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Política • Miércoles 28 de Noviembre de 2012 | 03:06
Por rodolfo hamawi
Política • Miércoles 28 de Noviembre de 2012 | 03:06

Las industrias culturales y la concentración serial

El Estado brega por el cumplimiento parejo de una ley antimonopólica que democratiza los servicios audiovisuales.

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A mediados de la década del ’80, ya en democracia, el Estado argentino enviaba a sus funcionarios a pequeños clubes y asociaciones vecinales para decomisar los modestos equipos transmisores de radios comunitarias, amparado en una ley de radiodifusión de la dictadura. Veinticinco años más tarde, el Estado nacional brega por el cumplimiento parejo de una ley antimonopólica que democratiza los servicios audiovisuales y que fue aprobada de manera contundente en el Congreso por una mayoría parlamentaria plural, y con el respaldo activo de la sociedad civil y de sus organizaciones. 

En aquel paradigma, el mercado siempre reservaba a la esfera oficial el cuidado de las artes y del patrimonio, para acaparar el manejo de las industrias culturales y los medios de comunicación. Es decir, el dominio del flujo económico más intenso y de la construcción y organización de sentidos. La concentración fue la piedra basal de este esquema. Hoy, la Argentina está por dejar de ser uno de los países con mayor grado de acumulación de licencias audiovisuales en pocas manos, cuando en unos días la Ley 26.522 entre en plena vigencia con la aplicación de su artículo 161.

Aquel Estado que sólo podía ser pasivo observador, y partícipe necesario en la construcción de un país para pocos sólo como gendarme de los poderosos, hoy es un fuerte impulsor de políticas públicas que apuntan a la igualdad, la inclusión, la producción y la soberanía. El abismo que separa ambos escenarios habla de un cambio social y político en marcha que impacta de manera decisiva y promisoria en la cultura.

Importante generadora de trabajo, la cultura emplea a través de los distintos sectores de sus industrias a más de 300 mil argentinos de modo directo. Sin embargo, sus resultados exceden los términos económicos. El valor simbólico e identitario de la producción cultural está en su esencia y define su carácter estratégico. Pero está profundamente atravesado por la hiperconcentración mediática, que restringe sus canales de circulación, estandariza sus contenidos e impone un canon aristocrático, excluyente y centralista.

La democratización de la producción cultural, su visibilización, y el fomento a la creación de mercados regionales que giren en torno a nuevos ejes de distribución, son objetivos en los que el Estado nacional trabaja incansablemente. Para propiciar la tensión entre enfoques distintos, que posibilite construir una cultura verdaderamente rica en intercambios y perspectivas. El carácter federal y antimonopólico de la Ley de SCA nos permitirá además dejar atrás el embudo actual, por el cual el 90% de la producción audiovisual que se ve en el país se realiza en Buenos Aires, multiplicando así en el futuro las fuentes de trabajo de actores, guionistas, músicos y realizadores.

Miles de argentinos producen diariamente libros, música, funciones de teatro y danza, diseñan objetos e indumentaria, organizan festivales y sitios de Internet, crean videojuegos y revistas a lo largo y a lo ancho del país. Mientras toda esa energía está buscando los canales de expresión que le permitan encontrarse con su pueblo, hay grupos económicos monopólicos que se niegan a cumplir la ley. Y que además repiten su estrategia, desembarcando en importantes cadenas de librerías para cerrar el círculo del negocio editorial (donde ya participan en la producción, comercialización y distribución). O cooptando los puntos de venta de diarios y revistas, para estrangular la distribución de publicaciones alternativas.

Quizá se trate del reflejo de un concentrador serial. O tal vez sea la búsqueda de nuevos horizontes comerciales. Una manera oblicua de admitir que en nuestro país, en 2012, las leyes están para ser acatadas. Y que para el Estado argentino, los poderosos ya no tienen coronita.

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