Un debate postergado está emergiendo: ¿son aplicables los derechos de autor a Internet? ¿Se debe, bajo esa legislación, condenar al intercambio de archivos? España, con la Ley Sinde, tomó una posición restrictiva. Francia, Inglaterra y Suecia avanzaron en una legislación llamada “de los tres avisos”, que puede culminar con la desconexión total de los usuarios.

Mismas posiciones parecen avanzar en otros países. Vale recordar que en Argentina, la Justicia condenó con fuerte punitorio a la red social Taringa! "como partícipe necesario" en el intercambio que realizan sus usuarios.

Sin embargo, quien alertó por la situación fue la ONU, que publicó un informe donde advierte que restringir el acceso a Internet y al intercambio de información “viola los derechos humanos” y pide su “derogación o modificación” a favor de las personas y contra medidas que considera “desmesuradas”, como restringir el acceso.

“El informe considera que infringir leyes de propiedad intelectual no es justificación para actuar de forma desproporcionada y, en consecuencia, es una violación del artículo 19, párrafo 3 del Convenio Internacional de Derechos Políticos y Civiles”, resalta Frank La Rue, autor del “Informe Especial para la promoción y protección de los derechos de opinión y libre expresión”.

Y agrega: “En muchos casos, los Estados (se abocan a) restringir, controlar, manipular y censurar contenido difundido a través de Internet sin ningún tipo de fundamento jurídico, o sobre la base de una legislación ambigua, sin que justifique el motivo de tales acciones, y / o de una manera que toma medidas claramente innecesarias o desproporcionadas con respecto a la consecución del objetivo perseguido. Estas acciones son claramente incompatibles con las obligaciones de los Estados bajo normas internacionales de derechos humanos, y a menudo crean un ‘efecto de miedo’ sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión”.

En ese sentido, La Rue hace énfasis en que la protección de las empresas de servicio de Internet a mantener el secreto de los usuarios. Y que por miedo a medidas de restricción, las lleva a una autocensura con el fin de protegerse.

En otro punto, además, el autor del informe pide que los Estados que actualmente bloquean sitios den una lista de las páginas web bloqueadas con todos los detalles que supuestamente justifiquen ese bloqueo. Además, subraya que cualquier decisión de prohibir cierto contenido debe haber sido tomada por una autoridad judicial competente u organismo independiente de influencias políticas.

Pese a todo, el informe de La Rue sólo hace hincapié en el acceso a información desde la perspectiva de los usuarios, pero parece hacer agua en cuanto a una posición sobre los derechos de autor en Internet y los posibles límites que puedan tomarse. En todo caso, alerta sobre la posición “pro empresas” y contra la libertad de expresión que avanza en la web. El debate sigue postergado (o al menos los usuarios parecen no tener lugar en él). Mientras, las empresas presionan a los gobiernos para restringir el intercambio de información a favor de los derechos de autor. Al menos la ONU puso una voz de alerta.

El informe completo está en inglés. Podés verlo aquí abajo: