Nadie puede negar la habilidad del gobernador cordobés, José Manuel de la Sota. Mientras su provincia está casi en llamas y todos los gremios estatales se movilizan para impedir el ajuste, buscar un diálogo y rechazar los cambios al sistema previsional que impuso entre gallos y medianoche, el cordobés sólo se preocupa por cómo llegar mejor posicionado al 2015. Judicializa sus reclamos al gobierno nacional, intenta sin éxito alentar una rebelión de gobernadores, planea con atención cómo ganar tapas en los medios distanciándose del Gobierno, y trata de esconder bajo la alfombra los números en rojo y la falta de gestión en su provincia. Si bien consiguió cierto guiño de la Corte Suprema que lo convocará a una audiencia de conciliación por un reclamo de coparticipación, el clima no está para festejos.

La capital cordobesa está irreconocible. Esta semana el Centro Cívico amaneció vallado y rodeado de policías que buscaron impedir que los trabajadores de más de 24 gremios: municipales, de la educación, de la salud, del Banco de Córdoba, de la Empresa Provincial de Energía (EPEC), entre otros, hicieran oír sus reclamos al gobernador. Si bien los motivos de tensión son varios, en la multitudinaria marcha del miércoles pasado el reclamo principal fue único: el pedido de derogación de la ley que difiere el pago del aumento a los jubilados por 180 días.

Todo comenzó hace una semana, cuando la Legislatura aprobó sobre tablas el ajuste a los jubilados cordobeses. Con el voto en soledad del bloque Unión por Córdoba (UPC), se aprobó la ley 10.078 que al ser promulgada sólo permitirá que los jubilados perciban sus aumentos diferidos en 180 días corridos a la entrada en vigencia del incremento a los activos. Según el mismísimo De la Sota, el déficit de la caja de jubilaciones alcanza los 2.010 millones de pesos, por eso “con esta actitud solidaria garantizaremos el mantenimiento de todos los beneficios de nuestro sistema jubilatorio”. También en relación al tema previsional, dispuso llevar el haber mínimo a 2.500 pesos, a través de un complemento solidario, y anunció que los desequilibrios que genere el régimen policial y penitenciario no serán cubiertos por los afiliados al sistema provincial, un viejo reclamo. En Córdoba, si bien los aportes jubilatorios son más altos que la media nacional, se cumple con el 82 por ciento móvil.

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