Poco a poco, el gobierno nacional avanza en la ruptura del corset ideológico que se esconde detrás de algunos mitos del neoliberalismo que, durante años, se transformaron en muralla infranqueable para la clase política argentina.
El primer paso importante de la gestión de Néstor Kirchner fue atreverse a desafiar un lenguaje que sacralizaba políticas económicas que apuntaban a beneficiar a algunos sectores en detrimento de las grandes mayorías de la población.
Detrás de términos como reforma o flexibilización laboral, ajuste económico, característicos de la Convertibilidad, escondían (o aún esconden porque se siguen imponiendo en Europa) medidas draconianas que destruyeron grupos familiares enteros y sumieron a la población en la extrema pobreza.
Cualquier cambio profundo comienza por sepultar y poner al desnudo la artillería verbal que actuó como soporte mediático del neoliberalismo. Sin embargo, en paralelo, el kirchnerismo también avanzó en la deconstrucción de algunos pilares de la era militar-menemista que transformaron al Estado en un gendarme de algunos grupos económicos locales y extranjeros.
La recuperación del Estado mediante la estatización de empresas clave (Correos, AySA, YPF), un mayor protagonismo en la obra pública y políticas dirigidas a redistribuir el ingreso (AUH, paritarias, extensión de las jubilaciones).
También hubo decisiones estructurales fundamentales como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proceso de desendeudamiento externo.
Otro factor determinante, más de carácter defensivo que otra cosa, resultó el papel que jugó el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a la hora de contener los avances y los abusos de los sectores formadores de precios.
Con un Estado desguazado después de años de descomposición, Moreno, a su manera, hizo lo que pudo para establecer canales de diálogo y soportes de contención en los que la administración kirchnerista intentó –y a veces incluso lo logró– una relación de mayor paridad frente a los pesos pesados del establishment.
Sin embargo, un solo Moreno no es suficiente para cambiar una historia que lleva décadas y que se ha corporizado en el ADN de los argentinos a sangre y fuego desde 1976 mediante la creación de un poder paralelo muy superior al político.
No se trata de un juego de palabras sino de hechos concretos. Hay un ejemplo que refleja con claridad el peso del poder económico en las decisiones políticas.
El 22 de mayo de 2011, cuando la Argentina reconoce a Rusia como economía de mercado y sienta las bases de una alianza estratégica entre los dos países, ningún funcionario comprendía por qué se demoró tanto tiempo en tomar esta decisión. Entonces, se supo que el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, había jugado un papel fundamental para frenar el apoyo de la Argentina, porque ponía en peligro alguno de sus negocios.
El lobby de Rocca frenó por años una decisión de Estado y mostró el poder en las sombras. Techint, conocida inicialmente con el nombre de Compagnia Tecnica Internazionale, facturó en 2011 U$S 18 mil millones, tiene centrales en Milán y Buenos Aires y opera en la Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Indonesia, Italia, Japón, México, Perú, Rumania, Venezuela, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán y Trinidad y Tobago.
Además, Techint es el mayor productor de acero de América Latina y tiene negocios en las áreas de petroquímicos, refinería, minería, plantas industriales, plantas de tratamiento de aguas, tuberías, telecomunicaciones, tecnología de información, rutas y autopistas, terminales marinas, puentes, presas y aeropuertos.
Durante varias décadas, en la Argentina, la familia Rocca puso y sacó ministros, obtuvo múltiples beneficios del Estado, sugirió y forzó devaluaciones "competitivas" que mejoraron su rentabilidad. Además, Rocca creó una industria a su imagen y semejanza; concentrada, monopólica u oligopólica y totalmente disociada de un proyecto de país.
Techint no tiene nacionalidad, ni bandera. A Rocca le da exactamente lo mismo que la Argentina tenga 30 millones de desempleados o 500 mil.
Rocca entiende la competitividad como una subordinación del sector público a los intereses de su compañía, a los intereses de una estructura empresaria oligopólica en la que un puñado de firmas controla los lineamientos generales de la política económica.
En el país de Rocca, los trabajadores representan un costo maldito y el Estado sólo una herramienta para allanar el camino de su crecimiento. La respuesta reflejo del ministro de Planificación, Julio De Vido, a las exigencias devaluatorias de Techint, son una señal del límite que el nuevo poder político intenta ponerles a los grandes grupos económicos. En este mismo sentido deben interpretarse los dichos del viceministro de Economía Axel Kicillof, cuando dijo que el gobierno estaba en condiciones de fundir a Techint.
Sin embargo, los progresos en el terreno de los discursos deben ir acompañados ahora de un proyecto de país dirigido a fijarles una frontera real a los monopolios y oligopolios y al impacto negativo que estos tienen a la hora de establecer arbitrariamente los precios y de afectar el ingreso real de los trabajadores. El Ejecutivo ya ha dado algunos pasos en ese sentido. El gobierno saltó el cerco histórico de la ortodoxia, conocido como libre mercado, y está trabajando con Kicillof al frente en el establecimiento de una política de seguimiento de los costos de sectores claves como el lácteo, las comunicaciones, la siderurgia, la medicina privada, la energía y el petróleo. No se trata de un dato que puede pasar desapercibido en un país que durante años se negó a reconocer la importancia de institucionalizar herramientas que impidan que los grandes poderes económicos subordinen el país a sus intereses. Todo un cambio que ahora empieza a debatirse en la Argentina.