La Secretaría de Derechos Humanos, siguiendo instrucciones de la presidenta Cristina Fernández, se presentó ante el juez federal Herrera Piedrabuena para ser tomada como parte querellante en la causa que investiga las condiciones de semiesclavitud a la que eran sometidos unos 360 trabajadores, entre ellos varios menores de edad, en una finca perteneciente al diputado nacional Alfredo Olmedo.

En la presentación se pidió que se cite a declarar a Olmedo y a Mónica Madariaga Vedia titulares de la firma AHO por los delitos de trata de personas, tanto mayores como menores de edad, y en más de tres casos que podrían significarle una pena de hasta 15 años de prisión.

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