El abogado de los metrodelegados, Luis Ramirez, informó que denunciarán ante la Organización Mundial del Trabajo (OIT) a la Ciudad por haber impulsado la Conciliación Olbigatoria y "limitado el derecho a huelga".

"Este conflicto es político, con actores que no tienen nada que ver con nosotros. El reclamo de los trabajadores es por mejoras en las condiciones de trabajo y en los salarios. Más de 1.000 sindicatos han cerrado paritarias y este sindicato tiene desde hace 15 meses la misma escala salarial. Sólo ha tenido un incremento provisorio en mayo", aseveró.

Recordó que metrodelegados (Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, AGTSyP) es un sindicato nuevo y que por eso es tan importante para ellos la mejora de las condiciones salariales. "No estamos pidiendo nada que no tengan otros sindicatos o en particular los sindicatos que actúan en la Ciudad de Buenos Aires. No hemos inventado nada", planteó Ramírez.

El abogado definió a la conciliación obligatoria como una "limitación al derecho de huelga". "Sólo se considera adminisble (la conciliación obligatoria) cuando interviene un órgano independiente e imparcial", dijo, en alusión a la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad.

Es que, para los metrodelegados, el gobierno de la Ciudad tiene intereses en el conflicto, a través de la socieda de Estado Subterráneos de Buenos Aires, propietaria de las redes subterráneas. De modo que la Subsecretaría de Trabajo, para ellos, no es un órgano imparcial e independiente para dictar la conciliación obligatoria. "La Cuidad tiene concretos intereses involucrados en el conflicto. Y la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad carece de independencia e imparcial", repitió Ramírez.

A su vez, se quejó de lo que denominó la "criminalización del derecho a huelga", a partir de la denuncia judicial que sufrió el sindicato. "Es una decisión política del gobierno de (Mauricio) Macri. Los fiscales actúan en función de instrucciones del Poder Ejecutivo. El derecho a huelga es un derecho fundamental de los trabajadores, que no pueden ser criminalizados. Nos retrotrae a los albores del siglo 20. Estamos retrocediendo 100 años", apuntó.

También sostuvo que la multa que le aplicó la Ciudad a metrodelegados, de casi $ 5 millones, es ilegal. "Pretenden liquidar económicamente al sindicato. La Subsecretaría de Trabajo es incompetente para dictar la conciliación obligatoria y, por lo tanto, para aplicar esta multa. Además, ha cometido la torpeza de aplicarnos una multa sin habernos dado el derecho a hacer un descargo, a ofrecer pruebas y a alegar nuestros derechos", dijo Ramírez.

Anunció que hoy el sindicato impugnará las acciones de la Subsecretaría de Trabajo porteña y, además, denunciará al gobierno de la Ciudad ante la OIT.

"El sindicato acepta todos los espacios que se nos ofrecen para el diáliogo, para la solución a este conflicto, pero no se acepta el procedimiento de la conciliación obligatoria que nos han querido aplicar y que oportunamente hemos rechazado", ratificó.

Luego, en la misma conferencia de prensa, los metrodelegados detallaron los pedidos de extensión de licencias que pretenden y concluyeron en que suponen, como máximo, a tan solo cinco días de recaudación anual de Metrovías. "Y dicen que no tienen dinero para hacer ningún tipo de acuerdos con el sindicato", se quejaron.

También denunciaron que la empresa logró ganancias por $ 145 millones entre 2005 y 2011 y que, como es una compañía que cotiza en Bolsa, reparte dividendos, que van a empresas terceras. "Esas ganancias, transformadas en costos, fueron de $ 100 millones en los últimos 8 años", dijeron.

Asimismo señalaron que Metrovías es una concesionaria que no paga cánones, ya que dejaron de pagarse en 2002 debido a la emergencia ferroviaria. "Durante la crisis de 2002, mientras todas tenían pérdidas, Metrovías significó el 30% de las ganancias de todo el grupo económico Benito Roggio SA, con niveles de ganancias después de impuestos de entre un 46% y el 103%", indicaron.

A su vez, señalaron que entre 2000 y 2011 Metrovías recibió un total de $ 3.200 millones de subsidios, lo que equivale a la construcción íntegra de las proyectadas líneas de subterráneos G e I. "Subterráneos de Buenos Aires, como propietarios de los bienes y la infraestructura del subterráneo, debería controlar a esta empresa. "Macri está pensando en un subte cada vez más chico y anticipa un viaje a $ 5,50. Estamos en contra. Y queremos un subte integrado a los ferrocarriles. Empezar a pensar no en subte cada vez más chico, sino más grande, en el que haya inversiones, en el que el costo del pasaje sea el costo que merezca pagar el ciudadano de Buenos Aires y del conurbano", sostuvieron.

A su turno, al jefe de los metrodelegados, Roberto Pianelli, dijo: "No vemos la hora de volver a nuestras casas".

"Evidentemente, a Macri le conviene este conflicto. Es insignificante lo que estamos pidiendo", aseveró.