El suspendido camarista federal mendocino Otilio Roque Romano dejó desde ayer de cobrar un sueldo del Estado argentino por su condición de magistrado. La decisión, que no tiene antecedentes en casos similares, fue adoptada por el Consejo de la Magistratura en un plenario extraordinario convocado por su presidente, el juez laboral Mario Fera. Todos los consejeros, con excepción del legislador radical Oscar Aguad y el juez en lo Civil y Comercial Federal y ex presidente de la influyente Asociación de Magistrados Ricardo Recondo (ambos ausentes), coincidieron en que Romano, prófugo de la justicia argentina y rebelde en el proceso de juicio político que le espera ante un Jurado de Enjuiciamiento, no puede percibir su salario como si nada ocurriera.
Con todo, la decisión que adoptó el Consejo es polémica y podría desembocar en una causa judicial con destino final en la Corte Suprema. Ocurre que pese a lo que el consejero Fera definió como una clara “intención del magistrado de sustraerse del proceso judicial”, Romano está alcanzado por el principio constitucional de presunción de inocencia.

Pese a que el último recuento de imputaciones elevó su procesamiento a 107 casos de violaciones a los Derechos Humanos, a que fue suspendido en sus funciones por el propio Consejo y que probablemente en noviembre próximo el jury de enjuiciamiento resolverá destituirlo, no hay todavía una sentencia condenatoria con fuerza de cosa juzgada.

La suspensión del pago de haberes, en ese caso, podría ser considerada una “pena anticipada”. Claro que para plantear semejante posibilidad ante la justicia, Romano debería abandonar su exilio temporal –que aspira a convertir en asilo político– en Chile, adonde viajó sin autorización judicial un día antes de ser suspendido en el cargo.

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