Durante los años ochenta y noventa, cada vez que un hecho delictivo conmovía a la sociedad, Bernardo Neustadt –que fue el vocero de la mano dura hasta que, en ese rol, lo desplazó el oficialista Daniel Hadad– tomaba la ofensiva con tres ideas básicas:

- La policía hace todo bien.

. La Justicia es cómplice del delito porque los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra.

- Hay que aprobar leyes más duras contra todos los delitos, especialmente contra los menores.

El 26 de octubre se produjo en San Isidro una importante manifestación en reclamo de seguridad, luego del asesinato del ingeniero Barrenechea. Como suele ocurrir en estos casos, la aparición de la gente en la calle, en un tema muy sensible, sacudió la modorra de la dirigencia política argentina, cuyos máximos referentes actuaron de manera previsible, es decir, salieron a pedir mano dura.

El que tomó la delantera fue Daniel Scioli, quien pidió rápidamente la baja de la edad de imputabilidad de los menores. Luego lo siguieron Néstor y Cristina Kirchner. En un primer momento, parecía que le discutían el proyecto desde una posición más sensata: el reclamo de más represión parece, como mínimo, insuficiente para combatir el fenómeno. Pero no. La Presidenta y el ex presidente sostuvieron que el problema es que la policía “detiene, detiene y detiene” y la Justicia “libera, libera y libera”. Néstor incluso lo dijo en un acto con policías. Es un hombre con formación política suficiente para saber los efectos concretos que tiene este tipo de legitimación sobre la vida real de pibes inocentes.
Pero lo dijo igual.
Había que salir del paso.
O sea que, al igual que para Bernardo Neustadt, para los Kirchner y para Scioli el problema es que no hay suficientes menores detenidos, ya sea por la supuesta benevolencia de las leyes o la de los jueces.
La policía, por su parte, no hace nada mal.
La estructura del gobierno bonaerense –dominada hace 22 años por el justicialismo– es supereficiente para contener a los niños en situación de riesgo.

Es importante seguir este debate porque las posiciones respecto del combate a la inseguridad definen, como pocos temas, la orientación de un gobierno frente a los derechos humanos.
Tres personas insospechadas de complicidad con la oposición le respondieron a Néstor y Cristina.
Una fue el periodista Horacio Verbitsky:

“La Justicia no funciona mal porque libere en forma indiscriminada, sino porque su lentitud permite que en la provincia de Buenos Aires ocho de cada diez presos lo estén con prisión preventiva y sin condena, lo cual redimensiona la poco feliz metáfora de la puerta giratoria. Durante la gestión anterior, el ex ministro Eduardo Di Rocco admitió que del 25 al 28 por ciento de los procesos, cuando finalmente llegan a juicio, terminan en absoluciones. Esto implica que sobre los 27.300 detenidos actuales en humillantes condiciones, entre 6.800 y 7.600 sean inocentes a los que el Estado provincial les está arruinando la vida, sin por ello mejorar la seguridad colectiva”, escribió Verbitsky.

La otra fue el ministro de la Corte, Raúl Eugenio Zaffaroni, quien dijo, entre otras cosas:
“Hay hipócritas que pretenden que se encierre a todo el mundo y que los jueces se conviertan en verdugos de los pobres y excluidos. Piden que se condene a niños para meterlos en cárceles donde sean violados y de las que salgan como psicópatas asesinos”.

 “Kirchner es el presidente de un partido político y dijo lo que suele decir un político, o sea que siguió el discurso político dominante, conforme al discurso único de medios, del que los políticos consideran que no pueden apartarse porque pierden votos”.

“Es claro que tanto Kirchner como los otros políticos son instigados –si no prácticamente coaccionados– a hacerlo por los medios de comunicación, que son los primeros que se entrometen en el Poder Judicial expandiendo un discurso demagógico y vindicativo que proviene de las ahora agónicas administraciones republicanas de los Estados Unidos: si hay homicidios es porque los jueces no encierran a más gente. Se equivoca, se equivoca políticamente, pero no es el único, y se equivoca mal, porque al margen de cualquier juicio político a su respecto, nadie puede negar que no es responsable de los males que hoy se pagan con un alto costo social”.

“La política tiene una enorme función formadora en la sociedad que nunca debería abandonar. Esa función se pierde cuando sólo se limitan a decir lo que les parece que le gusta oír a la gente, porque cabalga el discurso mediático vindicativo o porque con eso creen descargarse en otros”.
La tercera persona que discutió los conceptos de la dirigencia política fue Marta Arriola, subsecretaria de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires. “Con la estructura actual no estamos en condiciones de enfrentar la catástrofe social que enfrentan nuestros pibes”, dijo. “La inseguridad que vivimos no se resuelve criminalizando a los chicos. Es sólo mirar una porción mínima del problema que en el fondo es la desigualdad, la exclusión, la destrucción de la familia. Es necesario conseguir que, desde el Ministerio de Salud, haya más receptividad cuando llevamos a un pibe intoxicado por la droga. Es preciso que la policía no brinde cifras irresponsablemente, que sólo sirven para que la gente vea a los chicos como peligrosos. La semana en que el jefe de policía [Daniel Salcedo] informó erróneamente que había un millón de delitos cometidos por menores creció fuertemente la presión para internarlos.”

Verbitsky y Zaffaroni no son funcionarios políticos y entonces no debieron sufrir ninguna consecuencia de sus dichos.
Arriola sí.
Daniel Scioli, quizás el kirchnerista más poderoso del país luego de Néstor y Cristina, resolvió echarla.
Mientras tanto, la realidad se expresaba nuevamente en toda su complejidad. En principio, luego de que uno de los jóvenes acusados por el asesinato de Barrenechea se fugara, se conocieron las condiciones de detención de los menores. En un instituto con capacidad para sesenta internos, se amontona un centenar, que son cuidados o vigilados o reeducados –como se lo quiera llamar– por ocho empleados por turno. No hay que ser un genio para saber cómo salen de ahí. Y eso no tiene nada que ver con leyes o jueces permisivos.

Luego, la Justicia anuló la declaración de uno de los jóvenes detenidos por el asesinato: su defensora sostiene que le arrancaron una confesión bajo tortura, sus docentes lo respaldan como un alumno ejemplar.

No sería extraño que con tantas declaraciones de respaldo político por parte de los poderes provinciales y nacionales, la vieja Policía Bonaerense vuelva a recostarse en sus tradicionales prácticas para resolver crímenes o –por lo menos– para exhibir una supuesta eficiencia que no es tal.
O sea que quizá –solo quizá– el problema no sería que la policía detiene detiene detiene, ni que la Justicia libera libera libera, sino que la policía tortura tortura tortura, los gobiernos desamparan desamparan desamparan y los políticos hablan hablan hablan.

Mientras tanto, es imposible no preguntarse si, en el momento de designarlo en el cargo, los Kirchner conversaron con Scioli cuál iba a ser su proyecto, nada más y nada menos, que en el área de seguridad.
¿Importaba eso?
¿O sólo importaba su imagen en las encuestas?
No son preguntas marginales para comprender la verdadera naturaleza de un proyecto político.
O quizás hablaron entre sí y llegaron a las mismas conclusiones que, en otros tiempos, Carlos Ruckauf y Bernardo Neustadt.
Mejor, lo dejamos ahí.