Parece que si los intereses de un modelo integral de crecimiento y distribución no se rinden ante el embate de la Mesa de Enlace, a la Argentina le queda poco futuro. Así lo pintan desde hace un año los analistas y comunicadores de la derecha. Pero antes de la reunión, las partes y la sociedad toda deben tener en cuenta al menos dos cuestiones. Primero, ¿qué relación de fuerzas hay? Segundo, ¿qué proyecto de país hay tras el reclamo, en este contexto de crisis internacional?
Respecto de la primera pregunta, basta recordar los masivos actos del año pasado, en el Monumento a la Bandera en Rosario el 25 de Mayo primero y luego, el 14 de julio en el Monumento de los Españoles en Buenos Aires. Por entonces, el Gobierno resistió el embate pero pagó un alto precio por la presión mediática y la adhesión de sectores medios urbanos al reclamo por las retenciones.
La semana pasada, el nuevo presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, disparó munición gruesa; dijo sin vueltas que es hora de llevar sus propios representantes al Parlamento. La referencia es a la elite argentina que mira con melancolía el proyecto agroexportador, agotado precisamente en la crisis del ’30. Por entonces, fueron los mismos defensores de la dependencia del Reino Unido quienes promovieron un Estado intervencionista y regulador. Basta recordar a Raúl Prebisch, primer presidente del Banco Central y, con los años, defensor de la industrialización de Latinoamérica para salir de las economías primarias del continente.
La Mesa de Enlace ya está desanudada. Biolcati se muestra con el ultraderechista Vicente Massot mientras que Eduardo Buzzi está enlazado con Víctor De Gennaro y Pino Solanas. Pero, además de no compartir nada, ya no convocan. En Leones, el viernes, apenas juntaron 1.500 productores (según el mismo intendente de Leones, Francisco Francioni), el resto eran políticos de procedencia muy heterogénea. Estaban convocados dieciocho intendentes y fueron tres (con la salvedad de que Francioni consideró un fracaso el acto). Es decir, no tienen fuerza, reclaman privilegios y no tienen cómo imponerlos.
Vienen a colación las palabras de Víctor Trucco en el Coloquio de IDEA de noviembre del 2003, cuando Néstor Kirchner daba los primeros pasos de gobierno para impulsar un modelo productivo, de impulso al mercado interno y de inclusión social. Trucco, por entonces presidía Aapresid, la entidad que nuclea a los defensores de la llamada siembra directa y que defienden un modelo concentrado de economía que pretende que el progreso es sembrar semillas transgénicas en grandes extensiones de tierra y vender soja en el exterior con un dólar alto.
Trucco, un referente para los sojeros, aquella vez dijo que los cambios políticos y económicos “generan ganadores y perdedores” y advirtió que “si sólo se defiende a los que pierden se renuncia al progreso”. Sin pelos en la lengua continuó: “Si defendemos a los que pierden, se impide la innovación, los nuevos negocios”. Para entonces, los sojeros ya gozaban de una renta considerable. Dijo además que “las empresas a las que le va bien se callan, pero que el resto reclama”. Sentenció algo que fue una de las semillas (directas) que creció años después : “Como sólo se atienden los reclamos, no vamos a ningún lado”.
Ese razonamiento habría que tenerlo presente en estos días, en un país donde las paritarias tienen a millones de trabajadores expectantes de aumentos de salarios y en el cual, a pesar de los avances de estos años, en los suburbios de las grandes ciudades creció considerablemente el número de habitantes de las villas miserias, por mencionar algunos de los males del país. Y es preciso ser claro: los privilegios que puedan mantener los promotores del modelo sojero son recursos que no podrán destinarse a las mayorías populares. Entonces, aplicar políticas sectoriales para mantener la producción lechera, para que no disminuyan los rodeos, para evitar que caigan el trigo y el maíz, es lógico y necesario. Pero de ahí a ceder a quienes defienden un modelo concentrado y no pueden imponer su fuerza, parece ser algo diferente. Resulta además saludable que la AFIP haya puesto la mira sobre la evasión fiscal y la transgresión constante a las condiciones de trabajo casi feudal del sector.
 
EL CAMINO VERDE. En la Argentina, en 1994 se autorizó el cultivo de la soja transgénica. Diez años después, la superficie sembrada de soja era de 13 millones de hectáreas. En el 2003, cuando Trucco hablaba en IDEA, se produjeron alrededor de 37 millones de toneladas por un valor de casi u$s7.000 millones. De la producción de granos, la soja ocupaba más de la mitad del total, que fue de 70 millones de toneladas. Su precio subía y la hacía cada vez más atractiva, valía por entonces u$s400 la tonelada.
En el período 2006-2007 se sembraron 16 millones de hectáreas y la cosecha fue de 45 millones de toneladas. A fines de ese año, la cotización era 50% mayor que tres años atrás. Valía u$s600 la tonelada.
Antes de dejar el gobierno, Néstor Kirchner subía el porcentaje en las retenciones. En efecto: en el caso de la soja, pasaban al 35 por ciento. Si bien eso le permitía al Gobierno mejorar la recaudación en el 2008, los estudios del Ministerio de Economía indicaban que, aun aplicando esos aumentos, la rentabilidad de la soja –con esos precios internacionales– crecía el 24 por ciento.
En el 2008 se remarcan las grandes protestas y los discursos lacrimosos de los sojeros, diciendo que la rentabilidad se les iba al suelo. Mentira. La superficie sembrada creció (llegó a 17 millones de hectáreas, 4% más que el año anterior) y los silos aún tienen guardadas toneladas de soja a la espera de liquidarlas una vez que la presión sobre el Gobierno les permita tener retenciones más bajas.
Los sectores más concentrados del poder económico suelen tener un camino más expeditivo y silencioso: tratan de corromper a los gobernantes. La década de los ’90 fue una combinación de aplicación de recetas neoliberales y robo liso y llano por parte de quienes tenían el manejo del Estado. El resultado fue la gran desindustrialización, desocupación y redistribución negativa del ingreso.
El contexto ahora es distinto: la crisis financiera que vive el mundo –especialmente el llamado Primer Mundo– no tiene como centro el  hecho de que se plancharon los precios de los commodities, sino muy por el contrario, vuelve a estar en el centro de la escena la necesidad de que los Estados –y el sistema financiero mundial– pongan la mira en los que más pierden, ya sea sus casas o empleos, y evite lo que parece el riesgo más grave: una vuelta en la concentración de las riquezas.
Es decir, si la tonelada de soja volvió a sus valores anteriores, de u$s400, quizá haya quienes argumenten que hay elementos “técnicos” para retocar las retenciones. Pero eso sólo esconde el deseo del sector de mantener sus niveles de renta extraordinaria.
 
LA SEMILLA DE LA DISCORDIA. La patente de la soja transgénica, con agregados de genes que resisten al herbicida Round-Up, es propiedad del semillero multinacional Monsanto. No se la puede guardar de cosecha a cosecha. Hay que comprar las semillas para cada siembra.
Si Monsanto les sube los precios, como se quejan los productores, no parece que el conjunto de la sociedad argentina tenga que alimentar a una de las multinacionales más poderosas del planeta que, además, impulsa un monocultivo que intoxica pobladores y degrada el ambiente. El reciente alud en Tartagal puso sobre el tapete las autorizaciones de desmontes en Salta, especialmente durante la gobernación de Juan Carlos Romero.
El manejo feudal, para cambiar bosques por soja y sólo en beneficio de unas pocas empresas, no es lo que necesita la Argentina sino más bien todo lo contrario.