Vamos a suponer que en la más alta conducción del Gobierno existe realmente la honesta intención de honrar la memoria histórica y la justicia. Dicho de otra manera: neguemos que Néstor y Cristina y su gente anden por ahí hurgando en los años del genocidio al solo efecto de usar lo que encuentren para ensuciar disidentes, opositores o enemigos. Es un hecho discutible. Hay cada vez más personas que opinan lo segundo, que se utiliza la memoria histórica de la peor tragedia argentina para objetivos pequeños del presente. Pero no quiero entrar en esa discusión. Por eso: supongamos que todas las referencias del oficialismo a la complicidad civil y mediática con la dictadura son un mero intento de que el pueblo argentino conozca la verdad.

Bueno, si ese es el objetivo, entonces el Gobierno no está procediendo con medios apropiados –para decirlo suavemente–.

Se han producido en los últimos meses un sinnúmero de hechos inexplicables que parecen destinados a consolidar la justicia y la memoria pero que en realidad pueden ser la peor condena de ambas. Sobre el caso Papel Prensa el Gobierno ha emitido tantos, pero tantos mensajes contradictorios que, realmente, impresiona, si es que el objetivo, una vez más, consiste en honrar la justicia y la memoria histórica.

Repasemos.

Hay en principio una cuestión de criterio general. La memoria del genocidio argentino es –o debería ser– un valor tan sagrado que cualquier gobierno está obligado a despejar toda sospecha de que se la cuenta según le convenga. En los comienzos de la democracia, por ejemplo, el gobierno radical encomendó la tarea a la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, integrada por dirigentes prestigiosos e independientes, como Magdalena Ruiz Guiñazú, Jaime De Nevares, Ernesto Sabato, Gregorio Klimovsky, entre otros. Trabajaron un año sin goce de sueldo, arriesgaron su vida ante un poder muy amenazante y entregaron un impresionante informe que fue un paso definitivo en la construcción de una fuerte conciencia social sobre lo sucedido.

En este caso, en cambio, se designó como artífice de un informe titulado, curiosamente, “La Verdad”, a Guillermo Moreno, el más fiel de los funcionarios, el hombre que intervino el Indec para mentir sobre las cifras de inflación, que amenazó de muerte a un ministro de Economía, persiguió políticamente a empleados que intentaban frenar sus atropellos, contrató barras bravas y los usó para romper actos de presentación de libros que no le gustaban al Gobierno.

¿Es necesario explicar por qué su designación al frente de una investigación sobre la dictadura militar no ofrece demasiadas garantías de imparcialidad, y permite a cualquier malpensado deducir que el objetivo no es honrar la memoria sino sesgarla?

En este caso, como los acusados son empresarios señalados por el Gobierno como sus peores enemigos, más necesario era dar todas las garantías de neutralidad, porque cualquier patinada podía alimentar las sospechas sobre una construcción sesgada.

Justo, el acusado era el peor enemigo del Gobierno. Justo, el investigador era el funcionario encargado de las tareas sucias. Era un escenario muy poco prolijo, por ser condescendiente.
Luego: el Gobierno, a través de sus medios amigos y de sus funcionarios anunció revelaciones que no se produjeron. Programas de la televisión pública se preguntaban si Héctor Magnetto iría preso. El canciller Héctor Timerman afirmaba que Papel Prensa se había vendido en las cámaras de tortura. El eje de la versión del Gobierno se apoya en el testimonio de Lidia Papaleo, la viuda de David Graiver. El problema de ese hecho es que no se trató de un solo testimonio sino de varios. Muchas personas –Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete de Kirchner, por ejemplo– manifestaron su sorpresa porque Papaleo revelara algo que había callado durante 27 años de democracia. Pero incluso en los últimos tiempos, Papaleo ofreció dos relatos de lo ocurrido, ambos estremecedores pero no iguales. En uno de ellos, pronunciado verbalmente ante el directorio de Papel Prensa, sostuvo que la sacaban de los pozos de detención para firmar la venta de la empresa. En otro, escrito en una carta a Guillermo Moreno, sólo habla de amenazas para que venda. La Presidenta, en su discurso del martes, sostuvo que la empresa se vendió mientras sus anteriores propietarios estaban “en libertad ambulatoria” pero bajo amenazas, y no cautivos en los campos de concentración. Son varios relatos diferentes, con eventuales consecuencias judiciales muy distintas. A la hora del discurso ya había testimonios de otros detenidos que desvinculaban la venta de Papel Prensa de los secuestros y torturas sufridos por la familia Graiver. Y horas después se conoció el testimonio de Isidoro Graiver, otro ex desaparecido, torturado y detenido ilegalmente, que desmintió a Lidia Papaleo.

Si el objetivo es honrar la memoria no se entiende por qué el Gobierno ignoró testimonios clave y presentó como “La Verdad” algo que era sólo “una” verdad. ¿Moreno era el encargado de descifrar el laberinto? ¿O Beatriz Paglieri, de quien Cristina, que la llamó varias veces “Pagliari”, no conocía ni el nombre?

Hay otros elementos llamativos.

Un personaje central en todo el proceso de denuncia del caso Papel Prensa es Osvaldo Papaleo, el hermano de la denunciante. Tan central es, que estuvo sentado junto a Néstor Kirchner en el acto de presentación del informe “La Verdad”. Papaleo es un dirigente de larga trayectoria en el peronismo, que en 1974, cuando José López Rega toma el control del Estado, fue designado en la Secretaría de Medios de Comunicación, mientras los canales de televisión eran tomados con armas largas, muchos artistas comenzaban a exiliarse y se implantaban listas negras en el cine y la tele. Por supuesto que luego Papaleo fue detenido por peronista. Pero una cosa no cambia la otra, y su presencia en un acto por la memoria histórica ha ofendido a algunas de las víctimas de aquel período que fue el huevo de la serpiente de la dictadura. Al otro lado de Néstor estaba sentado Hugo Moyano, acusado de haber pertenecido a la Triple A por Hebe Pastor de Bonafini, sentada unas filas atrás.

Toda la presentación, los anuncios previos, las contradicciones, los hombres y mujeres designados para confeccionar el informe, los testimonios que se dieron por cierto y los que se ignoraron, reflejan como mínimo cierta falta de seriedad y coherencia si, una vez más, lo que se quiere es honrar la memoria de lo ocurrido.

Ahora, si ese no fuera el objetivo, si la intención fuera revolear el pasado para doblegar a los enemigos actuales, entonces es inexplicable que el Gobierno haya hecho tanto ruido, le haya dado tanta jerarquía al informe “La Verdad”, sin contemplar que al menos un testigo clave, Isidoro Graiver, podía desmentirlo. Aun en la hipótesis de que, como sostiene razonablemente Jorge Lanata, “a Kirchner no le interesan los derechos humanos”, no se entiende la torpeza, sobre todo cuando el canciller presume de conocer tan bien a las víctimas, y hasta hace elucubraciones sobre su situación económica personal. ¿No podía haber alertado él sobre los riesgos del testigo suelto? ¿Se lo pregunta alguien en el Gobierno?

En cualquier caso, la presentación del informe “La Verdad” no constituyó un hecho demasiado esclarecedor, ni histórico, ni nada que se le parezca. Lo que podía haber sido, con más tiempo, e independencia, una gran revelación, terminó en un episodio menor y discutible, muy encerrado en sus propias contradicciones.

Quizá sea necesario frenar un cambio, y –si realmente se pretende cuidar y honrar la memoria histórica– ser muy cuidadosos, serios y moderados al referirse a ella. Puede ocurrir que tanto bartoleo y tanta denuncia fácil contra disidentes por supuesta “complicidad con la dictadura” produzcan un retroceso en la conciencia social sobre la represión ilegal.

Sería algo muy difícil de perdonar.