Cuando los dirigentes agropecuarios se le quejaban por las retenciones, el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna solía responderles que el valor creciente que venía teniendo la tierra era la mejor prueba de que la rentabilidad subía y por lo tanto se justificaba una mayor presión impositiva. Siguiendo ese mismo razonamiento se llega a la conclusión de que al campo le está yendo muy bien, y que la presión para rebajar retenciones que viene realizando la Mesa de Enlace y buena parte de la oposición no tiene fundamento.

Según la Compañía Argentina de Tierras, una reconocida firma de negocios inmobiliarios, el valor de la hectárea en la denominada zona núcleo (la región más productiva del país que comprende los partidos de Pergamino, Rojas y Salto) promedia 12.500 dólares. Es el mismo precio que había alcanzado a mediados de 2008 cuando la soja llegó a 600 dólares por tonelada, el triple de lo que valía la hectárea en el año 2000, y un 80 por ciento más alto que el promedio de los últimos diez años. Lo mismo se repite en cualquier otra zona del país, a una escala de precios inferior. Por ejemplo, en el sudeste bonaerense (Tandil, Balcarce) donde el rendimiento es menor, la hectárea vale 7.800 dólares, cerca de alcanzar el pico de 2008 y un 70 por ciento más que el promedio de lo que va del siglo.

Sin embargo, el valor de la tierra no es necesariamente un fiel indicador de lo que reditúa explotarla. Su apreciación puede obedecer a una mayor demanda de inversores que optan por un activo inmobiliario ante la falta de colocaciones financieras atractivas. “La tierra es también un refugio para muchos que se preguntan en qué meto mi dinero si las tasas por depósitos son bajas y si las perspectivas del dólar o del euro no seducen”, explica el ingeniero agrónomo Fernando Miguez.

Miguez es el director del mensuario especializado Agromercado, que todos los meses trae un informe detallado sobre la rentabilidad de los diferentes cultivos en distintas zonas productivas, y por lo tanto permite comparar los números de hoy con los de hace dos años. Tomando el caso de la soja en la zona norte de la provincia de Buenos Aires con un rendimiento de 32 quintales por hectárea, el margen neto actual es de 230 dólares por hectárea, un 10 por ciento más bajo que dos años atrás. Aunque algo menor que hace dos años, sigue siendo un margen espectacular para productores medianos y grandes de las zonas más eficientes. A 230 dólares por hectárea de beneficio neto, un campo de 500 hectáreas deja un beneficio de 115.000 dólares; uno de 1.000 hectáreas, 230.000 dólares, y así sucesivamente. La situación es distinta para los pequeños productores de regiones menos rendidoras, y para la modalidad cada vez más extendida del arrendatario que tiene que cederle al dueño del campo parte de la cosecha en concepto de alquiler (algunos estiman que ya hay más de la mitad de la tierra arrendada). El negocio es bueno si el productor es a la vez dueño, pero se complica si el propietario es sólo un rentista. Son dos que maman de una sola teta.

Los números del diputado Claudio Lozano son levemente diferentes. Según sus cálculos (basados en los datos de Márgenes Agropecuarios, otra de las publicaciones especializadas), la rentabilidad de la soja es hoy incluso un poquito mayor que cuando en 2007 se estableció el arancel del 35 por ciento que rige hasta ahora. Y lo mismo señala para el maíz. Es por eso que sostiene que “salvo en el trigo, no hay ninguna razón para bajar las retenciones”. De esta manera la centroizquierda se desmarca de la postura que los radicales, la Coalición Cívica, el Pro y el Peronismo Federal han adoptado a favor del proyecto que está intentando acordar la Mesa de Enlace para reducir a cero las retenciones en trigo y maíz, y rebajar la de la soja.

Salvo para los pequeños productores, no hay argumentos contundentes que sustenten una rebaja generalizada para la soja. Más aún, si uno de los objetivos buscados es revertir el creciente proceso de sojización, eso se logra mejorando la rentabilidad de los otros cultivos. En ese sentido hay algo más de acuerdo sobre la necesidad de reducir las retenciones para maíz, trigo y girasol.

Pero aquí llegan las contraindicaciones. La primera es obvia y se trata de la pérdida de ingresos fiscales, que en el proyecto de la CC –el más generoso con el campo– asciende a 9.000 millones de pesos anuales. El equivalente al programa de Asignación Universal por Hijo.

Además, la disminución de las retenciones tiene como problema adicional el impacto alcista sobre precios de alimentos de la canasta básica. Dado que una rebaja en la retención aumenta lo que se recibe por exportar, el productor va a exigir un incremento equivalente para vender al mercado interno. Este mecanismo opera con el maíz y el trigo, y casi nada con la soja. Con el maíz, porque más de la mitad de lo que se consume internamente se usa para elaborar otros productos (pollo, cerdos, vacas). Con el trigo, porque es insumo de alimentos de consumo masivo. No es casual que la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas, la Federación de la Industria Molinera, la Federación de Panaderos, la Mesa de Productores de Leche y la Cámara Argentina de Feedlot hayan salido a advertir sobre las consecuencias de encarecer el trigo y el maíz.

El conflicto por las retenciones de 2008 fue iniciado por un gobierno interesado en capturar una porción extra de la renta agropecuaria extraordinaria. Fue una iniciativa horriblemente diseñada desde lo técnico y manejada con niveles insólitos de torpeza política, como ahora reconoce cualquier oficialista. Pero paradójicamente, si el esquema final de retenciones móviles con compensaciones que fue debatido en el Congreso no hubiera sido volteado por el voto no positivo de Julio Cobos, los productores de soja habrían pagado menos en casi todo el tiempo transcurrido.

No sea cosa de que el intento de bajar las retenciones que esta vez impulsa el sector agropecuario y buena parte de la dirigencia política opositora, estimule una mirada atenta sobre los reales números del campo que a los productores más grandes les termine jugando en contra.