Por Néstor Espósito

La Sala Primera de la Cámara Federal desestimó el planteo presentado por los abogados del Grupo Clarín y dispuso que se continúe investigando una supuesta maniobra de los accionistas privados de Papel Prensa que habría perjudicado patrimonialmente al Estado Nacional mediante la venta de insumos en condiciones de mercado insólitas a los diarios Clarín y La Nación. Se trata de maniobras “mediante las cuales se habría provocado un perjuicio económico financiero para el Estado Nacional. Concretamente, se ha puesto en tela de juicio la venta extraordinaria de insumos por parte de Papel Prensa a las empresas vinculadas S. A. La Nación y Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA) S. A. –Grupo Clarín–, operaciones que fueron llevadas a cabo por una cantidad significativa de stock de mercaderías en existencia, en los meses de julio y septiembre de 2010, previo a los aumentos de precio de agosto y octubre de ese mismo año, lo que habría ocasionado un perjuicio económico al Estado Nacional en su carácter de accionista minoritario y a la propia firma Papel Prensa”.

Los abogados del director de Relaciones Externas del Grupo Clarín, Jorge Rendo, llevaron a la justicia un planteo que ya habían esgrimido en el fuero comercial, en el contexto de otros expedientes. Según esa tesitura, el eventual perjuicio que pudo haber sufrido el Estado Nacional “resulta una contingencia propia de su actuación como persona privada, por tanto, equiparada a cualquier particular”, pues “las relaciones entre los socios de una sociedad anónima con participación estatal minoritaria, se hallan bajo la órbita de aplicación del derecho privado”. En la Justicia Comercial, ese desmedro contra el Estado encontró un dique de contención: la futura procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, defendió a capa y espada el rol estatal –como representación del interés colectivo de toda la sociedad– en este tipo de participaciones accionarias en empresas de carácter mixto.

Ahora, la Sala Primera de la Cámara Federal, con las firmas de los jueces Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, también reivindicó (y protegió) al Estado: “La hipótesis delictiva que se investiga en autos, de comprobarse, podría haber provocado un perjuicio a las rentas del Estado Nacional.” Para los camaristas, “la tesis de la pertenencia, en materia de delitos contra la administración pública, indica el carácter público cualquiera sea la función a la que los bienes estén afectados, desde que los bienes públicos se caracterizan por el hecho de que el Estado puede disponer de ellos para afectarlos a servicios o fines públicos’”.

El fallo subraya que “podría encontrarse afectado patrimonialmente el Estado Nacional y sus rentas” y recuerda “la sanción y promulgación de la Ley 26.736 que declaró de interés público la producción y comercialización del producto final elaborado por la firma en cuestión”.

El juez Canicoba Corral, a cargo de la causa, continuará así investigando si los socios mayoritarios de Papel Prensa desarrollaron una maniobra que defraudó patrimonialmente al Estado.

Rendo intentó además mediante una “excepción de incompetencia”, cambiar al juez, argumentando que “si en esta investigación se verificara algún accionar delictivo no resultaría apto para menoscabar los intereses del Estado Nacional, dado que únicamente se hallarían involucrados intereses de los accionistas de Papel Prensa S.A., una empresa privada, con participación estatal minoritaria, extremos que determinarían la intervención del fuero ordinario”. La presentación, que en esencia apuntaba a que la justicia federal dejara de intervenir en el expediente, fue firmada por el abogado Hugo Wortman Jofré, añejo representante de los intereses del Grupo Clarín ante los tribunales, y su colega Alejandro Pérez Chada, quien cuenta entre su clientela con el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, a quien defiende en varios de los procesos penales en los que está imputado. El intento de Rendo también fue acompañado, aunque de manera menos protagónica, por el presidente del consejo de administración de la Fundación Diario La Nación , Julio César Saguier.

En la causa se investiga si Papel Prensa, a través de una decisión de sus accionistas privados, les vendió insumos para la fabricación de diarios a Clarín y La Nación en condiciones ventajosas para ambos medios, pero perjudiciales para la propia empresa y, principalmente, para el Estado, que tiene una participación accionaria minoritaria. En realidad, según documentación a la que tuvo acceso Tiempo Argentino, y que figura en el expediente, “el paquete accionario de Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M se conforma con un 27,46% del Estado Nacional y en el resto participan AGEA con el 37%, Compañía Inversora de Medios de Comunicación (CIMECO) con el 12%, Sociedad La Nación con 22,49%, TELAM con 0,67% y terceros con el 0,37%”.

Haciendo valer su condición, los socios mayoritarios habrían firmado, además, “un convenio de refinanciación de créditos que habría beneficiado a las empresas vinculadas AGEA S.A. y S.A. La Nación, con la quita del 72,6%, otorgándoles tasas y plazos inusuales en el mercado”. También se les imputa “el funcionamiento irregular de los órganos de control societario con el fin de frustrar la participación del Estado Nacional en el Directorio de Papel Prensa S.A.”.

Nota publicada en Tiempo Argentino