Comenzábamos nuestra columna de la semana pasada ("Cambio de época, cambio de lenguaje") con la siguiente pregunta: ¿cómo debería explicarse y entenderse la recuperación del rol del Estado en los resortes fundamentales del país: como un avance del intervencionismo de Estado o un retroceso del intervencionismo de Mercado? Respondíamos que "la batalla cultural no puede ganarse con terminología afín al 'granero del mundo'. La Patria que asoma y se consolida precisa con urgencia de un lenguaje a imagen y semejanza del cambio de época vivido desde 2003". Analizábamos el término "intervencionismo" y la conveniencia de abandonar su uso para describir el avance del Estado sobre los sectores estratégicos de la economía. Pero así como el lenguaje en general debe ser revisado, igualmente debería suceder con el lenguaje técnico. Por ejemplo, las fórmulas, los parámetros e índices empleados para medir, calcular o valorar la importancia y el desempeño de una cosa, un suceso, una acción o una organización también deben adaptarse al modelo vigente. ¿Por qué? Desde 2008 a esta parte, aunque muy especialmente desde comienzos de este año, el modelo de desarrollo nacional transita una nueva etapa: la del fin del intervencionismo de Mercado, la del retorno del Estado como actor protagónico del presente y del futuro nacional. Mariano Beristain en su reciente artículo "Poner reglas donde no las había", señaló que "el Estado comienza a plantearse la necesidad de avanzar en la normativización, es decir, la construcción de un proyecto de país que funcione con un menú propio y no sobre el cimiento del sistema neoliberal." Acertadísimo. En efecto, la nueva etapa a la que aludíamos avanza en la construcción y ejecución de una marco regulatorio (normativización) que comienza a sustentar, promover y proteger las políticas oficiales de estatización del desarrollo. Es por tanto y en este sentido que una reformulación del lenguaje técnico dominante también debería formar parte del "menú propio" en construcción.

LA "EFICIENCIA" AL DEBATE. Con el regreso del Estado en su rol de empresario, de agente contralor e inversor, regresa la zoncera del Estado ineficiente y elefantiásico. La retórica pregunta: "¿El Estado es buen o mal administrador, empresario, etcétera?", es formulada copiosamente por los medios del atraso y la exclusión. La reacción tiene ganada la batalla sobre este particular. Amparada en una historia tergiversada, justifica su posición gracias a los resultados provocados por el saboteo sistemático del Estado empresario cada vez que se hizo del poder (sumado a la inercia de sus cuadros técnicos arraigados a la función pública cuando le tocó abandonar la Casa Rosada). Pero el triunfo del "Estado ineficiente" obedece además a otra cuestión: la ausencia de parámetros e índices que desde el interés de las grandes mayorías no sólo mensure la performance estatal sino que también fundamente su razón de ser y de "estar" al frente de determinado sector o actividad. Claro que para encontrar nuevos parámetros e índices deberíamos comenzar primero por analizar la palabra "eficiencia". Para la RAE: "Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado"; para el diccionario María Moliner: "Se aplica a lo que realiza cumplidamente la función a que está destinado." Se desprende de esto, pues, que la eficiencia de Repsol al frente de YPF o la de Marsans al frente de Aerolíneas fueron exitosísimas. Consiguieron el efecto buscado y cumplieron la función a que estaban destinadas: vaciamiento, apropiación de conocimiento y bienes de capital, maximización de ganancias, plataforma para reinvertir en otros países, remodelación de plantas en el mercado español y europeo en detrimento del argentino, etcétera. Para el neoliberalismo, Repsol fue eficiente al frente de YPF. Y nosotros deberíamos darle la razón, aclarando que el problema no pasó por una cuestión de "eficiencia" sino más bien por haber dejado en manos del Mercado un sector crucial al normal funcionamiento de la República. Ahora bien, y continuando con este planteo, ¿cuál es el efecto determinado que se pretende conseguir con una empresa estatal o pública? ¿Cuál la función a que una empresa del Estado está destinada? Visto que los resultados de la gestión privada de las últimas décadas no lo avalan, el neoliberalismo se escuda ahora en la siguiente excusa: como las empresas del Estado pueden no tener como primer objetivo la eficiencia, entonces consiguen muchas veces más y mejores beneficios sociales (¡competimos deslealmente!). Como se advierte, la palabra "eficiencia" fue privatizada y divorciada de lo social. El problema pasa, por tanto, en la redefinición del lenguaje técnico pero desde una óptica nacional y popular. ¿Cuándo es que una empresa, estatal o privada, resulta "eficiente"? Y más importante: ¿cómo medir la eficiencia del Estado empresario?

LA EFICIENCIA DEL ESTADO EMPRESARIO E INVERSOR. Con el objetivo de disparar el debate, algunos ejemplos de nuevos parámetros e índices a tener en consideración a la hora de valorar la "eficiencia" empresarial para, acto seguido, estudiar la conveniencia o no de ceder a la actividad privada una parte o un todo de determinado sector:
• Índice Fundación Ciudades. Desde su nacimiento en 1910, la explotación de crudo por parte del Estado se caracterizó por convertir desiertos en campamentos petroleros, y estos últimos, en poblados y ciudades. ¿Cuántas ciudades fundó la YPF estatal por década? ¿Cuántas fundó (o destruyó) la YPF privada y cuántas la desnacionalizada? ¿Cuántas se propone o se calcula fundará la YPF renacionalizada en función de su política de recuperación de reservas y producción? ¿Se podría repensar una política de recuperación de reservas desde la fundación de ciudades estratégicamente ubicadas por provincia?
• Índice Ciudades Abastecidas. La YPF renacionalizada lanzó hace muy poco el programa Módulos de Abastecimiento Social, el cual permitirá, a través de la instalación de nuevos puestos de expendio de combustible, llegar a localidades antes desabastecidas. ¿Cuánto medía este índice a comienzos de los noventa? ¿Cuánto en 1995, 2003 y 2012? ¿Cuánto se proyecta en 2015 y 2020?
• Índice Hogares y Electricidad (HyE). La cantidad de hogares con servicio eléctrico aumentó de 9.828.199 en 2003 a 11.977.282 (21,9%) a comienzos de 2012. ¿Cuánto medía este índice a comienzos de los noventa? ¿Cuánto a mediados de esa década? ¿Cuánto se proyecta en 2015 y 2020? ¿Se podría hablar de tasa de incorporación de electricidad desde el HyE para mensurar la performance anual del Estado, así como la de una supuesta empresa privada encargada de la distribución de energía eléctrica? ¿Qué tan eficiente fue el Estado en los noventa en comparación con el de los últimos diez años?
• Índice Hogares y Gas por redes. La cantidad de hogares con este servicio pasó de 5.804.209 en 2003 a 7.480.000 (28,9%) a comienzos de 2012. ¿Cuánto medía este índice a comienzos de los noventa? ¿Cuánto en 1995 y en 2001? ¿Cuánto se proyecta en 2015 y 2020?
• Índice Construcción de Centrales/año: La potencia instalada se incrementó en un 42% entre 2003 y comienzos de 2012. Dicho comportamiento se debió a la construcción de nuevas centrales energéticas así como a la optimización (mejora) de muchas existentes (caso por ejemplo de Yacyretá). ¿Cuál fue el promedio de este índice en los ochenta y noventa? ¿Cuál desde 2003?

POR UNA "EFICIENCIA" SOCIALIZADA. Lo aquí sugerido podría, por supuesto, replicarse a todo nivel. Por ejemplo: la reacción impuso la idea de una Argentina aislada del mundo. ¿En qué parámetros o índices se amparan? En ninguno, porque en realidad y como hemos consultado a los principales centros de investigación y universidades de la región, Europa, Asia y EE UU, no existe ningún índice que mida el grado de integración o de aislamiento de un país (esta cuestión será analizada próximamente). Y es justamente en la ausencia de este indicador donde falla el modelo actual. En igual dirección, ¿por qué no medir la eficiencia de Aerolíneas Argentinas en función del grado de interconexión nacional, la marcha del poblamiento por región o provincias, el impacto sobre el desarrollo económico, etc. a través de parámetros e índices que mensuren y combinen la frecuencia de vuelos por provincia, la cantidad de ciudades interconectadas, el kilometraje cubierto, el impacto económico, la evolución demográfica, entre otros? En fin, el punto no pasa sólo por calcular estos índices sino además por imponerlos como criterio de "eficiencia" empresarial. Las metas y los objetivos por sector (energía, transporte y servicios públicos, emisión de moneda, etcétera) podrán ser entonces monitoreados desde los nuevos índices y parámetros afines a una Argentina para todos. Antes de aceptar la intervención de una empresa privada en un sector estratégico para el normal funcionamiento del país, la candidata debería responder en términos no ya de una "eficiencia" privatizada sino de una "eficiencia" socializada. Otro ejemplo, ¿qué índices de desarrollo económico, poblamiento, interconexión-fundación-abastecimiento de ciudades se proponen alcanzar en La Pampa, Catamarca, entre otras; las empresas que licitan para concesiones en materia de distribución eléctrica o de explotación de líneas ferroviarias, aéreas, viales, fluviales, etc.? ¿Y el Estado qué plantea? ¿Quién es más "eficiente"?