La escena que viene a la mente de cualquier ciudadano de a pie, independiente de su gentilicio, cuando se invoca el concepto de “lavado de dinero” se perfila entre autos alemanes, champañas francesas, mujeres, no importa de dónde –aunque siempre notablemente más bellas que la media (y más Caras y caretas)– en el ámbito de mansiones decoradas con una estética de dudoso gusto, en la cual respetables financistas acuerdan con los chicos malos, que son los que manejan los autos, beben la champaña y así sucesivamente, el costo de sacarle el olor a podrido al dinero obtenido por éstos del tráfico de cuanta cosa ilegal ande dando vueltas –desde drogas hasta armas, pasando por personas e influencias.

La prosapia global de la imagen impide considerar que se trata de una sinécdoque que explica un poco menos que el tercio del asunto. La verdad de la milanesa es que los otros más de dos tercios de los fondos ilícitos son generados por las multinacionales y los bancos para escaparle a los fiscos. A valores corrientes, 300.000 millones de dólares van por diversos canales criminales con fama de tales, en tanto 700.000 millones de dólares por el lado de las corporaciones. El lavado de dinero proveniente de la corrupción política o el tráfico de drogas es sin dudas una acción criminal. Al contrario, y no deja de ser una curiosidad perturbadora, violar las leyes fiscales generalmente se lo presenta como el epitome de la racionalidad económica. No lo es.

Todo esto es posible por la existencia de los llamados paraísos fiscales. No se puede lavar si no hay dónde lavar. Tan simple y sencillo como eso. Para los países periféricos, esto significa no sólo pérdida de recaudación, de suyo de primera importancia, sino además unos de los tinglados que hace posible atacar sus balanzas de pagos. El “ataque a la balanza de pagos” es casi un eufemismo para describir un proceso mediante el cual un país acosado por problemas inflacionarios fija su tipo de cambio recurriendo al financiamiento internacional y estableciendo una tasa de interés cercana a las nubes. Con el seguro de cambio gratuito dado por la fijación entran capitales, con esto se endeudan en moneda local y luego, cuando ya los cálculos dan que las reservas de divisas tienen poca vida para sostener la paridad cambiaria, salen en manada y provocan la devaluación. Luego cambian los dólares comprados con los préstamos locales y pagan éstos, embolsándose la gruesa diferencia.

De manera que hay un interés directo de los países periféricos en impulsar acuerdos mundiales para controlar las actividades de lavado de dinero. Pero debe quedar claro que es más por la actividad criminal contra el fisco de las corporaciones y los problemas de manejar la tasa de interés, el tipo de cambio y la cantidad de dinero que por los coloridos mafiosos. La actividad criminal en la Argentina insumiría, a trazo grueso, 3 o 4 puntos del PIB. En tanto, la última crisis de balanza de pagos, desastre bancario incluido, nos costó 50% del PIB.

Los países centrales se oponen a la eliminación de los paraísos fiscales. No obstante, el margen de maniobra de los países periféricos es grande. Bien vale entonces que la Argentina actúe con convicción en este plano, con esa misma convicción que a veces les falta a sus pares. Es hora de morder la manzana.

*Economistas y coordinadores del Departamento de Economía Internacional de la Sociedad Internacional para el Desarrollo (SID), Capítulo Buenos Aires