Por Ernesto de Paola

Los problemas que se suscitaron en los últimos meses en las empresas de servicios públicos privatizadas, como TGN o Metrogas, donde sus grupos controlantes como GasInvest o Gas Argentino cayeron en crisis a la hora de afrontar sus deudas financieras, ponen sugestivamente de relieve que esos inversores se muestran renuentes a desinvertir en el país.

Sólo Electricité de France (EDF) decidió en 2005 abandonar la propiedad de 90% de su participación societaria en Edenor a manos del ex Grupo Dolphin (hoy Pampa Energía) por la irrisoria cifra de 100 millones de dólares.

Claro que EDF es una empresa íntegramente estatal.

Sin que todavía se haya definido qué pasará con la renegociación de los contratos de las privatizadas, que hasta el presente condujo a la firma de actas transitorias cuyos efectos prácticos no se tradujeron en subas de tarifas por la negativa de muchos inversores como BG (Metrogas) o Enron, que es dueña en TGS del 10% del capital de CIESA, a retirar de una vez por todas sus reclamos ante el CIADI.

La única gasífera que logró beneficiarse con una revisión tarifaria fue Gas Natural BAN porque aceptó desde el primer momento retirar su planteamiento contractual ante el Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones.

La estrategia de los inversores privados apuntaría a conseguir algún tipo de flexibilización de precios, como la que obtuvieron generadores como AES. Petrobras, Sadesa (ex Total), o Endesa, que hacia fines de 2004 se sumaron a los proyectos de construcción de las usinas de ciclo combinado Belgrano y San Martín del Foninvemem.

Ese plan les facilitó recuperar las deudas acumuladas con Cammesa sobre la base de esos nuevos activos cuya remuneración de energía llega a u$s70 el MW/h, mientras que en el mercado eléctrico rigen valores próximos a u$s30 el MW/hora.

Frente a las novedades producidas en la Justicia, como la que en primera instancia puso a TGS en las puertas de beneficiarse con un reajuste tarifario de 20%, establecido oportunamente en el acta transitoria de renegociación, el titular de Planificación, Julio De Vido, reiteró que el Gobierno está resuelto a mantener los esquemas tarifarios en vigor (desde el 1º de julio de 1999), porque “esa política contribuyó a mejorar la competitividad de la economía”.

Ante una inminente apelación de ese fallo, dictado en favor de TGS, seguramente por concretarse hoy, el titular de Planificación sostuvo en recurrentes ocasiones que el “problema del incumplimiento de los compromisos financieros de esas empresas podría resolverse por la vía de un aporte de capitales de sus accionistas” (Petrobras, el ABN-AMRO Bank y Enron).

Esa fue la salida en la que incurrió AES para resolver a fines de 2008 una transferencia en ayuda de su controlada Edelap, a fin de sortear irregularidades administrativas observadas en sus balances por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y para satisfacer además un plan emergencial de inversiones.

Esa crisis que AES sorteó con un giro de u$s6 millones llegó a motivar inclusive la preocupación del entonces embajador norteamericano Antony Earl Wyne.

Entre las posturas evidenciadas a partir del estallido de la emergencia económica que sobrevino a fines de 2001, con su pesificación asimétrica de precios y tarifas, algunos inversores siguieron trazando planes de inversión como si nada pasara.

Esa postura fue manifiesta entre las empresas del sector de la producción y no, en cambio, de los servicios públicos que sufren el cepo de constituir monopolios geográficos que no pueden eludir.

Entre los inversores resueltos figuran petroleras como Pan American Energy, Total y Wintershall.
Entre las eléctricas, ENEL-Endesa tampoco acusó vacilaciones en sus negocios.

Esta última semana un gerente de calidad de Edesur afirmó en un seminario convocado por la Universidad de Belgrano que ello se debe a los desafíos que plantea el cambio climático y también a los negocios que podrían derivarse por el lado de la comercialización de los bonos de carbono.

Muchas energéticas se beneficiaron además por la vía de “válvulas de escape” como las que aportaron los programas Gas Plus, Petróleo Plus o Energía Plus, donde los precios que perciben por su gas en boca de pozo supera en un 260% a los que se pagan a otras petroleras por el millón de BTU .

En el caso de Energía Plus, los grandes usuarios industriales adherentes a ese plan aceptaron pagar ese suministro de energía a u$s75 el MW/hora.