aprobó un segundo programa de 148 cuotas), podría sugerir que aquella respuesta de Economía no fue necesariamente determinante en un cuadro complejo.

Todo saltó con la denuncia de la ex esposa de Vandenbroele y explotó de la peor manera en la tristísima conferencia de prensa que ofreció, con evidente incomodidad, Amado Boudou, luego de que la Justicia allanara aquel departamento suyo que había alquilado (vía Núñez Carmona) a Carosso Donatiello. Aquella conferencia de prensa, de la que Boudou salió más dañado, tampoco fue idea suya, incluyendo la línea discursiva y hasta alguno de los nombres que dio. Para el Gobierno fue aún peor: por esos días, la Presidenta pidió la renuncia del procurador Esteban Righi, un símbolo de los años camporistas. Se dice que todavía hoy Righi se pregunta la razón de su desplazamiento. La respuesta sería esta: no haber contenido mejor alguna liviandad del juez Daniel Rafecas, alguna otra sobreactuación notoria del fiscal Carlos Rívolo, más el antecedente de dictámenes de Righi no relacionados con el caso Ciccone, que no habían satisfecho a la cúpula del Gobierno.Descompresión. El proyecto de ley enviado por el Gobierno para expropiar la ex Ciccone llega en un momento en que la causa no parece avanzar, al menos en contra de Boudou. Si los medios opositores pusieron la lupa en la célebre respuesta del ex ministro de Economía a la Afip o en la “excepcionalidad” del plan de pagos ofrecido a la ex Ciccone, Ricardo Echegaray presentó documentación según la cual habría 1.500 antecedentes de ayudas similares a otras tantas empresas con problemas fiscales. Pero así como no está claro por qué se levantó la quiebra antes de que se acordara el plan de pagos, sigue sin saberse qué hay detrás de The Old Fund. No es poca oscuridad tratándose del asunto de imprimir billetes legales, o al menos otros productos de seguridad. En cambio, y aunque Ariel Lijo –un juez respetado y al que se considera menos cercano al Gobierno en relación con su antecesor en la causa, Daniel Rafecas– buscó datos, hasta ahora no aparecieron elementos que permitan hablar de un enriquecimiento ilícito de Boudou o sus parientes.

En la interpretación no sólo de quienes defienden a Boudou, sino de otras fuentes gubernamentales, el caso de la ex Ciccone es el resultado de “pretender arreglar una cagada con otra cagada”. La primera letra “c” corresponde al cuadro de situación heredado desde los tiempos de Carlos Menem y los del interinato de Eduardo Duhalde: la Casa de la Moneda degradada en su rol y en contraposición la empresa Boldt creciendo en poder económico y, por lo tanto, en su potencial de comprar voluntades políticas. La segunda letra “c” es por el modo ya aludido en que se intentó arreglar el asunto. En el medio, ya hacia 2010 Néstor Kirchner pensaba en la alternativa de la expropiación pero la había descartado. La razón, dicen en el Gobierno, es que “en el Congreso, donde todo estaba empantanado y no nos aprobaban ningún proyecto, íbamos a ir al choque, al fracaso”. El juez obrante en la quiebra, Javier Cosentino, además, prefirió fallar a favor de Boldt y no de una eventual expropiación.

“Boldt estuvo al borde de quedarse con todo”, dicen las fuentes pro-Boudou. Que recuerdan, además, los lazos de esa empresa con el duhaldismo, tanto como el hecho de que recién ahora Eduardo Duhalde parece haber llegado a su ocaso político, “pero hasta el 2011 tenía vida política”. Otra punta descuidada de la madeja del caso Ciccone tiene que ver tangencialmente con el sciolismo y fue aportada por el periodista Horacio Verbitsky en abril pasado: Guillermo Enrique Gabella, director titular de Boldt Gaming SA y Boldt SA, consolidó su carrera política y empresaria en simultáneo con la carrera del gobernador de la provincia. Justo ayer se confirmó que Daniel Scioli parece decidido a estatizar uno de los mejores negocios de Boldt: el monitoreo on line de las quinielas. Puede que sea una señal: los tiempos cambian.

 

El testigo que supo todo dando la espalda

La primera denuncia contra Amado Boudou en torno de la ex empresa Ciccone no provino de la ex esposa de Alejandro Vandenbroele, sino de un sargento del Ejército que fue carapintada, buzo táctico, experto en explosivos, comando en Malvinas y entrenador de comandos para las fuerzas especiales de la Gendarmería y de la Policía, traficante de armas y de influencias, dirigente del Modín y –según un perfil aportado por el diario La Nación– hombre dado a escuchar e intercambiar información desde un puesto fijo en un bar de Tribunales. El nombre de ese denunciante que les ganó a todos los demás es Jorge Orlando Pacífico. Su relación con el affaire Ciccone no fue presentada, sin embargo, por La Nación sino por Clarín, que un mes después del holgado triunfo en elecciones primarias de la fórmula Cristina-Boudou publicó una nota sobre la denuncia hecha por “un ciudadano común” acerca de las presuntas irregularidades cometidas por el entonces ministro de Economía.

El ciudadano común era el señor Pacífico. Es decir, el sargento retirado del Ejército que fue carapintada, buzo táctico, experto en explosivos, comando en Malvinas y entrenador de comandos para las fuerzas especiales de la Gendarmería y de la Policía, traficante de armas y de influencias, y dirigente del Modín. Pero Pacífico es también aquella persona que apareció casualmente manchado de sangre en medio de los escombros el día que voló por los aires la sede de la Amia, y que estuvo allí, según dijo, para socorrer a las víctimas. Estaba, dijo, en un bar de Pasteur y Corrientes. De hecho fue la estrella en lo que entonces se llamó “la pista carapintada”. Antes, a mediados de la década de los ‘90, se lo detuvo por traficar armas robadas al Ejército.
Este señor que estaba de casualidad en el bar de Pasteur y Corrientes fue el primero que denunció a Boudou. Y lo hizo porque de casualidad estaba en otro bar, el de Tribunales, el día en que escuchó una conversación sobre Ciccone que lo mortificó hondamente. En una entrevista que concedió al diario La Nación, cuando el periodista le preguntó “¿Vio quiénes estaban en esa mesa?”, respondió: –No, yo estaba de espaldas.

 

Historia de un declive

El ministro de Economía y flamante interventor de la ex Ciccone, Hernán Lorenzino, fundamentó la expropiación de esa empresa en función de recuperar una tarea que hasta 2003 correspondía a la Casa de la Moneda, más una proyección posible: que el incremento de la capacidad de producción de billetes y otros impresos de seguridad derive en una eventual exportación de servicios. En la exposición que hizo junto a la titular de Casa de Moneda, Katya Daura, Lorenzino habló de un largo “proceso de desguace” padecido por la Casa de la Moneda, que se profundizó cuando un decreto del ex presidente Eduardo Duhalde permitió tercerizar tareas en el ámbito privado y que siguió durante la gestión del ex presidente del Banco Central Martín Redrado.

“El objetivo es tomar control de todos los equipos del país que pueden hacer billetes. No vamos a parar hasta que estén totalmente bajo control de Casa de Moneda”, dijo Daura. La funcionaria se remontó a 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, para referirse a la llegada en la Casa de la Moneda de dos altos empleados de la empresa Boldt que pasaron a encabezar gerencias estratégicas. Con Eduardo Duhalde como presidente, en 2003, llegó el decreto 777 que “quitó a Casa de Moneda la exclusividad para producir los elementos de seguridad de especies valoradas demandadas por el Estado” y buena parte de la producción quedó en manos de Boldt, con la consiguiente pérdida económica para la Casa de la Moneda, que comenzó a ingresar en la zona del “rojo operativo”.

En la etapa de Martín Redrado como titular del Banco Central, dijo después Daura, se “trabajó sistemáticamente en el desmantelamiento de la tercera línea de producción que redujo la capacidad para imprimir billetes y presentó un proyecto para imprimir los billetes más caros y complejos en el exterior, billetes que Casa de Moneda no podía imprimir”. Finalmente, la funcionaria dijo que se descartó un costoso plan de inversiones de aquellos años (por unos 800 millones de pesos). Apelando a recursos humanos propios y a repuestos nacionales, hoy la Casa de la Moneda recuperó buena parte de la producción perdida.