Mientras Europa trata de conservar, y no queda claro si lo logrará, el matrimonio entre democracia e irrestricto poder bancario, mientras el recorte aparece como el único instrumento capaz de satisfacer la "demanda de los mercados" y de las instituciones de crédito, mientras una derecha sin matices ejerce su "derecho" a seguir desmontando el welfare state mediante la represión desnuda, una encuesta vuelve a subrayar la labilidad del orden político local.

El trabajo de Ricardo Rouvier sobre la intención de voto para la presidencia si las elecciones en la Argentina fueran hoy, permite integrar el podio de la voluntad popular. Cristina Fernández encabeza el pelotón seguida a considerable distancia por Daniel Scioli, perseguidos desde lejos por Mauricio Macri. En cuarto lugar Hermes Binner expresa una módica novedad: la pelea por encabezar el Frente Progresista ha concluido, Ricardo Alfonsín es el solitario radical que mide… y mide mal, y Binner por el momento ha logrado estabilizar un espacio con aptitud para un cierto desarrollo electoral. No de caras al 2013, admitamos que esa nunca fue la intención del socialismo de Santa Fe, sino a mediano plazo. Cuando ese horizonte, el mediano plazo, no integra la caja de herramientas de políticos asesorados por "vendedores" de imagen, y menos aun el de la prensa comercial concentrada, que busca y requiere resultado instantáneos. Al tiempo que remite al dato político relevante: es bastante poco probable que Cristina o Mauricio sean candidatos presidenciales para 2015. En todo caso, no serán necesarios pocos cambios en la escena para que tal posibilidad gane sustento real.

En el caso de Cristina el motivo resulta obvio: la Constitución del '94 no permite un tercer mandato. Mauricio enfrenta otra clase de inconveniente. El fiscal a cargo de la causa de las escuchas ilegales solicitó al juez interviniente que la acusación sea elevada a juicio oral y público. En suma, la investigación sobre las escuchas instrumentadas desde la dirección de la Policía Metropolitana ha concluido, y sus responsables deberán sentarse en el banquillo de los acusados.

Sin aventurar el desenlace de los acontecimientos, sin sostener a priori si Macri será o no condenado, conviene recordar que en las anteriores elecciones de medio tiempo el PRO soportó la proximidad de las huestes de Pino Solanas. Es evidente, el juicio impactará en el resultado de los comicios. Vale la pena considerar el cómo. Una fuerza nucleada en derredor de una jefatura personal, no puede evitar que un cuestionamiento legalmente fundado afecte su capacidad de maniobra; máxime cuando Macri deberá abandonar la jefatura del gobierno –pedir licencia– hasta tanto sobrevenga la sentencia. Ese pedido se tramitaría sin mayores inconvenientes mientras el PRO conserve la mayoría de la Legislatura porteña, pero para que así sea, el pedido debería tramitarse antes de la nueva compulsa electoral. Como el tiempo de la justicia no es igual ni mucho menos al de la política, no hay modo de saber cuándo el juez Oyarbide dará lugar al pedido del fiscal. Si el juicio y las elecciones se terminaran juntando, el zafarrancho terminará resultando inevitable. Ninguna fuerza política, y el PRO no es exactamente una excepción, puede impedir que semejante crisis no abra la lucha por la sucesión. Y en esa lucha la proximidad o la distancia con Mauricio no será un asuntillo menor. Sobre todo, cuando una lectura jurídica del tema, cosa que hasta el momento o directamente no se hizo o sólo se hizo en el más absoluto de los silencios, dejaría en claro que las posibilidades de Macri (salir absuelto sin culpa y cargo, recibir una condena menor, o una sentencia inculpatoria como responsable político de utilizar el Estado para violar sistemáticamente la ley mediante el uso de la Policía Metropolitana) distan de ser claras.

Un especialista consultado privadamente nos hizo saber que él prepararía a Macri para lo peor, esperando que el viento de cola ayude; a su criterio una condena menor sería el mejor de los escenarios imaginables, y una buena defensa –sostuvo– puede avanzar en esa dirección. Pero hasta el momento el PRO y el propio Macri vienen sosteniendo que el juicio no es otra cosa que un "armado" del gobierno nacional. Como estrategia discursiva funcionó, como camino legal es francamente malo y como respuesta a una sentencia inculpatoria resulta simplemente catastrófica. No está dicha la última palabra.

AHORA CRISTINA. Hemos sostenido desde esta columna la necesidad de reformar la Constitución del '94. Vemos que Carta Abierta avanza en la misma dirección. Sin embargo, conviene precisar. En nuestro trabajo reciente Las dictaduras argentinas, hemos sostenido que en 1983 no se restauró la democracia. Que el orden vigente desde el '76 continuó por otros medios. Que la dictadura burguesa terrorista abandonó los instrumentos del estado de excepción, pero que sus objetivos, continuidad del programa de José Alfredo Martínez de Hoz, prosiguió su ruta. La reforma acordada por el radicalismo y el justicialismo en el '94, el célebre acuerdo Menem-Alfonsín, el Pacto de Olivos, no fue otra cosa que darle sistematicidad a un orden donde la práctica política estaba sometida a un programa de cumplimiento obligatorio, y por tanto gobernara quien gobernara se hacía lo mismo con el mismo personal. El estallido de 2001 puso fin a ese acuerdo imposible, y precisamente por serlo, el gobierno K se vio obligado a avanzar por otros pastos.

Entonces, la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, a instancias de la Corte Suprema de Justicia por pedido del Congreso, permitió el restablecimiento de la relación entre los delitos y las penas, entre las palabras y las cosas, entre la ley y la política, y puso fin a la inviolada impunidad sostenida durante tres largas décadas; esa transformación abrió paso a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que por fin dejó atrás la lógica monetaria de la Convertibilidad, y requiere, impone, otros cambios: una nueva ley de entidades financieras, una reforma tributaria y una reelaboración crítica del orden constitucional del '94: un nuevo piso institucional.

Así como el PJ y la UCR del '94 no tuvieron el menor problema en permitir la "reelección de Menem", sin facilitar el menor control parlamentario de su gobierno, todos los partidos que remiten a ese ordenamiento político defenderán con uñas y dientes la continuidad del mamarracho jurídico vigente. Se trata por cierto de una política de principios, pero es útil explicitar de cuáles se trata. La democracia de la derrota, orden que impide a la política ser el magma donde se educan las nuevas generaciones (por eso el 0800 de Macri-Bullrich para las escuelas) debe quedar definitivamente atrás. La idea del carácter plebeyo de las transformaciones, al restablecer los lazos entre los sectores populares y la política, permitirá que los políticos pierdan ese olorcito a casta privilegiada (con vacaciones en hoteles cinco estrellas del Caribe, autos caros y cuentas en dólares en bancos del exterior) y que dirigentes sindicales millonarios comanden sindicatos de obreros pauperizados. La reforma constitucional, que no debe salir entre gallos y medianoche, debe ser parte de un nuevo debate colectivo sobre el país que deseamos los habitantes de la región, para que la ciudadanía política deje de ser una teoría del Derecho Constitucional.