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17.09.2011

"El juez Otilio Romano no es un perseguido político"

El embajador en Chile negó que no haya roces diplomáticos entre Argentina y Chile por el caso del camarista federal suspendido en Mendoza, procesado por un centenar de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar. "Tiene que actuar la justicia", señaló.

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El embajador en Chile, Ginés González García, informó que no hay roces diplomáticos entre Argentina y Chile por el caso del camarista federal suspendido en Mendoza Otilio Romano, procesado por un centenar de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar. Desde el Poder Ejecutivo Nacional se consideró que tiene que "actuar la Justicia".

Sin embargo, a "título personal", González García calificó de "caradura" a Romano por denunciar en tierra chilena que era un "perseguido político".

"Esto se tramitará de justicia a justicia, hay procedimientos, leyes en cada país, códigos internacionales. En eso, nuestro gobierno no se mete. Aunque no tengo que decir que al pueblo argentino, no sólo a la presidenta, le interesa", acotó González García.

El diplomático reveló al diario chileno La Tercera que "la indicación de la presidenta es dejar que actúe la justicia, tanto en nuestro país como en Chile, y que de ninguna manera esto involucre a los gobiernos". El embajador añadió que "Argentina no va a pedir nada y dejará actuar a la justicia".

"Los gobiernos nunca hemos querido involucrarnos cuando hay temas que puedan meterse en una relación que es fundamental", recalcó González.

Romano se fugó a Chile el 24 de agosto, un día después de que el Consejo de la Magistratura le suspendió el pago de haberes por eludir la Justicia y lo envió a juicio político por mal desempeño de sus funciones.

El Gobierno de Sebastián Piñera le otorgó una visa por ocho meses y el juez pidió refugio. Ayer se conocieron declaraciones de Romano, quien aseguró que no sabe de "qué carajo" lo acusan y denunció que es "un perseguido político". El magistrado está involucrado de participar supuestamente en secuestros, torturas, homicidios y robo de bienes, entre 1975 y 1983, cuando fue fiscal federal y juez subrogante de Mendoza.

"Soy un perseguido político en mi país y no sé de qué carajo se me acusa", aseguró al diario chileno El Mercurio. Al respecto, el embajador González consideró: "A título personal. No conozco a ninguna persona en la cárcel que diga que no es inocente. Son 98 causas. Es un caradura".

 







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