Por Deborah Maniowicz

Pese al auge económico, Chile atraviesa uno de los momentos de mayor tensión social de su historia. El debate por una educación gratuita y de calidad despertó a la sociedad, que sumó a la mesa de negociaciones el reclamo por una mejor distribución del ingreso, una deuda histórica que excede al gobierno actual. Para entender el conflicto, Veintitrés Internacional dialogó con Hernán Larraín Fernández, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Chile y cercano a Sebastián Piñera. Larraín Fernández es titular en la Facultad de Derecho en la Universidad Católica de Chile, donde también se desempeñó como director de estudios y planificación, vicerrector de comunicaciones, vicerrector académico y miembro del consejo superior de la universidad. Además fue fundador y director de la Revista Universitaria.

–¿Cómo se originó la protesta estudiantil?

–Ha sido una sorpresa la forma como este fenómeno ha ido evolucionando, porque se gatilló a propósito de un tema menor, un problema con una tarjeta nacional escolar, pero fue generando un debate mucho más de fondo respecto de los temas sociales que afectan a nuestro sistema educativo. Ya habíamos tenido una explosión hace cinco años, durante el primer año de gobierno de la presidenta de Michelle Bachelet, que se conoció como “Pingüinazo” y que generó modificaciones legislativas que recién hoy se están promulgando, como las leyes de Superintendencia de la Educación Pública y la Ley de la Calidad de la Educación. A diferencia de ese reclamo, que se concentró en la enseñanza media y básica, hoy el conflicto es por la educación superior.

–¿En qué aspectos se centra el reclamo de los jóvenes?

–En la calidad, el acceso y la gratuidad de la educación. Dentro de estos campos también se incluye, por ejemplo, la cuestión de las becas. Los estudiantes han pedido que al 70 por ciento de los alumnos en condiciones económicas bajas se les dé una beca y el gobierno ha planteado que sea el 40 por ciento.

–Con lo cual todos coinciden en que algunos tienen que pagar.

–En el Congreso se propuso tomar el 40 por ciento que ofreció el gobierno, dirigirnos gradualmente al 60 por ciento, y adecuar el sistema de créditos. Todos estamos de acuerdo en que tiene que haber un margen mayor de becas para los alumnos de bajos ingresos socioeconómicos, un buen sistema de crédito para un segundo grupo y, finalmente, una parte que pueda pagar la cuota a término. Lo más importante es que se respete el tema del lucro: la universidad no puede tener fines de lucro.

–¿Ayuda el contexto internacional de revoluciones en el mundo árabe y reclamos en España, Londres, Israel, para que los jóvenes se organicen y manifiesten?

–Es difícil pensar que el contexto internacional sea el elemento gravitante. Creo que la situación se generó por su propio mérito. Lo que sí comparte del escenario mundial es que el malestar, las inquietudes y las manifestaciones se difundieron por medio de las redes sociales y cuando el tema explotó se expandió como un reguero de pólvora. Debo decir que comparto el reclamo de los estudiantes y que tienen razones para manifestarse.

–El actual modelo educativo chileno fue impulsado por el gobierno de Augusto Pinochet. ¿Por qué el reclamo surge con fuerza en este momento y no durante los gobiernos de la Concertación?

–Hasta 1980 Chile tenía un sistema de educación superior básicamente universitario, había en total ocho universidades que tenían sedes a lo largo de todo el país, una matrícula de ciento cincuenta mil alumnos y el financiamiento era prácticamente estatal. El gobierno militar cambió el juego. Principalmente, incorporó el concepto de autofinanciamiento de las universidades para que estas generen recursos cobrando por los aranceles de matrícula.

–¿En ese momento la sociedad aceptó el cambio?

–Bueno, estábamos en un gobierno militar, así que no había mucha discusión. De todas formas había una cierta lógica porque la mayoría de los alumnos que había en la educación superior eran de estratos medios o altos y parecía un poco regresivo desde el punto de vista de la justicia económica que los contribuyentes estuvieran financiando gratuitamente la educación superior de gente que contaba con recursos para costear los gastos. El autofinanciamiento permitió generar un sistema de cobro de aranceles que fue acompañado de un sistema de créditos para los estudiantes. Igual no hay que desmerecer el hecho de que hoy tenemos más de un millón de alumnos en la educación superior. La cobertura en los últimos treinta años aumentó considerablemente. Lo que empezó a ocurrir, por otra parte, es que durante el gobierno de la Concertación el crédito empezó a ser muy caro y los alumnos tuvieron que empezar a endeudarse para poder pagar su educación. Aquí es donde se produjo el detonante: cuando la camada que estudió mediante créditos comenzó a egresar se sintió ahogada por las deudas. En muchos casos, estas equivalen a comprarse una vivienda.

–¿Cuánto cuesta en promedio estudiar en una universidad chilena?

–El arancel promedio debe andar en cinco mil dólares al año. Esto implica, en una carrera de cinco años, cerca de 25 mil dólares más los intereses. Pero hay carreras mucho más caras que cuestan el doble o el triple. Ese es el primer tema que se gatilla. El segundo es el de la calidad de la educación, que efectivamente no es muy buena. En los niveles de enseñanza media yo te diría que los mejores alumnos de las escuelas más exitosas no tienen buenos rendimientos en las pruebas internacionales. Y en las escuelas públicas el rendimiento es cada vez más bajo.

–¿A partir de qué año se empezó a ver este cambio?

–Gradualmente todos los años se ha ido percibiendo. No fue repentino.

–¿Por qué después de dos meses de reclamos no se logra llegar a un acuerdo? ¿Cuáles son las principales diferencias entre lo que piden los jóvenes y la propuesta del gobierno?

–Lo más importante es aclarar que el reclamo es absolutamente compartido por toda la sociedad chilena. Todos coinciden en que algo anda mal y hay que corregirlo. Hace un mes y medio el ex ministro de Educación, Joaquín Lavín, anunció una serie de medidas económicas de calidad y no obstante el conflicto siguió. Se cambió el ministro y asumió Felipe Bulnes, y sin embargo siguió la protesta. Hace dos semanas los alumnos hicieron un petitorio al gobierno y al Congreso exigiéndoles respuesta y Bulnes contestó con 21 puntos. Ese escrito estuvo muy cerca de tener consenso entre los estudiantes pero finalmente fue rechazado. La gente movilizada considera la respuesta del gobierno “insuficiente”. El problema es que si la respuesta del gobierno no recoge el 100 por ciento de lo que se pide no aceptan nada. Por eso nosotros hemos vuelto a insistir en la necesidad de trabajar en conjunto: dirigentes estudiantiles, movimientos sociales, gobierno y Parlamento.

–¿Hay acuerdo entre las distintas fuerzas políticas?

–Te aseguro que todos nos ponemos de acuerdo en el 60 por ciento de los puntos.

–¿En qué aspectos no coinciden?

–En la desmunicipalización. El gobierno acepta desmunicipalizar aquellos establecimientos que no funcionan adecuadamente pero los estudiantes quieren que se desmunicipalice el 100 por ciento. El problema es que no proponen un sistema alternativo. Algunos dicen que hay que crear corporaciones públicas, pero hay varios interrogantes: ¿de nivel local, provincial, regional o dentro de la estructura administrativa? ¿Qué características tienen que tener estas corporaciones? ¿Qué rol tienen que jugar los profesores? Es un tema complejo. A mí no me parece mal lo que plantea el gobierno en el sentido de desmunicipalizar algunas para experimentar un modelo de gestión y administración centralizado en un organismo público, autónomo, que se instale según la realidad geográfica y territorial y poblacional de los distintos lugares. Y a partir de ahí ir viendo qué rol le va a corresponder al Ministerio de Educación, de dónde va a salir el financiamiento y qué atribuciones van a tener los establecimientos.

–¿Cuáles son las exigencias de los estudiantes para aceptar las rondas de diálogo?

–Bueno, ellos no han querido sentarse porque consideran que no están dadas las garantías. No le creen a nadie pero es imprescindible darle un cauce institucional al tema. Y la salida en la que nosotros creemos es esta mesa de trabajo y además hemos empezado a presentar proyectos. Un grupo de senadores, que yo encabecé, presentó un proyecto de reforma constitucional para instalar estándares de calidad en todos los niveles educativos. Otros legisladores presentaron uno que suprime el lucro en toda la educación superior. Y en la comisión de educación del Senado han reactivado proyectos que estaban dormidos para demostrar voluntad de llegar a una solución. Queremos demostrarles que el Congreso tiene voluntad de discutir estas cuestiones.

–Si tanto oficialismo como oposición coinciden en que es necesario cambiar el sistema educativo, ¿por qué no se cambió antes y se esperó a que las manifestaciones tengan lugar?

–Eso ocurre muchas veces. No habla bien del sistema político pero es una realidad que ocurre en toda la región. Es necesario que se produzcan disturbios para que la clase política reaccione. Incluso este fenómeno sirvió para disparar otros malestares. Hoy día, por los cambios económicos que se han producido en Chile, el 70 por ciento de los chilenos se considera de clase media...

–Según el PNUD, América latina es el continente con peor distribución de la riqueza y Chile ocupa el primer puesto en la región.

–Justamente la distribución del ingreso se corrige con un buen sistema educativo, porque eso es lo que potencia la movilidad social, el crecimiento económico y la generación de empleo digno. En Chile se produjo un desarrollo económico muy fuerte y una profunda reducción de la pobreza pero no cambió un centímetro la desigualdad. Se produjo una verdadera revolución del crédito para el consumo y hoy están todos endeudados. La clase media, que vio crecer y mejorar su nivel de vida, está muy acogotada, porque los beneficios se han dado en forma significativa en los niveles populares. De todas formas, muchos de estos beneficios han sido de carácter asistencialista, lo que genera una dependencia de subsidios del Estado que no es muy sana en el largo plazo. Pero por lo menos han tenido un nivel de mejoría significativa. La clase media no ha tenido ese apoyo. Y esto no es responsabilidad del actual gobierno sino que se viene arrastrando de hace años. Por eso la gente responsabiliza a toda la clase política. Pero lo cierto es que al final del día las cosas se gatillan en contra del actual gobierno, que ha bajado su popularidad en forma muy significativa. Ahora hay que ver cómo se resuelve. Algunos piden una nueva Constitución, otros plebiscitos y otros dejar las cosas como están.

–¿Hay voluntad para llamar a una asamblea constituyente?

–Dentro de nuestro ordenamiento jurídico no existe ni lo uno ni lo otro. Los plebiscitos no son para temas sociales y la figura de la asamblea constituyente no existe. O sea, la Constitución debe ser reformada por el Congreso con acuerdo del Ejecutivo. Hoy no veo voluntad para modificar la Constitución y crear la figura de asamblea constituyente pero sí, por ejemplo, para obligar a tener estándares de calidad en materia educativa y crear un organismo que se ocupe de velar por su cumplimiento.

–¿Es necesaria una reforma tributaria para financiar la reforma educativa?

–Primero hay que resolver la cuestión educacional y ponernos de acuerdo en qué cambios se van a hacer y recién ahí vamos a saber cuántos miles de millones de dólares se necesitan. La pregunta es cómo lo vamos a financiar. Lo que yo pido es que no hagamos los dos procesos juntos, de definir el contenido de la reforma educacional en paralelo con el contenido de la reforma tributaria porque eso lo único que hace es agregarle pelos a la sopa y dificultar el debate.

–¿Es separable el debate del nuevo sistema educativo y su financiamiento?

–Son separables. Por ejemplo, el plan que planteó el ministro Lavín, el primer plan, costaba cuatro mil millones de dólares y no implicaba cambios tributarios. Los costes se pueden financiar por crecimiento, desarrollo, perspectivas de mayores ingresos, recaudación tributaria... Las opciones son varias pero si la respuesta es un ajuste tributario habrá que hacerse. Pero no se trata sólo de aumentar los impuestos sino de revisar la estructura tributaria para no perjudicar a los sectores sociales más vulnerables.

–¿Como forma de recortar la brecha económica?

–Pienso que los instrumentos tributarios no ayudan a corregir la distribución del ingreso. Pueden ayudar a definir prioridades pero no modifican la cuestión de fondo. Sólo con salud y educación se corrige la disparidad.

–La Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticó la violencia contra los manifestantes. ¿Hay alguna autocrítica por parte del oficialismo respecto del accionar de las fuerzas de seguridad chilenas?

–Lo que ocurre es que cuando se producen estas manifestaciones aparecen grupos enmascarados. Yo tengo la convicción de que no son estudiantes. Son delincuentes, o lúmpenes, o anarcos, que aprovechan las circunstancias para provocar a la policía y para producir desmanes. No creo que el accionar de la policía haya sido agresivo y brutal. El tema es complejo porque los dirigentes que convocan a estas manifestaciones no tienen voluntad de que se produzcan hechos de violencia ni desmanes, no les conviene.

–Justamente los estudiantes criticaron el rol de la prensa argumentando que sólo se enfoca en los hechos de violencia, que trata de “desacreditarlos” y que “es enemiga de los movimientos sociales”. ¿Qué análisis hace usted sobre la cobertura mediática?

–Tú sabes que si un perro muerde a un hombre no es noticia pero si un hombre muerde a un perro sí. Esa es la lógica que les enseñan a los alumnos de periodismo... Si bien se informó debidamente de la magnitud de las protestas, efectivamente los medios se concentraron en los hechos de violencia. Es un mal de la prensa actual.

–¿Pueden el clima de agitación social y la mala imagen que tiene el gobierno afectar el clima de inversión?

–En cuanto a los perjuicios económicos, Chile ha tenido en los últimos veinticinco años una imagen de un país que ha hecho las cosas razonablemente bien, con estabilidad en las reglas de juego, con certidumbre en los resultados de inversión, claridad de los gobiernos y sin modificación de los derechos adquiridos. Hoy día es temprano para saber cuánto pueden impactar estos conflictos en el tiempo. No creo que aquellos que están invirtiendo en Chile decidan irse pero lo que puede ocurrir es que quienes no han empezado a invertir decidan esperar un poco. Indefectiblemente es un tema que nos preocupa.

–Según las últimas encuestas, Sebastián Piñera tiene una aprobación de apenas el 25 por ciento de los chilenos pero la Concertación tampoco logra capitalizar el descontento.

–Claro, incluso la oposición tiene un mayor rechazo que el presidente y esto se debe a que también son parte del problema.

–¿Se reconoce esto desde la Concertación?

–Bueno, se reconoce a medias porque nadie quiere asumir públicamente las culpas. En política, la soberbia y el orgullo son muy grandes. Por ejemplo, una de las cosas que se reprocha a nivel de la enseñanza escolar, es decir, básica y media, es la existencia del financiamiento compartido. Hay educación particular pagada y educación pública y gratuita y fue justamente un ministro de Educación de la Concertación, Jorge Arrate, quien propuso el financiamiento compartido, que autoriza a estos establecimientos particulares a cobrar cifras complementarias. Y por lo tanto existe una enseñanza municipal gratis, luego una particular subvencionada, que es gratis pero tiene la posibilidad de financiamiento compartido, y después viene la particular pagada. Y los resultados de calidad son exactamente así: los mejores son los de la particular pagada, en segundo lugar los del financiamiento adicional, y los peores son los de la municipal. Este financiamiento compartido está produciendo una segregación social muy grande y se está castigando a los sectores más vulnerables. Esa fue obra de la Concertación y por eso al final del día los más criticados son de ese partido. De todas formas, estamos todos muy mal. Pero en términos relativos hay algunos que están peor que otros, y la Concertación está peor.

–Sin embargo Michelle Bachelet no ha visto deteriorar su imagen.

–La única política que hoy día se mantiene por encima del bien y el mal es la ex presidenta Bachelet.

–¿Y cómo podría repercutir esto en las próximas elecciones?

–No está tan claro que Bachelet vaya a querer ser candidata por lo mismo que Ricardo Lagos no quiso ser reelecto: se fue con una alta popularidad, una plataforma internacional muy buena y declinó ser candidato nuevamente para no arriesgar todo. La ex presidenta Bachelet puede pasar una situación de ese tipo y, por lo tanto, no está escrito que ella vaya a ser candidata. Tampoco está escrito que nosotros no podamos reelegir un gobierno de nuestro sector. Ahora, obviamente, si finalmente la presidenta Bachelet decide volver, para nosotros va a ser más difícil quedarnos. Pero tenemos confianza en que haremos las cosas bien, o por lo menos mejor que hasta ahora.

–¿Comienza una nueva etapa en la presidencia de Piñera?

–El gobierno del Sebastián Piñera ha tenido muchas dificultades. No hay que olvidar que hubo un terremoto gigantesco que obligó a un proceso de reconstrucción muy grande. También la instalación del gobierno fue mucho más difícil porque la Concertación, después de veinte años, tenía redes políticas en todo el aparato público. Llevamos sólo un tercio del mandato, no hay que preocuparse de antemano. Cuando Bachelet asumió tuvo el Pingüinazo y el fracaso del plan Santiago y sin embargo se fue con un nivel de aceptación histórico. Lo que la salvó a ella fue la crisis económica del 2008. A partir de ahí ella empezó a ganar imagen y juntar respeto. Por lo tanto, yo creo que si el presidente hace bien las cosas, si somos capaces de resolver este tipo de conflictos y trabajamos para hacer los cambios por lo cuales fuimos elegidos, entonces pienso que la imagen puede revertirse.