Podría decirse que la oposición parlamentaria cayó en su propia trampa. En su afán de limitar las atribuciones presupuestarias del Ejecutivo, terminó alistando el terreno para convalidar todo lo que éste hizo en esa materia: si no hay nueva Ley de Leyes sancionada antes del 31 de diciembre, se prorroga automáticamente la de este año y sus modificatorias, sólo con algunos retoques cosméticos. Así lo prevé la Ley de Administración Financiera y lo estimó el oficialismo, desde que sus contrincantes en el Congreso mostraron vocación de forzar cambios.

La fracasada sesión de ayer en Diputados habilita la inmediata faena de los técnicos oficiales, que deberían ocuparse del pulido: recalcular las partidas para deuda pública o eliminar los gastos que se ejecutan por única vez, por ejemplo. Por lo demás, queda en pie la ley presupuestaria vigente para este ejercicio, sumados los retoques que el Gobierno dispuso de hecho y convalidará antes o después con DNU. Esto incluye el destino de los controvertidos excedentes presupuestarios, sobre los que dispone con toda la arbitrariedad del poder.

El escenario se emparenta con el que se generó en el Senado. No prosperó la iniciativa opositora para acotar al máximo las atribuciones administrativas del PEN, pero tampoco vio la luz la que ponía un tope al libre albedrío oficial, limitando la posibilidad de gastar sin permiso legislativo hasta el 5% de los ingresos totales. Así las cosas, las manos de Amado Boudou y Aníbal Fernández queda bien sueltas.

Pero lo que frustra a la oposición quizás no sea esencialmente malo. Finalmente, gestionar, gobernar, es administrar la inevitable escasez de recursos según las prioridades que defina la gestión de gobierno, resolviendo a su juicio el dilema de la frazada corta. Eligiendo a quién da y a quién le quita.

Implementar o no una subvención, ajustar o no jubilaciones o salarios estatales, subsidiar y en qué medida un servicio público son trazos de la política que define quien ocupa la Casa Rosada para ese tránsito en el poder, en este caso, legitimado por el voto popular. El vital y deseable contralor parlamentario, y la discusión de decisiones puntuales, nunca puede comprometer el ejercicio de esa natural soberanía.

*Prosecretaria de Redacción