El gobierno porteño deberá retirar los 210 millones de pesos que están trabados dentro de la negociación que mantiene con la Nación, por la transferencia de las seis líneas de subte y Premetro. La orden fue firmada ayer por Patricia López Vergara, titular del Sexto Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, que interviene en el caso desde el 3 de agosto, cuando comenzó el paro de subtes más extenso que vivió la Capital. La resolución fue notificada ayer a la administración PRO y le ordena a la comuna que proceda “a solicitar la entrega de los fondos depositados” por el gobierno nacional para “solventar los fondos operativos para el mantenimiento del servicio público de subterráneo”. Se trata de las siete cuotas de 30 millones de pesos mensuales que la Casa Rosada depositó en un fondo fiduciario, para sostener el 50% de los 720 millones de pesos que había girado en 2011 para mantener la tarifa de los trenes subterráneos a $ 1,10.

Esos montos cambiaron desde enero, cuando el gobierno nacional decidió reducir esa cifra anual de 720 a 360 millones y acordar la transferencia del subte y el Premetro por medio de un acta acuerdo que Macri firmó el 3 de enero, pero que revocó a principios de marzo, después de aumentar el precio del boleto de 1,10 a 2,50. Ante el estancamiento de la negociación, el gobierno PRO se negó a recibir los subsidios que la Secretaría de Transporte de la Nación deposita desde enero, pero la empresa concesionaria Metrovías los reclama para poder pagar salarios, costear el aumento que reclaman sus trabajadores y asumir los costos de mantenimiento.

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