Por Ernesto de Paola

El INVAP dio otro nuevo paso en el diseño de radares 3D (tridimensionales) que tiene bajo proceso de construcción, equipamientos que permitirán un control pleno del espacio aéreo nacional en todo lo que hace a la supervisión de vuelos no cooperativos o de aviones clandestinos que intentan eludir su identificación, a un costo aproximado de u$s4 millones.

Tal puede ser el caso de máquinas que intentan introducir drogas desde países vecinos con el objetivo de utilizar al territorio argentino como vía de tránsito para mover esos cargamentos hacia el continente europeo o los Estados Unidos.

En una primera etapa el INVAP puso en marcha un radar 3D prototipo que tenía un alcance geográfico limitado de 20 kilómetros con base en San Carlos de Bariloche.

El gerente general del INVAP, Héctor Otheguy, confirmó que ya está en servicio en el extremo norte de la Patagonia una instalación 3D diseñada íntegramente por esa empresa de ingeniería rionegrina, cuyo software incluye contramedidas que tornan dificultosa o directamente inviable la localización del equipamiento de monitoreo.

Ese tipo de radar tridimensional, que fuera oportunamente encargado al INVAP por el Ministerio de Defensa Nacional, posee en esta nueva fase de experimentación un alcance espacial de lectura de 150 kilómetros desde su lugar de emplazamiento, que puede cambiarse por tratarse de equipamientos móviles.

En las dos familias de equipamientos del tráfico aéreo que fueran encargados por el área de Defensa también figuran una docena de radares monopulso para asistencia del movimiento de aviones comerciales y tráficos que acceden a identificarse, que ya están en funcionamiento desde hace meses en varios aeropuertos del interior como Río Cuarto, Quilmes, Santa Rosa o El Palomar.
En un lapso de dos años los radares tridimensionales por instalarse en distintos puntos geográficos del país, cuyo costo de construcción oscilará en torno de los u$s4 millones, podrán garantizar una completa cobertura del espacio aéreo nacional.

De esa forma se hará factible vigilar zonas “ciegas” del espacio aéreo donde se presume la existencia de vuelos ilícitos.

La política de radarización puesta en marcha a partir del 2006 incluye por ahora en forma transitoria los servicios de radares Bendix que fueran transferidos por el gobierno español a título de colaboración, tal como el que se puso en operaciones en Resistencia en un acto al que asistió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La política de equipamientos de la defensa apunta a cubrir las falencias estratégicas soportadas durante el conflicto del Atlántico Sur.